miniaturadeimagen|El Capítulo V de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) deja claro que la recuperación de activos es una prioridad internacional en la lucha contra la corrupción.
La recuperación internacional de activos es cualquier esfuerzo de un país para repatriar el producto de la corrupción en ese país que haya sido trasladado a jurisdicciones extranjeras, así como el resultado exitoso de ese esfuerzo.
El término en inglés es international asset recovery. Se añade international para diferenciarlo de la asset recovery a secas, que es un proceso empresarial por el cual se recupera todo o parte del valor de inversiones que, por diversas razones, han dejado de interesar a la empresa, como maquinaria que ha quedado obsoleta.
Los activos objeto de recuperación internacional pueden incluir dinero en cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos, obras de arte y metales preciosos. Según la definición de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), la recuperación de activos se refiere a la recuperación del producto de la corrupción, en lugar de términos más amplios como la confiscación o el decomiso de activos, que se refieren a la recuperación del producto o los instrumentos del delito en general.
El término se utiliza a menudo para resaltar los aspectos multijurisdiccionales de una investigación por corrupción. Incluye procesos como el rastreo, el embargo preventivo, la confiscación y la repatriación de los fondos depositados en jurisdicciones extranjeras, lo que la convierte en uno de los procesos jurídicos más complejos. Incluso considerando las dificultades presentes, el especialista en África Daniel Scher argumenta que las posibles recompensas de la recuperación internacional de activos en los países en desarrollo la convierten en una iniciativa sumamente atractiva.
A pesar de que en algunos países la legislación interna permite la confiscación de los productos de la corrupción, son las mejoras en las tecnologías financieras, de transporte y de comunicaciones en el las que han hecho más fácil para los líderes corruptos y otras "personas políticamente expuestas" ocultar en centros financieros extraterritoriales lo que han esquilmado a sus países.
Aprovechando las diferencias en los sistemas jurídicos, los altos costes de coordinar las investigaciones, la falta de cooperación internacional y el secreto bancario en algunos países receptores, los funcionarios corruptos han podido preservar gran parte de su botín en el extranjero. La recuperación internacional de activos combate ese indeseable estado de cosas.
Impacto social La recuperación de activos robados es importante por diversas razones. Según el Banco Mundial, el flujo transfronterizo de ganancias provenientes de actividades delictivas, corrupción y evasión fiscal (flujos ilícitos) se estima entre 1 y 1,6 billones de dólares estadounidenses al año; la mitad de esta cantidad proviene de economías en desarrollo y en transición. Entre 20000 y 40000 millones de dólares de este flujo se originaron en sobornos a funcionarios públicos de países en desarrollo y en transición.
Un informe de 2005 de la Comisión para África cita una estimación de la Comisión Europea según la cual «los activos africanos robados, equivalentes a más de la mitad de la deuda externa del continente, se mantienen en cuentas bancarias extranjeras». Como declaró el Banco Mundial en 2004, «la corrupción es... el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social. La corrupción socava el desarrollo al distorsionar el Estado de Derecho y debilitar la base institucional de la que depende el crecimiento económico. Los efectos nocivos de la corrupción son especialmente graves para los más pobres del mundo, que dependen más de los servicios públicos y son menos capaces de afrontar los costes adicionales asociados con el fraude y la corrupción».
Disuasión de la corrupción futura Varios países, especialmente los económicamente desfavorecidos, han sufrido las consecuencias de la corrupción sistémica, ya que una parte sustancial de su patrimonio público se ha canalizado ilegalmente a cuentas bancarias y propiedades en países desarrollados y centros financieros extraterritoriales. La condena exitosa de delincuentes o la confiscación de sus activos en el extranjero se considera una intensa disuasión para los funcionarios que estén considerando corromperse, porque pueden pensar que no hay un refugio seguro para ocultar lo que robarían.
Viabilidad actual Los éxitos de los últimos años en la recuperación de miles de millones de dólares en activos robados han demostrado la viabilidad de este sistema. Por ejemplo, para 2005, Nigeria había recuperado 1200 millones de dólares robados por el expresidente Sani Abacha solicitando asistencia a múltiples jurisdicciones, entre ellas Suiza, Jersey y Liechtenstein. Para recuperar los activos nigerianos, el Gobierno suizo calificó a la familia Abacha como "organización criminal", lo que le permitió eludir la necesidad de una condena.
Además, la recuperación internacional de activos fue reconocida como un principio fundamental de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC). La firma y ratificación de esta convención por más de 160 países se considera un paso importante en el fomento de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y en la ayuda mutua para la recuperación de activos robados. Los precedentes legales, la creciente cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades hacen que la recuperación de activos sea ahora más factible que nunca.
El proceso de recuperación de activos Gestionar las etapas de una investigación de recuperación de activos puede ser extremadamente largo, complejo y requerir una gran cantidad de recursos, experiencia y voluntad política. En primer lugar, el país víctima debe lograr rastrear los activos robados. En segundo lugar, debe solicitar la cooperación de las autoridades de las jurisdicciones donde se encuentran los activos, para incautarlos. Estas peticiones suelen presentarse en forma de una solicitud de asistencia legal mutua o una carta rogatoria, aunque algunos países de Derecho consuetudinario permiten la presentación de una orden judicial Mareva en tribunales civiles para lograr el mismo fin. En tercer lugar, generalmente se deben iniciar, en el país de ocultación, procesos legales para confiscar los activos. Posteriormente, las autoridades requeridas deben repatriar los activos al país solicitante.
Cada paso (rastreo, congelamiento, confiscación y repatriación) presenta dificultades propias.
Rastreo El primer paso es determinar la existencia de activos ocultos en el extranjero mediante una investigación financiera exhaustiva de las personas corruptas y su entorno. Es necesario seguir la pista de los activos no solo hasta su escondite final, sino también establecer la relación causal entre el activo y la actividad delictiva. En países en desarrollo, con muchos pagos en efectivo, el dinero a menudo no fluye a través del sistema financiero registrado, por lo que se deben utilizar otras técnicas.
Cuando los activos transitan por el sistema financiero, el paso de una cuenta bancaria a otra suele dejar un rastro que los investigadores pueden aprovechar. Dado que los activos robados suelen distribuirse en varias cuentas e instrumentos financieros, los investigadores suelen beneficiarse de información externa, como documentos financieros incautados e informes de transacciones sospechosas presentados ante los reguladores bancarios y otras fuerzas del orden. Dada la velocidad con la que se transfiere el dinero en el sistema financiero mundial, identificar y rastrear las cuentas bancarias de los perpetradores no es trabajo fácil, ni siquiera para un investigador experimentado. Se requiere mucha experiencia, recursos y cooperación entre diferentes agencias de inteligencia y fuerzas del orden para que el rastreo tenga éxito.
Aunque no es frecuente, a veces los investigadores encuentran documentación que conduce directamente a los activos robados. Por ejemplo, las investigaciones que buscaban los miles de millones de dólares saqueados por Ferdinand Marcos, dictador filipino, se aceleraron considerablemente al encontrar sus registros bancarios en el antiguo palacio presidencial. Además, los informes de actividades sospechosas presentados ante las unidades nacionales de inteligencia financiera pueden descubrir indicios que conduzcan a casos de gran corrupción.
Para obtener información no pública en jurisdicciones extranjeras se requiere presentar una solicitud de asistencia legal mutua (MLA por sus siglas en inglés), obtener una acción de divulgación mediante una demanda por agravio o presentar una carta rogatoria tradicional por vía diplomática. Estas solicitudes tienen mayor probabilidad de éxito cuando todos los países involucrados cuentan con tratados, ya sean bilaterales o multilaterales, que permiten la cooperación legal. Cabe destacar que la CNUCC pretende precisamente proporcionar una base legal para la cooperación internacional en la recuperación de activos.
Congelación Una vez que las investigaciones financieras han identificado activos como posibles productos del delito o la corrupción, es fundamental congelarlos. Ahora bien, la congelación prematura impide a los investigadores seguir el rastro del dinero en tiempo real. Si se alerta a los titulares de estos activos, probablemente intentarán transferirlos a otros países para hacerlos inaccesibles. Si la congelación se retrasa, existe el riesgo de que los activos queden fuera del alcance del investigador. La confidencialidad es clave en este punto. Para evitar que los sospechosos transfieran activos aún no descubiertos, los tribunales pueden imponer una orden de silencio: los titulares no se enterarán de que sus activos están inmovilizados hasta que intenten transferir alguno de ellos.
Recientemente, algunos bancos también han comenzado a cooperar proactivamente con unidades nacionales de inteligencia financiera solicitando su consentimiento para transferencias sospechosas. En marzo de 2006, una sucursal de Guernsey del Banque Nationale de Paris Paribas se negó a transferir fondos controlados por Tommy Suharto, hijo predilecto del dictador Suharto, y lo que hizo fue congelarlos, siguiendo las directrices de la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey.
Confiscación Ya sea por vía penal o civil, una sentencia judicial resulta esencial para transferir la propiedad legal de los activos congelados al país solicitante. Las vías legales para obtener una sentencia se exponen a continuación.
Repatriación/seguimiento No existe un procedimiento estándar para la restitución de activos adquiridos ilícitamente, ya que cada caso es único. En ciertos casos de recuperación de activos, han surgido dificultades durante la etapa de repatriación. Aunque no quepa duda de que el dinero robado es propiedad soberana del país solicitante, la ejecución de las solicitudes de recuperación de activos suele ser difícil y costosa. A menudo surgen cuestiones complejas en torno a las reclamaciones de terceras partes legítimas, ya que los ingresos procedentes de la corrupción pueden mezclarse con los legítimos.
Además, los países solicitantes y la comunidad internacional en su conjunto no desean que los activos repatriados vuelvan a ser malversados. Si bien la decisión sobre qué hacer con los activos recuperados se gestiona caso por caso, el Banco Mundial ha actuado en ocasiones como tercero neutral para garantizar que se inviertan en iniciativas de desarrollo como salud o educación.
Mecanismos legales para obtener sentencia Resulta fundamental determinar la táctica mediante la cual un profesional de recuperación de activos puede obtener sentencias judiciales para congelar, incautar y repatriar activos. En general, existen 4 enfoques para recuperar activos robados.
Decomiso penal (in personam)