El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el servicio de inteligencia del gobierno de México desde 2018, siendo un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal y está adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Su objetivo es recopilar, generar y almacenar información estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano.
Entre las responsabilidades del Centro está la de proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas, que pretendan vulnerar el territorio, la soberanía, las instituciones nacionales, la gobernabilidad democrática o el Estado de Derecho; la obtención de información especializada que tiene como propósito aportar insumos a los procesos de toma de decisiones relacionados con el diseño y ejecución de la estrategia, las políticas y las acciones en materia de seguridad nacional; y operar el «Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública».
El CNI sustituyó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) con el inicio de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre de 2018.
Historia Antecedentes
Los servicios de inteligencia mexicanos han sido formales desde la finalización de la revolución mexicana con la creación del Departamento Confidencial de la Secretaría de Gobernación de la presidencia de Plutarco Elías Calles en 1923. Años después, en 1935, Lázaro Cárdenas crearía el Departamento de Investigación Política y Social (DIPS) para vigilar a su oposición política, su sucesor, Manuel Ávila Camacho haría lo mismo y comenzarían a formar el camino de vigilancia política para que una agencia de inteligencia más moderna sea formada.
En enero de 1947 se crea la Dirección Federal de Seguridad, la agencia de inteligencia hasta 1985, la cual sería artífice de la Guerra sucia en México al perseguir a los opositores políticos y cometer violaciones a los derechos humanos al crear la desaparición forzada en México, diferentes formaciones paramilitares para asesinar, desaparecer y ejecutar a estudiantes y activistas de la época, como lo fueron Los Halcones o el Batallón Olimpia, esto provocó el surgimiento de diversos grupos guerrilleros que buscaban subvertir a los gobiernos en turno, como lo fueron la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Frente Estudiantil Revolucionario, Fuerzas de Liberación Nacional o Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo, entre muchos otros; como respuesta el gobierno invirtió en el fortalecimiento de la DFS y sus fuerzas armadas, creando la Brigada Blanca para erradicar a la LC23S. Este nivel de poder concentrado principalmente en tres hombres, Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro hizo que la agencia tuviera diversos escándalos por sus métodos, objetivos y corrupción, como la creación de los cárteles de narcotráfico y colaboración con el Cártel de Guadalajara, asesinato del periodista Manuel Buendía y del agente de la Administración de Control de Drogas Enrique Camarena Salazar. La atención mediática a estos casos causó la desaparición de la agencia en 1985.
Para sustituir a la DFS se creó el Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (DISEN) el mismo año, pero por su liderazgo ausente y falta de eficacia para cambiar el rumbo de la elección presidencial de 1988, al ganar Carlos Salinas de Gortari pediría que se volviera a formar, creando el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en 1989. Dentro de la administración del CISEN se crearon diferentes estándares para la administración de la inteligencia en el país, como la Ley de Seguridad Nacional en 2005, y el Programa de Seguridad Nacional en 2009. Se encargó de la inteligencia durante la Guerra contra el narcotráfico a partir de 2008 y la vigilancia a la oposición política en los sexenios posteriores a Miguel de la Madrid.
Durante su carrera política y campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador criticó fuertemente al CISEN por su arraigada práctica de investigar a los disidentes políticos de la administración en turno y, en general, a los individuos que se consideraban un riesgo para estas. Formación Tras la victoria presidencial de López Obrador el dos de julio de 2018, el 18 de octubre, el entonces diputado federal Mario Delgado Carrillo presenta la iniciativa en la Cámara de Diputados de transformar al CISEN en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), donde se planteaba que terminaría con las labores de inteligencia y vigilancia política y se centraría meramente en labores de seguridad, sin embargo, la transformación del CISEN en el CNI se trató solo de un cambio de imagen, al mantener las facultades, estructura y personal del CISEN. La agencia sería creada formalmente el 30 de noviembre de 2018 al entrar en vigor la reforma al artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde pasaría a manos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y todas las leyes que nombrasen al CISEN serían referidas al funcionamiento del CNI. Durante el primer informe del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se volivó a declarar que esta nueva formación de la agencia tendría como objetivo proteger la seguridad e integridad del Estado mexicano.
La agencia se econtró estancada en una etapa de transición durante sus primeros años, donde la mayoría de su personal serían aquellos que fueron contratados jóvenes durante el levantamiento zapatista, aunque mantuvo el mismo presupuesto que el CISEN durante sus últimos años (alrededor de 2 mil 490 millones 693 mil 791 pesos), para brindar una estabilidad interna. El cambio de adscripción brindó la posibilidad de deshacerse de las estructuras que cometían el espionaje político, y se enfocaran estrictamente en labores de seguridad, aunque se mantuvo la elaboración de una Agenda Nacional de Riesgos, la ESISEN, y diversos sistemas de inteligencia, como el uso de Pegasus, para combatir a la delincuencia organizada. Críticos plantean que esta adscripción merma adrede la diferencia entre seguridad nacional y seguridad pública para que no haya diferencia entre la inteligencia política y la inteligencia criminal.
Desarrollo Debido a la naturaleza de la agencia, la información disponible actualmente es limitada, solo se conocen detalles por medio de filtraciones o declaraciones públicas.
El 26 de febrero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto por el cual se deberían de hacer públicos los archivos clasificados del pasado pertenecientes a las agencias de inteligencia del país por su rol en la Guerra sucia, principalmente de la DFS, incluyendo al CISEN, los archivos de la DFS y DGIPS fueron publicados y liberados casi un año después, mientras que el CNI entregó solamente 10 legajos al Archivo General de la Nación el 28 de septiembre de 2020, en agosto de 2023 transfirieron siete archivos más,Pérez Ricart, Carlos (10 de agosto de 2023), ¿Dónde están los archivos del CISEN?, Sin Embargo. pero entre ese mismo mes y septiembre el AGN reportó que 922 expedientes, siete expedientes, 309 fojas, cinco mutilaciones y seis fotografías fueron sacados sin permiso por el CNI, fue hasta septiembre de 2024 que el CNI entregó más de 600 mil documentos al AGN, sin embargo estos no han sido publicados por el AGN a día de hoy.
Entre 2020 y 2022 se reportó el hurto de más de 80 bienes del Centro, valuados en tres millones de pesos, entre los que se encuentran una Jeep, dos sedán, dos camionetas pickup, una motocicleta, una videograbadora, una micrograbadora y un transmisor de señal. Ninguno de estos contenían alguna forma de información sensible.
En 2021 se hizo publica una investigación internacional sobre la adquisición y uso de Pegasus por parte de Amnistía Internacional y varias organizaciones colaboradoras, entre las que se encontraba Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Red en Defensa de los Derechos Digitales, quienes encontraron los contratos entre el CISEN y la Secretaría de la Defensa Nacional con el distribuidor del Grupo NSO en México, este escándalo llegó al presidente quien decidió explorar el tema durante su conferencia matutina, donde negó el uso del software durante su administración y ordenó dar a conocer los contratos entre su gobierno y NSO, pero la Sedena, Secretaría de Marina y CNI se abstuvieron de hacer publicaciones pertinentes, y el Centro censuró partes importantes de los contratos antiguos del CISEN.
En ese mismo año el Centro sufrió un recorte masivo de personal y salarios, cambiando la estructura interna de la agencia.
Dentro del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional de México de 2022 se encontró que la agencia trabaja en constante colaboración con la Sedena y Fiscalía General de la República para elaborar inteligencia y vigilancia a diferentes objetivos de interés nacional, ya sea criminales, como la conexión entre el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro y Adán Augusto con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, o políticos, como diferentes grupos políticos anarquistas estudiantiles.
Después de que en 2018 AMLO haya firmado un decreto para esclarecer los hechos de la Desaparición forzada de Iguala de 2014, y en 2020 haya regresado el GIEI, el 29 de marzo de 2022, el Grupo Interdisciplinario, durante la presentación de su tercer informe sobre el caso, especificó que el ejército no estaba correspondiendo las órdenes de entregar todos los documentos sobre el caso en su posesión, y que la única institución que sí entregó debidamente el material correspondiente fue el CNI, entregando los videos de tortura grabados por el CISEN en las instalaciones del gobierno de Guerrero, PGR y Marina. Esto desembocó en que la FGR comenzara a investigar a uno de los agentes partícipes en la tortura, el alto mando del CNI Ignacio Mendoza con la carpeta FED/SEIDO/UEITA/561/2020, quien, tras no presentarse a su primera audiencia el 1 de junio y una segunda el 20, alegando un caso de COVID-19, se le aprobó una orden de aprehensión por un juez federal de control, sin embargo su aprehensión no ha sido concretada y sigue prófugo a día de hoy, convirtiéndose en el primer agente del CISEN y CNI en serlo.
En 2023 la agencia pasaría por otra reestructuración, removiendo mandos superiores y recortando sus salarios, así como una reforma estricta que supone, otra vez, el abandono al espionaje político y social.
El 25 de septiembre de 2023 dos mil estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa protestaron en las instalaciones del Centro por los desaparecidos de Ayotzinapa, arrojando cócteles molotov y vandalizando el exterior de la sede, gritando las consignas «¡Ni un minuto de silencio!», «¡Una vida de lucha!» y «¡Fue el Estado!».
Después de su victoria electoral, Claudia Sheinbaum hizo el nombramiento de Omar García Harfuch como su siguiente secretario de Seguridad el 4 de julio de 2024, cuestión que causaría controversia ya que su padre es Javier García Paniagua, excomandante de la DFS (1976-1978) y su abuelo paterno es Marcelino García Barragán, exsecretario de la defensa (1964-1970), por lo que ambos tendrían papel de autoría dentro de la masacre de Tlatelolco, la matanza del Jueves de Corpus y la Guerra Sucia en México y Harfuch estaría a cargo del nuevo servicio de seguridad e inteligencia.
El 18 de septiembre se haría conocido que Francisco Almazán Barocio se convertiría en el nuevo director del CNI, quien habría sido un perfil cercano a Harfuch durante su administración como Secretario de Seguridad de la Ciudad de México al ser el jefe de la Policía de Investigación de la Ciudad de México.