El segundo gobierno de Tabaré Vázquez comenzó a partir de su asunción como presidente de la República Oriental del Uruguay el 1 de marzo de 2015, luego de haber ganado en la segunda vuelta de las elecciones nacionales de 2014 a fines de noviembre, confirmándose así el tercer período de gobierno del Frente Amplio en el poder. Se caracterizó por seguir la continuidad de las políticas implementadas por este partido desde su llegada al poder. Entre las políticas destacadas están el Sistema Nacional de Cuidados, el Plan Ibirapitá para el acceso a la tecnología de los adultos mayores, la Ley Integral para Personas Trans y la autorización de la construcción de la planta de celulosa UPM 2.
Elecciones nacionales de 2014
En las elecciones primarias, en las que el Frente Amplio obtuvo el 47,81% de los votos frente al 30,88% del Partido Nacional y el 12,89% del Partido Colorado entre otros, que requirió realizar la segunda vuelta para determinar la fórmula presidencial ganadora, el Frente Amplio obtuvo en la Cámara de Senadores 15 de las bancas del Senado, consiguiendo la mayoría absoluta en esta Cámara con la banca del vicepresidente elegido en noviembre. En la Cámara de Representantes el Frente Amplio obtuvo la mayoría absoluta, llegando a 50 de los 99 miembros.
En la segunda vuelta de las elecciones generales de 2014, ganó el balotaje la fórmula frenteamplista Tabaré Vázquez-Raúl Sendic con un 53,48% de los votos emitidos, contra el 41,17% de los votos emitidos a favor de la fórmula blanca Luis Lacalle Pou-Jorge Larrañaga. Así, dio comienzo al tercer gobierno frenteamplista en la historia electoral del país.
Gabinete
miniaturadeimagen|Tabaré Vázquez y Lucia Topolansky durante una sesión del Consejo de Ministros abierto en el departamento de Rocha.
Tabaré Vázquez anunció el 2 de diciembre de 2014 su equipo de gobierno para el próximo período: Miguel Toma como secretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo como prosecretario de Presidencia, Álvaro García como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con Martín Dibarboure como su subsecretario, Eduardo Bonomi como ministro del Interior y Jorge Vázquez como subsecretario de ese ministerio, Danilo Astori como ministro de Economía y Finanzas y Pablo Ferrari como subsecretario del ministerio, María Julia Muñoz como ministra de Educación y Cultura y Fernando Filgueira como subsecretario de la cartera, Jorge Basso como ministro de Salud Pública y Cristina Lustemberg como subsecretaria, Rodolfo Nin Novoa como ministro de Relaciones Exteriores y José Luis Cancela como subsecretario de la cancillería, Víctor Rossi como ministro de Transporte y Obras Públicas junto con Jorge Setelich como subsecretario de este ministerio, Carolina Cosse como ministra de Industria, Energía y Minería con Guillermo Moncechi como subsecretario, Tabaré Aguerre como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca junto con Enzo Benech como subsecretario del ministerio, Ernesto Murro como ministro de Trabajo y Seguridad Social y a Julio Baraibar como su subsecretario, Eneida De León al frente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y Jorge Rucks como el subsecretario de la cartera, como ministra de Desarrollo Social fue nominada Marina Arismendi y Ana Olivera como subsecretaria de este Ministerio, Liliam Kechichian como ministra de Turismo y Benjamin Liberoff como subsecretario de Turismo, y Eleuterio Fernández Huidobro como ministro de Defensa Nacional y Jorge Menéndez como subsecretario de Defensa.
El primer cambio en el gabinete se dio con el fallecimiento del ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro. Fue reemplazado por su subsecretario Jorge Menéndez, que asumió el cargo de ministro el 12 de agosto de 2016.
Partido político Frente AmplioCargoTitularPresidente 141x141pxVicepresidente 142x142px Ministros Defensa Desarrollo Social Economía y Finanzas Educación y Cultura Ganadería, Agricultura y Pesca Industria, Energía y Minería Interior Relaciones Exteriores Salud Pública Trabajo y Seguridad Social Transporte y Obras Públicas Turismo Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Secretarías de Gobierno Secretaría de presidencia Prosecretaría de presidencia Oficina de Planeamiento y Presupuesto Secretaria Nacional de Deporte Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología
Política nacional
Administración pública Creación de la Fiscalía General de la Nación como servicio descentralizado
A partir de 2015 la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación deja de ser una unidad ejecutora del Ministerio de Educación y Cultura y pasa a ser un servicio descentralizado, independiente del Poder Ejecutivo, con la denominación Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía General de la Nación cumple las funciones de Ministerio Público y Fiscal para velar por los intereses generales de la sociedad, para lo cual comparece ante los tribunales, como órgano autónomo y sin ser parte integrante de los mismos, en distintas calidades: como parte, como representante del Estado, como actor, como demandado o como tercero interesado. La Fiscalía está dirigida por el director general, fiscal de Corte y procurador general de la Nación, con una duración de diez años y designado por el Poder Ejecutivo previa venia de tres quintos del total de componentes de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente.
Aprobación de un nuevo Estatuto del Funcionario del Servicio Exterior En diciembre de 2019 se promulgó la ley N° 19841 que reemplazó al anterior dictado durante la dictadura cívico militar de 1973-1985, suponiendo un paso más en la moderniazación del servicio exterior de la Administración pública uruguaya. Esta ley actualizó el cuerpo normativo teniendo en cuenta todos los cambios en la relación funcional y la realidad de las relaciones internacionales, además de unificar en una única norma la dispersión normativa generada con el paso de los años. Una de las reformas que trajo consigo el nuevo Estatuto fue bajar la edad de retiro de los embajadores a los 70 años.
Industria, energía y minería Búsqueda de petróleo, sin éxito Durante el 2016 el gobierno pactó con la empresa petrolera francesa Total para iniciar perforaciones en la plataforma marítima uruguaya, a unos 6400 metros de profundidad, con el objetivo de encontrar petróleo. Durante esta búsqueda el presidente Vázquez se reunió con los expresidentes desde el retorno de la democracia para plantear, en caso de hallarse petróleo comercialmente explotable, una política de Estado para la gestión de los ingresos obtenidos por el combustible, citándose como ejemplo a Noruega. Sin embargo, el resultado del informe de la petrolera francesa fueron negativos, no pudiéndose probar la existencia de petróleo en la exploración en uno de los bloques de la plataforma marítima. Esto hizo caer el clima de optimismo del oficialismo y levantó algunas críticas de la oposición que calificaron de apresurado e imprudente el aviso.
En octubre de 2017, en otra exploración, esta vez en tierra, en Cerro Padilla, Paysandú, a 845 metros de profundidad por la empresa Schuepbach Energy (subsidiaria de Petrel Energy), se halló presencia de hidrocarburos, aunque había que analizar si la presencia es comercialmente rentable. En noviembre de 2017 la empresa informó que la cantidad es insignificante y que no valía la pena su explotación comercial. En ese mismo mes la empresa comenzó a buscar en Cerro de Chaga, Salto, pero la empresa suspendió la búsqueda de petróleo para buscar socios que sigan financiando la búsqueda. En abril de 2018 la empresa anunció que no tenía fondos para seguir con la exploración.
UPM 2
A mediados de julio de 2019 el gobierno y los representantes de la empresa multinacional finlandesa UPM confirmaron la inversión para la construcción de su segunda planta de celulosa en Uruguay, en una inversión que ascendería a unos 2700 millones de dólares estadounidenses más 350 millones de esta moneda en la adecuación del Puerto de Montevideo y construcción de locales en Paso de los Toros. El plan previsto para la puesta en marcha de la planta era para inicios de 2022. La inversión crearía hasta 6000 puestos de trabajo durante su etapa de construcción, mientras que luego se gemerarían 10000 puestos laborales, 4000 dependientes directamente de la empresa y contratistas y el resto de la cadena de trabajo de 600 empresas. Esta inversión supondría un crecimiento del PBI de un 2% y traería un crecimiento económico en Durazno, Florida, Cerro Largo y Tacuarembó entre 10 y 15% del PBI de estos departamentos.
Esta inversión fue recibida con satisfacción en el oficialista Frente Amplio, mientras que en algunos sectores de la oposición, como Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti de los partidos Nacional y Colorado, apoyaron el proyecto pero no la forma y los términos de la negociación. Sin embargo, algunos sectores políticos, como en Unidad Popular y parte de Cabildo Abierto manifestaron su rechazo tanto a la negociación a puertas cerradas como a los términos del contrato de inversión, señalando los problemas ambientales que podría generar la construcción y puesta en funcionamiento de la planta o que el gobierno hizo demasiadas concesiones en la negociación.
Medio ambiente En diciembre de 2018 se creó con la Ley de Agroecología un Plan Nacional de Agroecología, en donde se declaró de interés general la promoción de sistemas de producción, distribución y consumo de productos agroecológicos, en donde se aplica una visión ecológica al diseño, desarrollo y gestión de ecosistemas agrícolas sostenibles. Involucra, entre otros, a los productores agropecuarios familiares y otros sistemas de producción agrícola urbana y suburbana. Impulsa un sistema nacional de certificación de productos orgánicos para certificar que la calidad de estos productos cumpla con los estándares de producción sostenible y respete el medio ambiente, sin utilizar productos químicos. El marco institucional de este sistema está en la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología, dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Salud Derecho a la asistencia médica de urgencia y emergencia en cualquier prestador de salud del país A través de la ley de rendición de cuentas de 2017 (artículos 145 a 149) se constituyó y reconoció el derecho a la asistencia en situaciones de urgencia y emergencia en el país a todos los habitantes residentes del mismo, a brindarse por todos los prestadores de salud del país, garantizando la atención fuera de su lugar de residencia. Esto implica que cuando un usuario del sistema de salud necesite atención y su prestador no tiene un servicio en la localidad en la que está el usuario ni tampoco convenio con una institución local, este podrá atenderse en cualquier otro prestador. El usuario posteriormente abonará el costo del servicio a su prestador de origen según las tasas establecidas por la reglamentación. Luego la institución de origen debe compensar los aranceles correspondientes a la institución que le brindó la atención de emergencia al usuario.
Sistema Nacional de Cuidados A partir de la aprobación de la Ley de Cuidados (N° 19353 del 27 de noviembre de 2015), se reconoció el derecho de todas las personas en situación de dependencia a ser cuidadas con calidad, además de promover un cambio cultural para que los cuidados sean compartidos de forma igualitaria por ambos sexos. Este sistema implica la atención a las necesidades de personas en situación de dependencia, como los adultos mayores, personas con discapacidad dependientes, menores de edad —especialmente los menores de 3 años—, incluyendo como sujetos de derecho también a los cuidadores.
Políticas sociales Plan Ibirapitá En el año 2015 se creó el Plan Ibirapitá, por el cual se entregó tabletas a aproximadamente 400 mil jubilados que tenían jubilaciones bajas de hasta $24.400 mensuales, buscando eliminar la denominada «brecha gris» o «brecha digital» en este sector de la población.