El financiamiento de la política en Guatemala es un informe presentado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala el 16 de julio de 2015, en el cual se detalla cómo el dinero que financia la política guatemalteca es ilícito pues al no registrar los orígenes del financiamiento y al aceptar recursos de fuentes oscuras, la mayoría de partidos estaría traspasando la frontera legal.

Antecedentes

Desde 1980, la democratización en América Latina hizo que ocurrieran cuatro fenómenos importantes: (a) las campañas electorales se basan cada vez más en los medios de comunicación, (b) la adhesión política y partidaria se basa en intercambio de bienes -o clientelismo, (c) la concentración de recursos ha aumentado y (d) el debate político se ha vaciado de contenido.

El dinero y la política

La corrupción ses ha convertido en un elemento central del financiamiento de la política, e implica acciones como:

Desvío de servicios: empleados que en lugar de sus funciones específicas se dedican a trabajos partidarios Creación de empleos inexistentes: conocidos coloquialmente como «plazas fantasmas» Compra de votos para elecciones abiertas de candidatos: grupos organizados que se alquilan para votar en más de un partido Cohecho anticipado: recepción de dinero por personas o empresas que esperan beneficios o privilegios ilícitos Cohecho: retornos por parte de contratistas en acción Defraudación a la administración pública Participación en tráficos y servicios ilícitos

El financiamiento privado de la política, sobre todo si es poco regulado y opaco, genera riesgos para el proceso político y la democracia: Utilización de financiamiento espurio o ilegal: principalmente proveniente del crimen organizado, que busca penetrar las instituciones políticas para comprar impunidad mediante el financiamiento de campañas. Compra de influencia y conflictos de interés: las aportaciones privadas, incluso aquella apegadas a la ley, podrían contribuir a la privatización de la toma de decisiones, privilegiando a los intereses privados antes que los públicos. Inequidades electorales graves: las diferencias en los recursos que los partidos movilizan en las campañas electorales crean inequidas en la competencia política y pueden producir significativas barreras de entrada al proceso electoral para ciertos grupos. Desarticulación de los partidos y del sistema de partidos Pérdida de credibilidad de la regulación del financiamiento político: las leyes débiles, sumadas a escándalos de corrupción, restan credibilidad no solamente a la regulación sino que al sistema de financiamiento político.

El sistema político guatemalteco y su financiamiento

La sociedad guatemalteca es una sociedad profundamente fraccionada por múltives razones que incluyen el étnico, las diferencias entre la región urbana y la región rural, las tensiones entre el área metropolitana y el resto del país, así como la persistencia de una comportamiento racista y excluyente de las élites. Estos ha hecho que las coaliciones y acuerdos entre los distintos grupos sean difíciles de logar, y que se incentive a la división contribuyendo a la fragmentación del sistema de partidos políticos.

Los partidos políticos no son los únicos actores dentro del sistema político: los grupos de poder económico, las organizaciones sociales, las iglesias y las propias entidades del Estado participan en la disputa y el ejercicio del poder. Asimismo, los recursos económicos desempeñan un papel importante en el funcionamiento del sistema, creando así una interrelación entre el sistema político y su financiamiento. Desde 1984 el sistema guatemalteco se ha caracterizado por la fluidez del sistema de partidos, la volatilidad electoral, la concentración de la oferta electoral en el centro y la derecha del espectro político, el peso de los poderes fácticos y la continuidad del statu quo económico y social.

Las élites empresariales guatemaltecas no han querido articular un proyecto o partido propio, ya que a través de distintos medios han logrado mantener un predominio que les permite, hasta cierto punto, bloquear aquellas deciiones que podrían afectarles e impulsar las que les benefician; e la influencia sobre el Congreso y el Ejecutivo es determinante el papel que desempeña el finacimaiento de la política y las campañas electorales ya que como parte de los acuerdos que posibilitan las donaciones de campaña, algunos grupos empresariales han logrado colocar como diputados a operadores directos de sus intereses.

Con esta situación han surgido «partidos franquicia», en el que un grupo de ciudadanos alrededor de un dirigente cumple los requisitos mínimos para inscribir a un partido, y en cada elección, se pone a disposición de personas interesadas a postularse a un cargo público. Ejemplo de estos partidos serían el Ciudadanos Activos en Formación Electoral (CAFÉ), Partido Libertador Progresista (PLP) y Movimiento Reformador (MR), entre otros. En Guatemala impera la racionalidad del voto de castigo, pues hasta la fecha ningún partido ha logrado ser reelecto; la fluidez de la oferta partidaria y la intención ciudadana de cambiar gobernantes son el origen de esta situación.

Redes político-económicas ilícitas (RPEI)

Las redes fueron surgiendo con el proceso de democratización pues además de ratificar la autonomía municipal, la Constitución Política de la República de 1985 estableció una asignación del 8% del presupuesto a las municipalidades, porcentaje que posteriormente fue aumentado al 10%. Además, hubo procesos de descentralización -para evitar que el gobierno central beneficiara al área metropolitana-, establecimiento de consejos de desarrollo comunitarios, municipales y departamentales que influyen en la obra pública, y creación de fondos sociales que orientaban la inversión pública. Como resultado, los diputados distritales se convirtieron en intermediarios entre el Ejecutivo, los gobiernos municipales y las estructuras estatales gubernamentales pudiendo de esta forma: (a) movilizar recursos para obras públicas, (b) influir en el nombramiento de los funcionarios públicos del departamento -principalmente maestros y empleados de servicio de salud-, (c) resolver demandas de los alcaldes de su distrito frente al gobierno central, y (d) en general, atender los problemas del departamento.

Desafortunadamente, esta forma de intermediación se fue convirtiendo en foco de corrupción pues surgieron comisiones de los constructores para conseguir obra pública, creación de empresas de construcción por los diputados o familiares de éstos -pese a prohibición legal- o bien, los empleos públicos se obtienen por nepotismo o el pago de parte del salario; además, la interacción con los alcaldes ha dado origen a la formación de las redes departamentales. Estas son redes que se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales -denominados en Guatemala como «señores feudales» o «caciques»- permiten articular la política local con la nacional y son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política que ha posibilitado la continuidad del sistema. En las redes confluyen individuos y grupos de personas que se organizan y cooperan, comunican y que poseen intereses comunes, pero lo nocivo de las mismas es que llevan a cabo prácticas políticas y transacciones económicas ilícitas tendientes a obtener: (a) poder indebido sobre el aparato del Estado y el mercado, (b) influencia indebida sobre la sociedad, y (c) bienestar indebido, producto de la disponibilidad de recursos acumulados como resultado de actividades lícitas e ilícitas.

Ejemplo de RPEI: Caso de Arnoldo Medrano

La estructura formada alrededor del alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, quien inició su carrera política como tesorero del municipio en 1980. Contra este alcalde se han presentado varias veces solicitudes de antejuicio, pero ningún caso en su contra ha prosperado. La estructura de Medrano opera en distintos niveles de escala y ámbito: (a) actúa en compras directas menores a noventa mil quetzales -límite legal para compras con cotizaciones simples- con empresas ligadas a su estructura que pertenecen a familiares suyos, cambiando de empresa en cada cotización subsecuente, (b) opera en licitaciones de obra pública a través de Guatecompras estableciendo términos de referencia y requisitos dirigidos a determinadas empresas de la estructura a las que se les avisa con antelación para que tengan su documentación lista y sean las únicas que puedan participar en la licitación, (c) influye en el congreso, desde donde se aprueban recursos adicionales para su municipio, pues uno de sus hijos fue elegido diputado y el grupo ha extendido su influencia a varios municpiios del Departamento de Guatemala.

Medrano tiene una red capaz de construir una base política sobre la intermediación adversa, que atiende las necesidades de la población, establece programas clientelares y, en general, construye redes de reciprocidad que posibilitan un contingen de votantes que le permite trasladarse de un partido a otro. Esto lo hace apetecible a los candidatos presidenciales, lo que explica que Medrano haya sido electo por diferentes partidos.

Ejemplo de RPEI: Caso de Baudilio Hichos

En el caso del diputado Baudilio Hichos, un grupo estructurado de personas con roles definidos, de forma concertada cometieron actos delictivos en la adjudicación de un motor diésel estacionario ubicado en el hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social de Mazatenango, la contratación del arrendamiento del Consultorio y Caja Departamental del IGSS en Chiquimula y los servicios de reacondicionamiento del área de dicho consultorio. En este último caso, la red reacondicionó el edificio antes de que se ofertara, ocultando las obras y sin cumplir con la ley de contratación del Estado de Guatemala; además impidió la participación legítima de otras empresas interesadas en ofertar en el evento.

La impunidad electoral

En Guatemala existe una débil regulación sancionatoria de los delitos electorales, tanto administrativa como penal, lo que ha resultado en altos niveles de impunidad electoral -entre el 95 y 100%-. Esto también se produce porque existe un problema de cultura de no denunciar los delitos electorales lo que se advierte por el bajo número de denuncias recibidas por el Ministerio Público (MP) en comparación con el padrón electoral. Al respecto, la CICIG sentencia en su informe: «Estos permite aseverar con contundencia que Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales y no sufrir ninguna consecuencia».

Gastos de la campañas electorales

El financiamiento privado -el cual es poco regulado- es la base del sistema político guatemalteco: reduce el derecho a ser electo a una pequeña élite que puede financiar su propia campaña o conseguir un buen financista. Pero aunque es un hecho conocido, casi ningún partido político guatemalteco reconoce la importancia de las donaciones privadas.

En los meses previos a la campaña electoral y durante la misma es cuando los gastos de los partidos aumentan considerablemente. La siguiente tabla muestra los principales rubros en los que se gasta durante la campaña:

Campaña de aireCampaña de tierraDescripciónLa campaña que se hace a través de los medios de comunicación masiva.La campaña de tierra es clave porque pone en contacto directo a los electores con los candidatos. Se trata de una campaña descentralizada que se deja en manos de los responsables locales -generalmente candidatos a puestos públicos locales-.En qué se gasta Consultoría política Asesores de imagen Coaching Oficina de prensa Investigación política Agencias de publicidad Producción de anuncios de radio, prensa y televisión Pago de anuncios en radio, prensa y televisión Diseño de vallas publicitarias Alquiler de vallas y espacios publicitarios Mapeo de las circunscripciones electorales Equipos territoriales de propaganda Entrega de folletos Entrega de obsequios