La anticoncepción de emergencia en España hace referencia a los métodos anticonceptivos utilizados en España que impiden que un óvulo fecundado se implante en el útero. Éstos incluyen la píldora del día después y el levonorgestrel. La situación en España es única debido a su historia del acceso a la anticoncepción en general, el cronograma legislativo que legalizó la anticoncepción de emergencia y bajo qué condiciones podrían dispensarse, el impacto de la objeción de conciencia por parte de médicos y farmacéuticos, los casos en el poder judicial español relacionados con la objeción de conciencia, el costo relativamente alto en comparación con otros países de Europa y Norteamérica, la vinculación de la anticoncepción de emergencia con los esfuerzos para reducir los abortos por parte de los partidos políticos tanto de izquierda como de derecha, el impacto de la pandemia de COVID-19 en la distribución de anticonceptivos de emergencia, y las estadísticas de uso.
El artículo 149.1.16 de la Constitución Española otorga al Gobierno nacional el derecho exclusivo de regular los productos farmacéuticos en España. La Ley 29/2006 otorga a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMP) el derecho de modificar las condiciones relativas a la prescripción y dispensación por motivos relacionados con la salud pública o la defensa de la salud. La distribución de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAU) fue autorizada por el gobierno encabezado por el Partido Popular de José María Aznar el 23 de marzo de 2001 y su distribución comenzó en mayo de 2001. Las políticas relativas al uso de la anticoncepción de emergencia en la atención sanitaria pública se dejaron en manos de los gobiernos regionales, lo que dio lugar a diferentes políticas y niveles de acceso en todo el país.Estas diferencias eran claras en 2008.Por este motivo, en mayo de 2009 el Gobierno español autorizó la distribución sin receta de la PAU-LNG para facilitar el acceso de las mujeres al medicamento y garantizar su eficacia independientemente de su lugar de residencia, iniciando su distribución en las farmacias sin necesidad de prescripción a partir de septiembre de ese año. La ley de salud reproductiva de España de 2022, la Ley Orgánica 4/2022, también cambió la forma en que las mujeres podían acceder a la anticoncepción de emergencia en un esfuerzo por disminuir los abortos y crear un acceso equitativo en todo el país. Por primera vez, la legislación nacional dictaminó que la píldora sería financiada por el Ministerio de Sanidad, y que se proporcionaría de forma gratuita en los centros de salud de todo el país, exigiendo que las farmacias tuvieran anticonceptivos de emergencia en sus inventarios.
Norlevo y Postinor, los medicamentos anticonceptivos de emergencia con levonorgestrel como principio activo, fueron las marcas autorizadas para vender la píldora del día después en España a partir de mayo de 2001. EllaOne, con el principio activo acetato de ulipristal (AU), fue aprobado para su uso en España en diciembre de 2009 y se vendió en un comprimido de 30 mg a un coste de 32,78 €. Entre 2001 y 2011, España registró treinta y cinco reacciones adversas y veinte reacciones adversas graves en mujeres que utilizaban anticoncepción de emergencia. La AEMP informó en 2012 que los efectos secundarios más comunes de tomar levonorgestrel fueron náuseas, dolor de cabeza, mareos, fatiga, dolor gastrointestinal, sangrado, retraso en la menstruación, menstruación abundante y aumento de la sensibilidad en los senos.Hay una serie de leyes que rigen los derechos de las menores relacionados con el acceso a la anticoncepción de emergencia. También existen leyes nacionales referidas a los medicamentos deben tener las farmacias en su inventario.
Las mujeres de toda España han tenido problemas en ocasiones para acceder a la anticoncepción de emergencia. A veces, los hospitales tenían políticas internas que negaban a las mujeres el acceso a recetas para la píldora del día después. Algunos médicos de los hospitales eran objetores de conciencia. Algunas farmacias se negaban a venderla y algunos farmacéuticos eran objetores de conciencia. Hubo médicos que se mostraron reacios a prescribirlo a menores, a pesar de que legalmente podían hacerlo sin el permiso de un tutor. Muchos centros de salud en zonas rurales cerraban los fines de semana o no estaban abiertos las 24 horas del día. Hubo mujeres que también afrontaron problemas porque sus médicos les exigieron que se hicieran una prueba de embarazo antes de administrarles la anticoncepción de emergencia. La exigencia de prescripción médica dificultaba el acceso de muchas mujeres. Cuando estuvo disponible sin receta en las farmacias, el costo fue a menudo un problema.
En 2001 se distribuyeron en España unas 108 000 unidades de anticonceptivos de emergencia; 317 670 unidades en 2003; 600 000 unidades en 2004; 500 000 en 2005; 500 000 en 2006; 668 269 en 2008; 806 114 unidades en 2009, 871 540 unidades en 2010 y 916 278 unidades en 2011.
Contexto A nivel nacional, los métodos anticonceptivos reversibles fueron despenalizados en España el 11 de octubre de 1978. En 1983, también se legalizaron los métodos anticonceptivos irreversibles como las vasectomías y la ligadura de trompas.A nivel internacional, los esfuerzos para crear una forma de anticoncepción de emergencia se remontan a la década de 1920, cuando se realizaron por primera vez experimentos con monos. La anticoncepción de emergencia se creó en la década de 1960 en la Universidad de Yale para prevenir el embarazo después de una violación. Inicialmente, la anticoncepción de emergencia dependía de altas dosis de estrógeno para evitar la implantación de un óvulo. Esto tenía demasiados efectos secundarios, por lo que se buscaron nuevos métodos para prevenir la implantación; en 1984 se descubrió que el levonorgestrel (LNG) era el mejor principio activo para lograrlo y tenía una tasa de eficacia superior a la del etinilestradiol. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al levonorgestrel «fármaco esencial» en 1998.
En septiembre de 2009 el medicamento estaba disponible en cuarenta países del mundo, quince de ellos ubicados en Europa. En 2009, ocho países distribuían anticonceptivos de emergencia de forma gratuita y sin receta en las farmacias. Fueron Reino Unido, Francia, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo y Estados Unidos. Albania, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza la suministraban sin receta, y algunos de ellos cobraban por conseguirla. A nivel internacional, también estuvo disponible sin receta en farmacias en 2009 en Aruba, Australia, Benín, Burkina Faso, Camerún, Canadá, China, Congo, Polinesia Francesa, Gabón, Ghana, Guinea-Conakri, India, Israel, Jamaica, Libia, Malí, Mauritania, Mauricio, Nueva Zelanda, Níger, Senegal, Sudáfrica, Sri Lanka, Togo, Túnez y Uganda.
Definición y términos Según el Ministerio de Sanidad, la píldora poscoital es un medicamento que impide que un óvulo fecundado se implante en el útero. Actúa antes de la implantación para evitar que se produzca un embarazo, por lo que no es un medicamento que provoque un aborto. La Organización Mundial de la Salud (OMS) no considera la anticoncepción de emergencia un tipo de aborto. La OMS también considera que la anticoncepción de emergencia es un «medicamento esencial» para la salud de la mujer, y así lo ha explicado: «La anticoncepción de emergencia sólo es eficaz en los primeros días después de la relación sexual, antes de que el óvulo abandone el ovario y antes de que se produzca la fertilización por un espermatozoide». La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMP) señala que no es abortiva, ni provoca abortos. La Agencia Europea de Medicamentos tampoco considera que la anticoncepción de emergencia sea abortiva. Sin embargo, según algunos estudios, no es posible excluir el funcionamiento abortivo.
Hay una serie de palabras y frases que se utilizan para describir la anticoncepción de emergencia en España. Incluyen píldora postcoital, píldora del día después, píldora del día siguiente, anticonceptivo de emergencia, anticoncepción de urgencia, Pastillas Anticonceptivas de Emergencia, anticoncepción postcoital, PAU, PAU-LNG, acetato de ulipristal (AU) y Levonorgestrel.
Autorización y distribución
El artículo 149.1.16 de la Constitución Española otorga al Gobierno nacional el derecho exclusivo de regular los productos farmacéuticos en España. La Ley 29/2006 regula las garantías de fabricación exigidas a los medicamentos destinados a uso humano, y a las condiciones de dispensación de estos medicamentos reguladas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMP). También otorga a la AEMP el derecho de modificar las condiciones relativas a la prescripción y dispensación por motivos relacionados con la salud pública o la defensa de la salud. El Real Decreto 1345/2007 fue el decreto que implementó la Ley 29/2006, del 26 de julio.
La distribución de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAU) fue autorizada por el gobierno liderado por el Partido Popular de José María Aznar el 23 de marzo de 2001, pero las políticas para su distribución quedaron en manos de los gobiernos regionales. La fecha en que se permitió la distribución de PAU para su uso fue tres meses después, en mayo de 2001. La PAU no figuraba entre los productos farmacéuticos apoyados por el Sistema Nacional de Salud de España, lo que significaba que podía estar subsidiado a través de la seguridad social en cualquier sistema sanitario regional. El coste inicial de la anticoncepción de emergencia para las mujeres en una farmacia era de 3191 pesetas, un margen de beneficio de alrededor del 1000 %.Antes de que la AEMP legalizara el levonorgestrel, un método anticonceptivo de emergencia que a veces se utilizaba de forma no autorizada costaba unas 300 pesetas.
En 2008 había importantes diferencias regionales en la forma en que se dispensaba la anticoncepción de emergencia en España en función de las políticas sanitarias regionales. Había una España donde regiones como Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Cataluña, Extremadura y Galicia proporcionaban anticoncepción de emergencia de forma gratuita en la sanidad pública. También había otra donde los gobiernos regionales no apoyaron su distribución, donde las mujeres con ingresos limitados y las adolescentes tenían que pagar 20 € por un anticonceptivo de emergencia después de recibir una receta de un médico. Por ello, en 2009, el gobierno español autorizó la distribución de PAU-LNG sin receta médica para facilitar el acceso de las mujeres al medicamento y garantizar su eficacia independientemente de su lugar de residencia. La decisión fue respaldada por un gran porcentaje de médicos. Un libro blanco de la Organización Médica Colegial de 2006 encontró que el 49,61 % de los profesionales médicos en España estaban a favor de proporcionar a las mujeres anticoncepción de emergencia sin receta. También estuvo respaldado por un informe interno de la AEMP realizado en 2008 y presentado al gobierno a principios de 2009. El anuncio de su venta en farmacias sin receta se produjo el 28 de marzo de 2009. La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, defendió la venta en un acto en el Hospital Universitario de Ceuta como una forma de ayudar a las mujeres a evitar embarazos no deseados y de proteger sus derechos reproductivos independientemente de dónde vivieran en España. El plan original era que el medicamento estuviera disponible en las farmacias en agosto de ese año, pero terminó retrasándose un mes.