La Academia Valenciana de la Lengua (oficialmente y en valenciano Acadèmia Valenciana de la Llengua), también conocida por sus siglas AVL, es la institución encargada de redactar la normativa lingüística del idioma valenciano. Fue creada por la Ley de la Generalidad Valenciana 7/1998, de 16 de septiembre de 1998, de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua, aunque no se constituyó hasta el 23 de julio de 2001, en un acto presidido por el entonces presidente de la Generalidad, Eduardo Zaplana, en el Salón de las Cortes del Palacio de la Generalidad.
Con la reforma del Estatuto de Autonomía de 2006 la AVL quedó reconocida como el único organismo competente en la regulación del valenciano, así como una de las instituciones estatutarias valencianas, quedando adscrita a la Presidencia, por lo que disfruta de personalidad jurídica propia y ejerce sus funciones con autonomía orgánica, funcional y presupuestaria para garantizar su objetividad e independencia, aunque se le atribuyen ciertas dependencias del poder político a través de sus representantes.
La AVL tiene como funciones determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano, así como velar por el valenciano partiendo de la tradición lexicográfica, literaria, y la realidad lingüística genuina valenciana, así como, la normativización consolidada, a partir de las llamadas Normas de Castellón. Para esto cuenta con una serie de académicos, fijados en 21, nombrados por las Cortes Valencianas por un período de quince años, los cuales se ocupan de la gramática, la lexicografía, la onomástica, el fomento del uso de la lengua, la documentación lingüística y literaria, el asesoramiento lingüístico y las publicaciones. Las vacantes se cubren por cooptación interna.
Las decisiones de la AVL, en el ejercicio de las funciones que le corresponden, tienen que ser tenidas en cuenta por todas las instituciones de la Generalidad, así como también el conjunto de las administraciones públicas, el sistema educativo, y los medios de comunicación, entidades, organismos y empresas de titularidad pública o que cuenten con financiación pública con sede en la Comunidad Valenciana.
El mismo modelo de creación de la Academia Valenciana de la Lengua hace que la institución se haya convertido en un lugar de encuentro donde conviven las diversas sensibilidades lingüísticas que puedan representar los académicos, y donde siempre se ha buscado el consenso más amplio posible a la hora de aprobar las cuestiones importantes que afectan al valenciano.
Hasta la construcción de sus nuevas instalaciones, la Academia Valenciana de la Lengua tiene su sede en el monasterio de San Miguel de los Reyes, sede también de la Biblioteca Valenciana, ubicado en el barrio valenciano de Els Orriols, aunque puede tener otras sedes territoriales o celebrar sesiones en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana.
Historia
Etapa con gobiernos del Partido Popular (1997-2015)
Fundación de la academia (1997-2001)
Tras el debate de política general, las Cortes Valencianas resolvieron el día 17 de septiembre de 1997 solicitar que el Consejo Valenciano de Cultura (CVC) dictaminara en función de fundamentos científicos e históricos respecto de las cuestiones lingüísticas valencianas.Ya que este era un tema que generaba una gran crispación en la sociedad valenciana debido a los diferentes puntos de vista existentes. Este hecho se conoce como conflicto lingüístico valenciano. Debido a esta petición el Pleno del Consejo Valenciano de Cultura abrió un período de recepción de escritos y visitas que se cerró el día 28 de febrero de 1998. Hechas las consideraciones preliminares precedentes y consignados los antecedentes de rigor, el 13 de julio de 1998 el CVC emitió un dictamen en el cual proponía la creación de un ente de referencia normativa del valenciano que tuviera las siguientes características:
Tras el dictamen del CVC, los grupos parlamentarios popular, socialista y mixto presentaron una proposición de ley de creación de la Academia Valenciana de la Lengua a las Cortes Valencianas. Tras un largo y acalorado debate parlamentario, en el que se presentaron muchas enmiendas al anteproyecto de ley, el 16 de septiembre de 1998 se aprobó la ley 7/1998, de la Generalidad Valenciana, de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua, que salió adelante por una amplia mayoría de los diputados de las Cortes Valencianas, ya que frente a los 73 votos a favor solo obtuvo 12 en contra. Los grupos parlamentarios popular, socialista y mixto votaron a favor de la norma, mientras que los grupos parlamentarios de Esquerra Unida-Els VerdsEl grupo parlamentario de Esquerra Unida-Els Verds votó en contra de la ley debido a que consideraba que ya existía una institución que se encargaba de normativizar la lengua, el Instituto de Estudios Catalanes. y Unión ValencianaUnió Valenciana votó en contra de la ley porque consideraba que con la AVL se iba a proclamar la unidad de la lengua valenciana con la catalana, algo totalmente opuesto a su ideario. votaron en contra de la creación de la AVL. thumb|200px|right|Legislación sobre la AVL publicada en el DOCV. La ley introdujo una disposición transitoria que fijaba desde la entrada en vigor de la ley un plazo máximo de un mes para que las Cortes Valencianas eligieran a los primeros veintiún académicos, lo cual no sucedió, ya que los grupos parlamentarios del momento no llegaron a un acuerdo. Debido a esto la ley quedó paralizada entre los años 1998 y 2000. Sin embargo, en el año 2001 el Partido Popular y el Partido Socialista llegaron a un pacto para realizar el nombramiento de los académicos, el denominado Pacte de la llengua, el cual fue firmado el 14 de junio de 2001. Tras la firma del acuerdo, las Cortes Valencianas nombraron definitivamente el 15 de junio de 2001 a los 21 académicos de la AVL, desbloqueando así la ley 7/1998. De este modo, la AVL quedó constituida de forma oficial el 23 de junio de 2001, cuando los académicos tomaron posesión de sus actas en el acto fundacional de la AVL, el cual estuvo presidido por Eduardo Zaplana, Presidente de la Generalidad Valenciana. De este acto Xavier Casp, que era el miembro de más edad, salió como presidente provisional y Artur Ahuir, el más joven, resultó investido secretario eventual, hasta que el 31 de julio, en el primer pleno de la Academia se procediera a elegir al primer presidente oficial de la institución, de cuyo proceso saldría elegida Ascensió Figueres.
Primeros trabajos y polémicas (2002-2005)
Uno de los primeros trabajos que realizó la Academia Valenciana de la Lengua fue establecer el referente normativo oficial del valenciano. Para ello la AVL aprobó el 25 de marzo de 2002 un dictamen en el que especificaba que la normativa del valenciano era la que utilizaba la Consejería de Educación y Cultura desde 1983, cuando se promulgó la Ley de uso y enseñanza del valenciano (LUEV). Pese a que el dictamen parecía dejar claro cuál era el referente normativo oficial del valenciano, el Consejo de la Generalidad envió a la AVL un listado de palabras genuinas valencianas para que realizara un informe sobre su validez, y así fueran añadidas a las declaradas como oficiales por esta institución. De este modo, el 20 de mayo del 2002 la AVL aprobó un nuevo informe, el cual, según el académico Jordi Colomina, tenía como objeto explicar una serie de preferencias y opciones a propósito de la consulta de la Consejería de Cultura con una serie de ejemplos y dobletes (conjunto de dos palabras, una de evolución culta y otra popular).
La AVL también perseguía acabar con las polémicas sobre el nombre de la lengua y su identidad,Las polémicas sobre el nombre de la lengua y su identidad partían del ocasionalmente encarnizado debate socio-político sobre la condición última del valenciano. De un lado estaban los que afirmaban que el valenciano era una lengua individual —postura defendida por los partidos políticos y grupos sociales afines al blaverismo valenciano—, y del lado opuesto estaban los que defendían que valenciano era una denominación particular para el idioma denominado catalán, como afirmaban los defensores de la unidad de la lengua, los conocidos despectivamente como catalanistas, los cuales se basan en criterios estrictamente lingüísticos. por ello constituyó una ponencia para proponer el nombre de la lengua autóctona y su pertenencia a un sistema lingüístico. Pese al interés de la AVL de acabar con la polémica, el Grupo Popular de las Cortes Valencianas exigió a la Academia Valenciana de la Lengua que cumpliera tanto su ley de creación como el Estatuto de Autonomía —en el debate sobre el nombre de la lengua—, ya que consideraban que ante el acuerdo de crear una ponencia para estudiar y determinar la denominación de la lengua propia de los valencianos, la AVL estaba asumiendo competencias que no le correspondían pues la ley de creación de la AVL no incluye entre las competencias del organismo ninguna sobre la definición de la lengua. thumb|200px|Alejandro Font de Mora, Consejero que obstaculizó la aprobación de los dictámenes de la AVL. Pese a todo, la ponencia se constituyó, y estuvo integrada por Rafael Alemany y Manel Pérez Saldanya, por parte del sector proveniente del entorno de las universidades, y Ramón Ferrer y Àngel Calpe, por el sector proveniente de la RACV. Cuando la ponencia tenía el trabajo avanzado, surgió un conflicto a raíz de la denominación del valenciano en la Unión Europea, que afectó también a la AVL, puesto que la presidenta de la institución, Ascensión Figueres —del PP— pretendió frenar el dictamen de la ponencia sobre la denominación que fue encargada por el pleno de la institución, aunque finalmente gracias al apoyo de trece de los 21 miembros que integraban la AVL se continuó con el trabajo de la ponencia. Debido a esta polémica el Consejo de la Generalidad solicitó un informe al Consejo Jurídico Consultivo (CJC) sobre si la AVL tenía competencia para acordar o emitir un dictamen sobre la denominación y entidad del valenciano. El 9 de diciembre de 2004 el CJC aprobó su informe sobre el tema en cuestión, indicando que la institución carecía de competencia para acordar o emitir dicho dictamen, a no ser que le fuera solicitado por el Presidente de la Generalidad Valenciana, las Cortes Valencianas o el Consejo de la Generalidad, aunque incluso en estos casos debería defender y proteger la denominación y entidad de la lengua.
Debido al informe del CJC los académicos que votaron a favor de la ponencia enmendaron la propuesta de dictamen, ajustándola más a la literalidad de la ley de creación de la institución y su reglamento, por lo que el texto que se propuso defendía el uso de la denominación de valenciano, que a veces se combinaría con la de lengua valenciana, mientras que abogaba por utilizar conjuntamente los nombres de catalán y valenciano con igual rango y dignidad, solo de cara al exterior y en las circunstancias que requirieran identificar el conjunto del sistema lingüístico.