miniaturadeimagen|Las mujeres indígenas con varios hijos fueron el principal objetivo de los programas de esterilización que se llevaron a cabo durante los gobiernos de Alberto Fujimori, Valentín Paniagua y Alejandro Toledo. La esterilización forzosa en el Perú se refiere a las políticas de esterilizaciones masivas implementadas por el Estado peruano entre los años 1990 y 2006, principalmente durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) y, en menor medida, durante las presidencias de Valentín Paniagua (2000-2001) y Alejandro Toledo (2001-2006). Estas políticas, enmarcadas en el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, tuvieron como principal objetivo a las mujeres campesinas de los Andes peruanos, aunque también se aplicaron, en menor escala, a varones.
Aunque el programa se presentaba oficialmente como voluntario, numerosas mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento informado. En muchos casos se les ocultó la naturaleza irreversible del procedimiento o de la existencia de métodos anticonceptivos alternativos. Además, se les ofrecieron incentivos –como alimentos, dinero o atención médica gratuita– para obtener su aceptación. Organismos internacionales de derechos humanos y especialistas han condenado estas prácticas, calificándolas como crímenes de lesa humanidad y, en ciertos casos, como genocidio.
El número de esterilizaciones forzosas sigue siendo objeto de controversia. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas sostienen que la inmensa mayoría de las intervenciones –entre 200 000 y 314 605– se realizaron sin consentimiento. Sin embargo, informes oficiales y estudios posteriores consideran que las cifras de esterilizaciones no consentidas han sido exageradas. Según estas fuentes, la mayoría de las mujeres aceptaron voluntariamente la ligadura de trompas, y el número real de casos de esterilizaciones efectuadas de manera forzada oscilaría entre 2000 y 8000, de acuerdo con denuncias formales y el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas en el Perú (REVIESFO).
Aplicación de políticas de esterilización miniaturadeimagen|Protesta feminista aludiendo a las esterilizaciones forzadas durante la Marcha NiUnaMenos en el Perú (2016).
En 1991, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, el Consejo Nacional de Población elaboró un nuevo Programa Nacional de Población. El 9 de septiembre de 1995, Fujimori presentó un proyecto de ley que modificaba la Ley general de población, denominado «Plan de salud pública», con el fin de autorizar la esterilización de mujeres en situación de pobreza que contaran con varios hijos. También se legalizaron otros métodos de contracepción. Todas estas medidas fueron fuertemente criticadas por la Iglesia católica. El plan fue financiado principalmente por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) con 85 millones de dólares entre 1994 y 1998, y con una cantidad mucho menor por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). En febrero de 1996, la propia OMS felicitó a Fujimori por su plan de control demográfico.
Según las investigaciones de la subcomisión del Congreso de Perú, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) y la Fundación Nippon apoyaron los esfuerzos de esterilización del gobierno de Fujimori. Debido a que el apoyo financiero de los donantes extranjeros ejerció presión económica y política sobre Fujimori para que cumpliera las normas internacionales, el plan para disminuir el crecimiento demográfico se centró más en las cuotas que en los derechos individuales y las cuestiones de salud. En documentos facilitados por la Ley de libertad de información, los investigadores citaron a Elizabeth Liagin, quien informó de que, de 1993 a 1998, «los propios archivos internos de USAID revelan que en 1993 Estados Unidos básicamente se hizo cargo del sistema nacional de salud de Perú» durante el periodo de las esterilizaciones masivas, concluyendo Elizabeth que era «prácticamente inconcebible que los abusos en la esterilización pudieran haberse producido de la forma sistemática que se ha documentado sin el conocimiento de los administradores locales de USAID y sus homólogos en Washington». Sin embargo, una investigación del Congreso estadounidense dirigida por miembros que se oponían profundamente a la esterilización, no encontró pruebas de que USAID estuviera financiando esterilizaciones forzosas.
Antes del programa, se realizaban menos de 15 000 esterilizaciones al año y las mujeres sólo podían someterse a la operación «si tenían un riesgo para la salud, cuatro o más hijos, o superaban cierta edad». Sin embargo, a partir de 1995, cuando se empezaron a realizar esterilizaciones, no se exigían condiciones previas para las esterilizaciones, salvo que las mujeres debían ser consideradas parte de la comunidad pobre y marginada de Perú. Asimismo, el número de esterilizaciones anuales aumentó tras la puesta en marcha del programa de 15 000 a 67 000 en 1996 y 115 000 en 1997. La mayoría del personal contratado para realizar las esterilizaciones no estaba debidamente capacitado, gran parte de los equipos utilizados eran obsoletos o de baja calidad y los servicios de consejería brindados a las pacientes también estaban respaldados por personal poco capacitado, ya que muchas mujeres no recibían «información de calidad antes de los procedimientos».
De acuerdo con la Comisión especial sobre actividades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), muchas mujeres que se sometieron a la esterilización sufrieron coacción, incluidas amenazas, violencia psicológica, intimidación y engaño. A algunas incluso les ofrecieron dinero o comida para que aceptaran la intervención, especialmente durante las campañas de esterilización.
Los empleados de la sanidad pública peruana se vieron presionados para esterilizar a las mujeres debido a su precaria seguridad laboral. Empleados con contratos a corto plazo vinculados al rendimiento, corrían el riesgo de perder su trabajo si no alcanzaban las cuotas de esterilización. Esta inseguridad, unida a los incentivos económicos por alcanzar las cuotas, creó un clima en el que los trabajadores sanitarios se sentían presionados por las autoridades para realizar más esterilizaciones de las que podrían ser médicamente necesarias.
Las campañas de esterilización afectaron de forma desproporcionada a las mujeres pobres y con menor nivel educativo de la sierra peruana, que tenían un acceso limitado a otras opciones de control de la natalidad. Estas mujeres eran más vulnerables a ser engañadas por los trabajadores sanitarios que trataban de cumplir las cuotas de esterilización para obtener incentivos económicos.
Número real de esterilizaciones forzosas El número de ligaduras de trompas realizadas sin el pleno consentimiento de las pacientes varía según las fuentes, para diversas instituciones defensoras de los derechos humanos como el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP), la totalidad de las intervenciones –que ascenderían a 314 605 mujeres– fueron forzosas, mientras que para organizaciones no gubernamentales feministas como DEMUS, fueron más de 200 000 esterilizaciones no consentidas. Por su parte, entidades como el Lugar de la Memoria refieren que más de siete mil mujeres, en su mayoría campesinas, indígenas y en condiciones de vulnerabilidad económica, fueron sometidas a procedimientos de esterilización forzada. El medio digital Salud con lupa concluyó que «aún se desconoce el número exacto de operaciones sin consentimiento legítimo» pero destacó que en el Registro oficial de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO) del Ministerio de Justicia existen más de 8000 denuncias.
En septiembre de 2001, el ministro de salud Luis Solari instituye una comisión especial sobre las actividades de Anticoncepción Voluntaria Quirúrgica (AVQ), mientras que otra comisión parlamentaria se encargó de inquirir sobre las irregularidades del programa. En julio de 2002, el entonces ministro de salud Fernando Carbone presentó un informe al Congreso, calculando que entre los años 1993 y 2000, 294 000 mujeres fueron esterilizadas, mientras que a más de 18 000 hombres se les hizo la vasectomía. El plan, que tenía como objetivo disminuir el número de nacimientos en los sectores más pobres de la sociedad peruana, apuntando esencialmente a los indígenas de las zonas más alejadas.Más de 270 000 mujeres y 22 000 hombres, la mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas quechua y de familias con pocos recursos económicos, fueron esterilizados entre 1996 y 2001, de acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Salud de Perú.
En 2002, la subcomisión investigadora de personas e instituciones involucradas en las acciones de Anticoncepcion Quirúrgica Voluntaria (AQV) emitió un informe, en donde concluyó que en el transcurso de diez años el Programa Nacional de Planificación Familiar esterilizó a 314 605 mujeres y 24 563 varones. Asimismo, un informe efectuado por la organización feminista Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (más conocida como Demus) al fiscal de la nación Luis Landa en el año 2017, refirió que el personal encargado de realizar las AQV brindó involuntariamente información insuficiente sobre el proceso de la ligadura de trompas a unas 211 000 mujeres, y de este grupo, entre 25 000 y 26 000 mujeres no se les explicó con claridad acerca de la irreversibilidad de la intervención quirúrgica. Una investigación de derechos humanos llevada a cabo por la abogada y activista Giulia Tamayo, en colaboración con el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), mostró que se habían fijado cuotas de esterilizaciones para los médicos. Incluso se habrían organizado «festivales de ligaduras de trompas» en las zonas rurales y los pueblos jóvenes.
En 2014, la profesora en derecho internacional de los derechos humanos por la Universidad de Milano-Bicocca (Italia), Gabriella Citroni, refirió en su artículo Esterilizaciones forzadas en el Perú: La lucha para la justicia y contra el silencio que forma parte de las Memorias del caso peruano de esterilización forzada, la siguiente afirmación sobre el tema en cuestión:
En 2015, la Defensoría del Pueblo señaló que para poder definir las reparaciones civiles a las víctimas de esterilización forzada se debía contar con un registro oficial que permita conocer su número real. Precisamente, ante diversas informaciones que exageraron las cifras, publicadas por diversos medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, la Defensoría hizo la siguiente aclaración en su informe anual al Congreso:
En noviembre de 2015, el Ministerio Público determinó que entre 1996 y 2001, un total de 2091 mujeres sufrieron esterilizaciones forzosas. cifra que representaría menos del 1% de las 272 028 esterilizaciones que se hicieron en total, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.
En 2017, la abogada María Cecilia Villegas publicó el libro «La verdad de una mentira: el caso de las trescientas mil esterilizaciones forzadas», en donde se destacó que únicamente se registraron 773 denuncias en contra del programa de salud reproductiva ante la Defensoría del Pueblo, y solo 61 fueron sobre esterilizaciones sin consentimiento. De acuerdo con Villegas, de 1996 a 2000 se realizó un total de 254 455 AQV (Anticoncepciones Quirúrgicas Voluntarias), pero el ministro Fernando Carbone inició el bulo sosteniendo en su informe que todas esas intervenciones fueron forzadas. Asimismo, el libro destaca que durante el gobierno de Alejandro Toledo hubo también otras 26 esterilizaciones no consentidas.
La profesora de Políticas Públicas de la Universidad de Minnesota, Christina Ewig, ha sido bastante crítica con el tratamiento del tema por parte de Villegas —pero admitiendo lo que ella dijo— hizo la siguiente afirmación: