Las armas de fuego han estado sujetas al control y regulación gubernamental en Venezuela desde 1914.
Historia Durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, en 1914, se promulgó un decreto de desarme en el Distrito Federal y posteriormente, en 1919, se decretó una ley de desarme, ordenando a todo propietario de armas entregarlas a las autoridades; las únicas excepciones fueron los machetes y las escopetas de caza. La justificación oficial fue reducir la delincuencia, pero la ley se utilizó en última instancia para desarmar a la población y prevenir posibles levantamientos. El historiador Manuel Caballero argumentó que, si bien la intención final de Gómez era evitar que sus enemigos obtuvieran armas, la ley ayudó a prevenir guerras civiles venezolanas durante el siglo siguiente.
En 2012, Venezuela prohibió la venta privada de armas de fuego y municiones con la intención de reducir la delincuencia. El ejército, la policía y ciertos grupos como empresas de seguridad y vigilancia están exentos de la prohibición y pueden comprar armas de fuego a fabricantes estatales. En 2013, Venezuela dejó de emitir nuevas licencias de armas de fuego y en 2017, el gobierno prohibió el porte de armas de fuego en lugares públicos. El gobierno declaró que en 2018 se confiscaron más de 15.000 armas de fuego. Se crearon 70 centros de desarme en el país y la pena por posesión ilegal de armas de fuego se elevó a veinte 20 de prisión. Según el gobierno, las únicas personas que deberían portar armas son los agentes del gobierno.
Véase también
Derecho de Venezuela
Referencias
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