El Ministerio de Justicia es un órgano del Poder Ejecutivo de la República Dominicana, creado para asumir responsabilidades administrativas y de política pública vinculadas al sistema de justicia y para servir como instancia de coordinación institucional. Su creación se formalizó mediante la Ley 80-25 (promulgada en agosto de 2025), con el objetivo de separar determinadas funciones que históricamente habían recaído en la Procuraduría General de la República y fortalecer la gobernanza del sector justicia.
El titular del ministerio es el ministro de Justicia. En enero de 2026, el presidente Luis Abinader designó a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia mediante el Decreto 1-26, marcando el inicio operativo de la institución en su etapa contemporánea.
Historia La figura de un despacho gubernamental encargado de asuntos de justicia existió desde los primeros años de la República y formó parte de la organización estatal por más de un siglo, con variaciones en su denominación y en su alcance (incluyendo etapas en que se vinculó a otras áreas del Estado).
Esa estructura fue suprimida, pues la Ley 485, del 10 de noviembre de 1964, eliminó la entonces Secretaría de Estado de Justicia y traspasó sus atribuciones a la Procuraduría General de la República, reorganizando la distribución institucional de esas competencias.
Décadas después, la discusión sobre su restablecimiento volvió al centro del debate institucional. El Congreso avanzó con una iniciativa para crear y organizar el ministerio (aprobaciones legislativas en 2025) y, finalmente, la promulgación de la Ley 80-25 (agosto de 2025) abrió paso a su puesta en marcha, que se materializó políticamente con el nombramiento del primer ministro de esta nueva etapa el 6 de enero de 2026.
Funciones De acuerdo con la Ley 80-25, el Ministerio de Justicia concentra funciones administrativas y de coordinación que antes se ejercían desde otras instancias del sistema, con la finalidad de separar tareas de gestión de las labores propias de persecución penal.
Política estatal contra la criminalidad: planificar, coordinar y ejecutar (por delegación del Poder Ejecutivo) acciones y políticas públicas relacionadas con la prevención y el abordaje de la criminalidad. Representación judicial y extrajudicial del Estado: articular la defensa del Estado y de la Administración Pública ante tribunales y, cuando corresponda, en escenarios alternativos como arbitrajes. Sistema Nacional de Derechos Humanos: coordinar políticas públicas en esta materia y servir de enlace institucional con actores nacionales e instancias internacionales vinculadas a derechos humanos. Sistema Penitenciario y Correccional: asumir la gestión del sistema penitenciario y las políticas penitenciarias y de reinserción, trasladando esta dimensión administrativa fuera del ámbito del Ministerio Público. Asuntos registrales y servicios a la ciudadanía: administrar registros y certificaciones de documentos oficiales y notariales, además de trámites vinculados a organizaciones sin fines de lucro y atención de solicitudes ciudadanas en su ámbito.
Véase también
Ministerio Público (República Dominicana) Poder Judicial (República Dominicana) Suprema Corte de Justicia
Referencias
Categoría:Ministerios de República Dominicana