La amnistía en Venezuela hace referencia a una serie de medidas jurídicas implementadas a lo largo de la historia del país que tenían por objetivo favorecer a personas procesadas por motivos políticos. Durante y después de la independencia se pusieron en práctica varios ciclos de amnistías baja diversas formas jurídicas que incluían leyes de amnistías, indultos, conmutaciones de pena y sobreseimientos para lograr la pacificación y reconciliación nacional durante momentos de crisis y conflictividad política.
Antecedentes
Época colonial Desde la época colonial las prácticas de la amnistía e indulto fueron implementadas por las autoridades coloniales como una forma de otorgar perdón a personas condenadas por algunos crímenes. Existía cierta confusión entre ambos términos y en ocasiones eran usados indistintamente. El indulto era una medida aplicada a uno o varios condenados por una sentencia firme y solo era una potestad del regente o alta autoridad, mientras que la amnistía, que se fue desarrollando posteriormente, era entendida como una ley de excepción para ser aplicada en casos puntuales que afectaba a un número importante de personas.
En la América colonial los perdones solo podían ser otorgados por el virrey, pero su empleo se limitaba durante situaciones de conflicto. Esta potestad ya se mencionaba en una cédula de Felipe III de 1614 incluida en la Recopilación de Leyes de Indias. Los indultos eran regulados por medio de cédulas o cartas de perdón y su ámbito y aplicación fue variando con el tiempo, pero en general no se aplicaban a los condenados por delitos de lesa majestad, traición, homicidio alevoso y otros crímenes graves. En ocasiones, como cuando tenían lugar bodas reales o nacimientos de miembros de la Corona, el rey solía otorgar perdones que se aplicaban en las colonias.
Uno de los casos más relevantes de perdón durante el periodo colonial tuvo lugar en 1781 luego de la insurrección de los comuneros de Los Andes provocada por el alza de impuestos que habían aprobado las autoridades coloniales. Tras la derrota y arresto de los principales implicados, el gobernador de la provincia, Francisco de Arce, le solicitó al virrey de Nueva Granada, el arzobispo Antonio Caballero y Góngora, conceder un indulto a los detenidos.
El virrey mostró su aprobación y le solicitó al gobernador de la Capitanía general de Venezuela, Luis de Unzaga y Amézaga, que le otorgara un indulto general y amnistía a los rebeldes. El caso fue remitido al Auditor de Guerra, quien suspendió el proceso y consultó al monarca para determinar el proceder. Por su parte, el virrey le envió una petición de clemencia al rey Carlos III, quien en enero de 1783 le concedió un indulto a los involucrados excepto a los líderes de la rebelión. Meses después, la Corona formó una junta especial formada por miembros del Consejo de Indias para evaluar el caso y dar una resolución definitiva. En junio de 1783 la junta recomendó la liberación de los detenidos y eliminar las fianzas y el embargo de bienes.
Desde mediados del siglo XVIII, en las colonias se comenzó a denunciar la obsolescencia e injusticias del sistema jurídico hispánico. Juristas americanos no solo criticaron el abuso de los jueces y la aplicación de penas desproporcionadas, sino que también cuestionaron el otorgamiento de perdones que perjudicaban a las víctimas. El autor neogranadino Joseph Marcos Gutiérrez, en su influyente Tratado de práctica criminal de 1804, se mostró crítico con la aplicación del indulto real y debatía cuál poder público debía tener la facultad de otorgarlo.
Guerra de independencia La violencia desatada antes y durante la guerra de independencia llevó a que tanto los patriotas como los realistas pusieran en práctica varios indultos y amnistías. En 1808 tuvo lugar la Conjuración de los Mantuanos, un intento de los mantuanos para instalar una junta que gobernara la Capitanía General de Venezuela. El movimiento fracasó y sus participantes fueron arrestados, pero posteriormente algunos de ellos fueron indultados, como Francisco Rodríguez del Toro.
Durante la Primera República de Venezuela, el Congreso General decretó una amnistía para quienes habían recibido condenas menores entre los participantes de la sublevación de Valencia en julio de 1811. De igual manera, los republicanos también le exigieron a España la amnistía como condición para la Capitulación de San Mateo. A pesar de los decretos de amnistía e indultos, las rebeliones y conspiraciones no se detuvieron, provocando que varios líderes patriotas se mostraran críticos con las políticas de perdón. En 1812 el militar Simón Bolívar en su Manifiesto de Cartagena expresaba que:«A cada conspiración sucedía un perdón, y a cada perdón sucedía otra conspiración que se volvía a perdonar, porque los gobiernos liberales deben distinguirse por la clemencia. ¡Clemencia criminal que contribuyó más que nada a derribar la máquina que todavía no habíamos enteramente concluido!».Mientras se desarrollaba la guerra tanto los patriotas como los realistas siguieron usando los indultos como una táctica para integrar personal en sus filas. Luego de declarar el guerra a muerte, Bolívar en 1813 proclamó un indulto general de un mes para los americanos que combatían a favor del ejército realista. Un año después, la medida fue extendida por tiempo ilimitado y se incluyeron como beneficiarios a los españoles, canarios y desertores del ejército republicano.
Estos procedimientos fueron replicados por otros líderes patriotas. Por decisión del ejecutivo las solicitudes debían ser evaluadas por una Comisión de Indulto y las apelaciones tenían que ser presentadas al alcalde ordinario que cumplían funciones judiciales. Sin embargo, el caos administrativo producto de la guerra provocó que las autoridades enfrentaran dificultades para gestionar las solicitudes y existieron denuncias de que los alcaldes dilataban la decisión para poder condenar a los solicitantes.
Los realistas también pusieron en práctica varios decretos de indulto. La llegada al trono de Fernando VII fue acompañada con una serie de indultos, a la vez que se le otorgó al jefe realista Pablo Morillo la facultad de otorgar estos perdones. En 1817, Morillo y el brigadier Juan Bautista Pardo comunicaron la gracia de un indulto real en Venezuela, pero su ofrecimiento tuvo poco impacto.
Con el triunfo patriota cada vez más cerca se siguieron implementando diversas medidas de perdón. El Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra de 1820 fue uno de los primeros intentos a gran escala de promover políticas de perdón y olvido, tratando de reintegrar a parte de los combatientes realistas derrotados a la república.
Gran Colombia La conflictividad se mantuvo luego de formarse la Gran Colombia y provocó que se continuaran implementando amnistías e indultos. En 1819, por iniciativa del diputado Juan Vicente Cardozo, el Congreso de Angostura concedió un indulto general. En el encabezado del documento se mencionaba que la medida tenía por motivación celebrar la instalación del Congreso «con actos de humanidad, piedad y beneficencia». Con este acto comenzó a sentarse las bases para que la facultad de decretar perdones dependiera principalmente del Congreso y no del ejecutivo.
Al conformarse el Congreso Constituyente de 1821 también se decretó un indulto por motivo de su instalación y con el objetivo de atraer desertores y fugitivos. En el decreto se mencionaba que los esclavos desertores que se acogieran al beneficio podrían «volver al dominio de sus amos o al servicio de las armas». Además se estableció en la Constitución de la República de Colombia de 1821, en su artículo 55 numeral 20 que el Congreso tendría la facultad exclusiva de otorgar indultos generales y perdones particulares.
Con el correr de los años se mantuvieron varios focos de inestabilidad principalmente asociados a movimientos separatistas y grupos de rebeldes realistas. Por lo que se recurrió a medidas de perdón para tratar de aplacarlos. En 1827 Bolívar decretó una amnistía para aquellos involucrados en el movimiento separatista de La Cosiata.
De igual manera, varios dirigentes republicanos ofrecieron indultos las fuerzas rebeldes realistas que aún permanecían en combate. En 1829 se firmó la capitulación entre el militar realista José Arizábalo y el general republicano Lorenzo Bustillos. En el documento se acordaba la libertad a los prisioneros de guerra, la reinserción en la vida nacional, el perpetuo olvido, amnistía y la igualdad ante la ley. La medida también fue extendida al rebelde realista José Dionisio Cisneros y sus partidarios, aunque fue rechazada por estos.
Historia
Siglo XIX Luego de la disolución de la Gran Colombia, la tradición de conceder amnistías e indultos se mantuvo en la Constitución de Venezuela de 1830 para ser aplicados en casos de «grave motivo de conveniencia pública». El presidente tenía el derecho de otorgar perdones, amnistías e indultos, aunque para concederlos debía recurrir al Congreso o al Consejo de Gobierno. Por su parte, el Congreso también tenía la facultad de otorgar indultos y amnistías generales.
En junio de 1830 el Congreso otorgó indultos a varios rebeldes realistas. Un año después, el Consejo de Gobierno autorizó al gobierno de José Antonio Páez para que le otorgara perdón absoluto al realista Cisneros y sus hombres. Después de la Revolución de las Reformas en 1835, que depuso brevemente al primer presidente civil José María Vargas, el Congreso de Venezuela promulgó una amnistía a los involucrados bajo el impulso de Carlos Soublette. Dos años después el gobierno de Soublette, luego de ejecutar al coronel Francisco María Farías, le otorgó indultos a los que tomaron parte en el intento de sublevación en la ciudad de Maracaibo liderado por Farías y a los que sublevaron en El Vigía de Puerto Cabello ese mismo año.
Tras la insurrección campesina de Venezuela de 1846, el gobierno de José Antonio Páez le concedió indulto a un gran número de personas que participaron en el movimiento. Entre 1847 y 1848 el gobierno de José Tadeo Monagas mantuvo esta política, llegando a beneficiar a líderes como Antonio Leocadio Guzmán y Ezequiel Zamora, quienes estaban condenados a pena de muerte. En 1855 Monagas llegó nuevamente a la presidencia y el Congreso le aprobó la facultad de otorgar salvoconductos a los exiliados.
En la constitución de 1857 y la constitución de 1858 se mantuvo la capacidad del Congreso para otorgar amnistías e indultos generales, pero se limitó la facultad para el ejecutivo de aplicarla solo en algunos casos excepcionales. En 1858 el Congreso aprobó un decreto en el que se concedía amnistía a todos los exiliados por los sucesos políticos desde 1848 en adelante, pero el derrocamiento de Monagas luego de la Revolución de Marzo dejó sin efecto la medida.
La caída de Monagas provocó que miembros del Partido Liberal organizaron un grupo de insurgentes conocidos como la Facción de la Sierra. Debido la fuerza que logró ganar el movimiento el gobierno trató de poner en práctica políticas de indulto para conseguir su desmovilización y pacificación aunque no del todo exitosas. Entre 1858 y 1859 el gobierno de Julián Castro promulgó cuatro decretos de indulto para tratar de pacificar a la Facción. Los indultos permitieron liberar a varios presos políticos y el regreso de los exiliados.
La continuidad de constantes guerras civiles durante el siglo motivó a que se siguieran poniendo en práctica medidas de perdón. La Asamblea Constituyente de Venezuela de 1864 decretó una amnistía tras la Guerra Federal, fundándose en que «para destruir todos los odios, convenía dar un gran ejemplo de magnanimidad nacional».