Ricardo Rodolfo Gil Lavedra (Buenos Aires, 24 de julio de 1949) es un abogado, juez y político argentino. Fue designado por la última dictadura cívico-militar argentina (1976–1983) como secretario de la Procuración General de la Nación en 1976;Ni Por Milagro, por Horacio Verbitsky 3-7-2022, El Cohete a La Luna luego integró el tribunal que en 1985 realizó el juicio a las Juntas. Durante el gobierno de Fernando de la Rua fue designado ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 1999 y 2000, y fue el presidente del Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación. Según el periodista Horacio Verbitsky trabajó como abogado defensor de la empresa Vicentin contra el Estado argentino, en el año 2020. En mayo de 2022, tras triunfar en las elecciones realizadas al efecto, asumió como presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. En 2026 fue reconocido con una Mención Especial de los Premios Konex en Humanidades por su trayectoria.
Biografía
Ricardo Gil Lavedra nació en la ciudad de Buenos Aires el 24 de julio de 1949 en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Su padre fue Ricardo Gil, oficial de Aeronáutica, teniente primero de la Fuerza Área.
En 1962 ingresó al Liceo Militar General San Martín, de donde egresaría en el año 1966 y se graduó de abogado en 1972. Con menos de 30 años fue designado por el dictador Jorge Rafael Videla como procurador general en la Corte Suprema de Justicia de la Nación; entre 1976 y 1978; donde juró lealtad ante los estatutos del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) y a sus comandantes. . https://www.ambito.com/amp/689058-gil-lavedra-fue-un-participe-necesario-de-las-atrocidads-de-videla Tras la salida de Videla del poder paso al ámbito privado donde fue Subgerente de Asuntos Legales del grupo Pérez Companc. Gil Lavedra está divorciado y es padre de cuatro hijos.
En 1976 fue designado por Jorge Rafael Videla como procurador general en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ocupó ese cargo hasta 1978. en 1976 fue designado secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cargo que sostuvo hasta 1978. Entre 1979 y 1983 desarrolló su actividad en el ámbito privado como Subgerente de Asuntos Legales del grupo Pérez Companc. Integró el tribunal que juzgó a las Juntas Militares. En 1988 fue designado por el entonces presidente Raúl Alfonsín como Secretario del Interior, cargo que ejerció hasta 1989. En junio del año 2000 fue denunciado penalmente junto el Director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Mariano Maciel, por presuntas irregularidades en el trámite de detención y extradición de militares argentinos reclamados por el juez español Baltazar Garzón, por presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previsto y reprimido por el artículo 248 del Código Penal Argentino.http://www.diariojudicial.com/nota/1394http://www.lanacion.com.ar/41609-denuncian-persecucion-politica-en-la-cancilleria En junio del año 2000 fue denunciado penalmente junto el Director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería Mariano Maciel, por presuntas irregularidades en el.
En 1992 tomó relevancia en los medios, ya que fue defensor de Diego Armando Maradona, en la causa por tenencia de drogas, donde se obtuvo el permiso que permitió al futbolista reanudar su carrera, luego de su salida del Napoli, y poder volver a jugar en el Sevilla. Maradona había solicitado autorización a la jueza Amelia Berraz de Vidal, la supervisora de su proceso de recuperación tras su adicción a las drogas para poder viajar a Europa. La causa contra Maradona por consumo de cocaína comenzó en 1991 en medio de un resonante escándalo.
En 1999 fue designado por el presidente Fernando De la Rúa como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que desempeñó hasta octubre de 2000. En 1999 fue designado por el presidente Fernando De la Rúa como Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cargo que desempeñó hasta octubre de 2000. En dicho cargo afrontó una causa judicial cuando fue denunciado por el exfiscal Luis Moreno Ocampo ante la Oficina Anticorrupción, involucrando también al titular de la SIDE, Fernando de Santibañes, por "tráfico de influencias" en beneficio de directivos del Banco Galicia en una causa judicial. Según el fiscal Ocampo, el gobierno de De la Rúa, envió a un "emisario" en nombre de Gil Lavedra que "operara" en la causa a favor de Eduardo Escasany, presidente del Galicia. fue
En las elecciones de 2007 fue candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires representando a la UCR, luego de elecciones internas del partido en las que obtuvo la mayoría de votos frente a Rodolfo Terragno. Su candidatura se integraba a la boleta de UNA (Una Nación Avanzada), que no alcanzó los votos necesarios para obtener bancas. Para las elecciones legislativas de 2009 fue candidato a diputado nacional por la misma ciudad, junto a Alfonso Prat Gay y Elisa Carrió representando al Acuerdo Cívico y Social, obteniendo un escaño.
En 2013 Gil Lavedra encabezó el listado de precandidatos a Diputados Nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por UNEN, pero no superó el mínimo necesario de votos que le hubieran permitido participar en las elecciones generales. En 2016 Ricardo Gil Lavedra en declaraciones periodísticas se pronunció por dar por concluidos los juicios y causas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado.
El rol de Gil Lavedra como abogado defensor del exjuez Lona, cuyas imputaciones amplió la Fiscalía salteña dos días antes de las declaraciones del ex camarista.
En abril de 2015 se anuncia que Ricardo Gil Lavedra se hará cargo de la defensa del exjuez Ricardo Lona, bajo cuya custodia y jurisdicción fueron asesinados once presos políticos en la masacre de Palomitas en 1976 y el gobernador de Salta, Dr Ragone, en 1973. El exjuez se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria y ha sido acusado como principal responsable y encubridor, desde su cargo en la judicatura, de las matanzas que tuvieron lugar en la provincia de Salta durante la dictadura militar. Las asociaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas han manifestado su profundo malestar ante la decisión de Gil Lavedra de asumir una tarea de defensa del magistrado salteño. Ricardo Lona, esta acusado de encubrimiento en el secuestro y desaparición del exgobernador peronista provincial Miguel Ragone y otras víctimas de la represión.https://portaldenoticias.com.ar/2018/05/21/40449/ Ese año, logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunciara a su favor en un caso que involucra el derecho de acceder a la información
Al año siguiente, junto al estudio jurídico de Carlos Rosenkrantz, patrocinó a la provincia de Santa Fe en un juicio contra la Nación por la detracción ilegal del 15 % en favor de la ANSES. El 24 de noviembre de 2015 se obtuvo una sentencia favorable de la Corte Suprema de Justicia, que obligó a replantear todo el sistema de distribución de fondos a las provincias. El Estado nacional devolvió a las provincias ese porcentaje.
En 2016 fue nombrado coordinador del programa Justicia 2020, una iniciativa creada con el objetivo de mejorar las prácticas judiciales. El programa fue elaborado por el exministro de Justicia Germán Garavano, quien fue director académico de FORES (Foro de Estudios para la Administración de Justicia). De acuerdo con La Izquierda Diario, esta organización es el think thank jurídico de grandes multinacionales y dentro de sus auspiciantes se encuentran la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, los bancos Galicia y Santander Río, Telefónica y la empresa Ledesma, propiedad de Carlos Pedro Blaquier. De acuerdo a Horacio Verbitsky la organización fue fundada por Jaime Lamont Smart, quien fue funcionario durante la dictadura y el único civil condenado por su participación en el “Circuito Camps”.
El 6 de noviembre de 2018 quedó oficializado como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el Decreto 1022/2018 del Poder Ejecutivo Nacional (P.E.N.). ) intervino ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “Casas” y “Weretilneck”, donde la Corte Suprema ratificó la prohibición constitucional de un tercer mandato consecutivo.
Activista Pro-Aborto Gil Lavedra tuvo un papel importante en la defensa de la legalización del aborto. Se mostró públicamente en favor de que el cuerpo de la mujer deje de ser utilizado como instrumento para una finalidad y defendió su autonomía, la posibilidad de que la mujer pueda establecer su propio plan de vida: decidir ser madre o no. El 31 de mayo de 2019 asistió a la decimoquinta jornada de debate por la legalización del aborto en Argentina en el 15.º plenario de comisiones del Congreso de la Nación, donde se lo invitó a manifestar su posición en favor de la legalización del aborto. Gil Lavedra sostuvo que: “la democracia se legitima con la discusión de los asuntos públicos”, “nadie está en desacuerdo con que el aborto es una circunstancia no deseable” y que “lo que estamos discutiendo es si se mantiene la criminalización de la mujer”. En la misma forma, fue invitado a la comisión compuesta en el Senado sobre el mismo proyecto.
Críticas y controversias
En noviembre de 1999 el juez español Baltazar Garzón pidió la detención preliminar para solicitar la extradición de 98 represores argentinos. El entonces Ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra sostuvo que el juez español debía pedir la extradición y que Argentina se sujetaría al tratado en la materia. A raíz de ello, en junio del año 2000 fue denunciado penalmente junto al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Adalberto Rodríguez Giavarini y otro alto funcionario de la Cancillería, por presuntas irregularidades en el trámite de detención y extradición de militares argentinos reclamados por el juez español Baltazar Garzón. La denuncia presentada en conjunto por tres organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, impulsaba la investigación sobre la presunta comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Poco después fue denunciado por supuestos beneficios a directivos del Banco Galicia en una causa judicial, junto a Diana Conti y Fernando de Santibañes por el exfiscal Moreno Ocampo, quien defendía los intereses de Marisa Escasany, una accionista minoritaria del banco, sin embargo, esa denuncia fue desestimada por ser considerada falsa.
En abril de 2015 se anunció que Ricardo Gil Lavedra se haría cargo de la defensa del exjuez Ricardo Lona, bajo cuya custodia y jurisdicción, en 1976 fueron asesinados once presos políticos en la masacre de Palomitas y el gobernador de Salta, Miguel Ragone.Las asociaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas expresaron su repudio ante la decisión de Gil Lavedra de asumir la defensa del magistrado salteño. Un sector del radicalismo lo cuestionó por esta decisión, considerada como contraria a la tradición de la UCR en la defensa de los derechos de los ciudadanos. En declaraciones periodísticas, Gil Lavedra dijo que aceptó defender a Lona porque lo creía inocente, de lo contrario no hubiera aceptado.
En 2016, en declaraciones periodísticas, Gil Lavedra se manifestó a favor terminar con los juicios y causas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado, "hay que terminar estos procesos, no pueden seguir eternamente" En 2007 Gil Lavedra junto a Andrés D'Alessio redactaron un proyecto para acelerar los juicios de lesa humanidad que el bloque de senadores de la UCR presentó para su tratamiento. Ya se había manifestado a favor de acelerar los procedimientos: “Creo que es necesario establecer normas serias, respetables, que las discutamos para poder terminar los juicios" sostuvo.