Iván Velásquez Gómez (Medellín, 12 de mayo de 1955) es un abogado, jurista, diplomático y defensor de los derechos humanos colombiano que se desempeña como embajador de Colombia ante la Santa Sede y la Orden de Malta desde mayo de 2025. Fue Ministro de Defensa Nacional de Colombia en el gobierno de Gustavo Petro.
De larga trayectoria jurídica, Velásquez fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia durante el escándalo de la Parapolítica desde 2006 hasta 2012, lo que causó una persecución en su contra por parte de funcionarios del gobierno Uribe, como lo determinó un tribunal de justicia en 2020.
En 2013 fue designado por la Organización de las Naciones Unidas para ser el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cargo que desempeñó hasta 2019.
Durante su gestión, la CICIG, en conjunto con el Ministerio Público guatemalteco, desmanteló redes de corrupción de alto nivel, incluyendo casos emblemáticos como el de “La Línea”, que en 2015 llevó a la renuncia y encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti. El 16 de enero de 2023, el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, incluido por EE. UU. en la lista Engel por corrupción, anunció investigaciones contra exfiscales y exintegrantes de la CICIG, y el 2 de junio de 2025, se emitieron órdenes de captura contra Velásquez y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, por su supuesta participación en estas investigaciones. Diversos observadores han señalado que estas acciones son parte de un patrón de criminalización contra operadores de justicia que lucharon contra la impunidad en Guatemala. La comunidad internacional ha reaccionado con firme respaldo a Iván Velásquez. La ONU y la Unión Europea apoyaron su trabajo desde su nombramiento en 2013, y en 2017, cuando el entonces presidente guatemalteco Jimmy Morales lo declaró persona non grata, la portavoz de la Alta Representante de la UE expresó que la medida “ponía en riesgo el estado de derecho”.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) calificó la expulsión como “nula de pleno derecho” y destacó que violaba el derecho internacional. La Asociación Americana de Juristas también ha denunciado desde 2023 intentos de socavar el orden constitucional en Guatemala. En 2022, el Departamento de Estado de los Estados Unidos sancionó a los fiscales Rafael Curruchiche y Consuelo Porras por obstruir la justicia. Las reacciones internacionales reflejaron un consenso amplio donde las acusaciones contra Velásquez carecen de credibilidad y son vistas como represalias por su lucha decidida contra la corrupción estructural en Guatemala. La ONU aclaró que Velásquez como los otros juristas internacionales que participaron en la CICIG gozan de inmunidad diplomática por lo que la orden de captura carece de respaldo jurídico y es considerada espuria.
Primeros años y estudios Iván Velásquez nació en Medellín, hijo de Alberto Velásquez y Mariela Gómez, siendo el menor de siete hijos. Su padre era joyero y sufrió un atraco por lo que tuvo dificultades para seguir sosteniendo a su familia y decidió dejar a algunos de sus hijos al cuidado de otros familiares. Por esta razón Iván Velásquez terminó estudiando algunos años en el Colegio San Francisco de Asís de Barranquilla. Más tarde regresó a Medellín donde estudió en el liceo Lucrecio Jaramillo Vélez, anexo de la Universidad de Antioquia. Allí conoció a quién sería su esposa María Victoria Gil.
Estudió derecho en la Universidad de Antioquia. Fue litigante y director del Colegio Antioqueño de Abogados, COLEGAS, desde donde adelantó campañas contra el entonces denominado Estatuto de defensa de la justicia que establecía los jueces sin rostro y los testigos secretos.
Trayectoria jurídica
Procurador Entre 1991 y 1994 ocupó el cargo de procurador departamental de Antioquia. Logró consolidar la Oficina Permanente de Derechos Humanos de la Procuraduría Departamental, que atendía las 24 horas las denuncias de graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el Valle de Aburrá, que incluían detenciones clandestinas o arbitrarias, desaparición forzada de jóvenes de comunas populares, allanamientos y registros indiscriminados y cerramientos de barrios enteros, entre otros. También impulsó el Comité Interinstitucional de Derechos Humanos (primero en el país) que contaba con la participación de todas las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que funcionaban en Medellín, junto con la policía nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Ejército, la Iglesia católica, la Fiscalía y el Ministerio Público.
Fiscal A partir de 1996 fue magistrado auxiliar en el Consejo de Estado, hasta que en 1997 fue escogido por el entonces fiscal Alfonso Gómez Méndez como Director Regional de Fiscalías en Medellín (1997-1999). Estando en este cargo, y en conjunto con un equipo de investigadores, emprendió una lucha frontal contra los grupos de autodefensas. La investigación permitió establecer cómo a través de 43 empresas de fachada en Antioquia y Córdoba y 495 cuentas bancarias, el paramilitarismo había movido más de $25 mil millones de pesos en pocos años. En febrero de 1998 fue asesinado su amigo y colega Jesús María Valle con quien compartía la preocupación por la vulneración de los derechos humanos que estaba ocurriendo en Antioquia. Valle había denunciado por años el sistema de las Convivir y la complicidad de los paramilitares con miembros del ejército, en las masacres de La Granja y El Aro, entre otros crímenes.
Caso de la Parapolítica
Vinculado a la Corte Suprema de Justicia como magistrado auxiliar desde el año 2000, a partir del 2006 y hasta el mes de agosto del 2012, Velásquez coordinó la Comisión de Apoyo Investigativo de la Sala Penal, encargada de investigar las relaciones entre miembros del Congreso de la República y el paramilitarismo, en el escándalo conocido como Parapolítica, que llevó a la Corte Suprema a ordenar la investigación, por crímenes de lesa humanidad, contra políticos elegidos gracias a la comisión de masacres, homicidios selectivos y desplazamientos masivos ejecutados por los grupos paramilitares. Las investigaciones adelantadas por la Comisión produjeron la condena de más de 60 congresistas. Una decena más se encuentran en instrucción o juicio y más de 130 están vinculados a investigaciones previas, develando, además, las estructuras criminales ligadas con los llamados "narcopolíticos".
Caso Tasmania El 8 de octubre de 2007, el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez presentó una información, que años más tarde se reconocería como falsa, sobre un supuesto complot del entonces magistrado investigador del caso de la parapolítica, Velásquez, con el paramilitar José Orlando Moncada Zapata, conocido con el alias de Tasmania. Según Uribe, la presidencia había recibido una carta firmada por Tasmania donde aseguraba que Velásquez había ofrecido beneficios al exparamilitar a cambio de que declarara contra Mario Uribe Escobar y contra el mismo presidente Uribe. Mario Uribe es primo y había sido aliado político del entonces presidente, en 2011 resultó condenado por sus probados vínculos con paramilitares.
Años después, alias Tasmania, se retractó de dichas declaraciones diciendo que todo había sido orquestado por su abogado, Sergio González Mejía, quien le presentó una carta redactada y le pidió que la firmara y pusiera su huella a cambio de un dinero, una casa para su familia y beneficios judiciales. Se supo que el abogado González Mejía había sido cercano a los Uribe Vélez y vecino de finca del hermano del presidente Santiago Uribe Vélez, quien también ha tenido investigaciones por conformación de grupos paramilitares. La justicia concluyó que todo se trató de un complot que buscaba desprestigiar la labor del magistrado investigador Velásquez, cuyo trabajo había sido esencial para lograr desenmascarar las relaciones de varios importantes políticos, aliados del gobierno Uribe, con grupos paramilitares.
Persecución en su contra Durante su paso como investigador del caso de la parapolítica, Velásquez fue víctima de interceptaciones y seguimientos ilegales por orden de altos funcionarios del gobierno Uribe.
En el año 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad y al Departamento Administrativo de la Presidencia del gobierno de Álvaro Uribe, por los seguimientos ilegales realizados en contra de Velásquez cuando este se desempeñaba como investigador del escándalo.
Consecuencias En noviembre de 2012 la International Bar Association, IBA, y la Asociación de Jueces Alemanes le entregó el premio mundial de Derechos Humanos a Velásquez como reconocimiento a su dedicación a la justicia, y su compromiso con los Derechos Humanos, y teniendo en cuenta su contribución a la lucha en contra de la impunidad en Colombia.
Jefe de la CICIG thumb|left|Velásquez durante su desempeño como Jefe de la CICIG Fue el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Caso La Línea
El Caso de «La Línea» es un caso de corrupción en las aduanas de Guatemala que está siendo investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2001. La investigación de la CICIG fue hecha pública el 16 de abril de 2015 e involucró a varios altos funcionarios del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina, incluyendo el secretario privado de la vicepresidencia, el capitán retirado Juan Carlos Monzón y directores de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala (SAT). Tras pasar una semana de que se hicieron los anuncios, la atención se centró en las figuras de Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti, al punto que se organizó una manifestación de protesta para exigir la renuncia al derecho de antejuicio del presidente y la renuncia al cargo a la vicepresidenta el 25 de abril de 2015 en la Plaza de la Constitución y se corrieron rumores de una posible paralización de la Ciudad de Guatemala el 27 de abril. Aun cuando a raíz de estas demostraciones populares el presidente solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas la extensión del mandato de la CICIG hasta septiembre de 2017, ni el Ministerio Público ni la CICIG han reportado nombres de ninguna de las empresas que habrían utilizado los servicios de «La Línea» para defraudar al fisco guatemalteco.
Por otro lado, aunque no haya organización política que haga estallar todo el malestar acumulado, las élites tradicionales del país, preocupadas por la situación actual y considerando que el polvorín social podría estallar, organizaron una lucha frontal contra la corrupción de los funcionarios públicos y obligaron a estos a extender la permanencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, logrando que el malestar de la población se dirigiera hacia el gobierno y en especial hacia la vicepresidenta, Roxana Baldetti Elías, quien fue obligada a renunciar el 8 de mayo de 2015. aunque muchos consideran que existe corrupción generalizada en el país desde hace décadas y que eso es lo que se debería afrontar.
Caso Redes
El Caso Redes es un caso de corrupción descubierto por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala el 9 de julio de 2015 y que involucró a las empresas energéticas Jaguar Energy y Zeta Gas y a exfuncionarios del gobierno del general retirado Otto Pérez Molina. Entre estos últimos están Gustavo Martínez -exsecretario de la presidencia y yerno de Otto Pérez Molina- y Edwin Rodas, -ex viceministro de Energía y Minas-; además, fue detenido César Augusto Medina Farfán, quien fungió como operador para beneficiar a la referida empresa y a Zeta Gas.
Expulsión thumb|Velásquez junto a la fiscal de Guatemala, Thelma Aldana en 2013