Rodrigo Rosenberg Marzano (Ciudad de Guatemala, 28 de noviembre de 1960 - ibídem, 10 de mayo de 2009) fue un abogado guatemalteco. Su homicidio creó polémica al revelarse un vídeo póstumo acusando que en caso de ser asesinado, los responsables de su muerte serían Gustavo Alejos, secretario privado de la Presidencia de Guatemala, Gregorio Valdés, Sandra Torres de Colom, la primera dama, y Álvaro Colom, Presidente de Guatemala. En enero de 2010, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala actuando por mandato de la Organización de las Naciones Unidas y dirigida por el fiscal español Carlos Castresana llegó a la conclusión de que el mismo Rosenberg fue realmente quien planeó su propio asesinato; Carlos Castresana, jefe de la CICIG en ese momento, enfatizó que era únicamente una hipótesis provisional, mientras que los hermanos José y Francisco Valdés Paiz, familiares de la exesposa del abogado fallecido, fueron hallados culpables en grado de complicidad en un juicio realizado a puerta cerrada.
En julio de 2013, dos testigos claves involucrados en los tres asesinatos -de Marjorie y Khalil Musa y del mismo Rosenberg- Mario Luis Paz Mejía y Manuel Cardona Medina, confesaron que habían sido presionados por los investigadores del Ministerio Público de Guatemala y la Comisión contra la impunidad en Guatemala, la CICIG, a dar una versión falsa sobre el involucramiento de los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Páiz, familiares de la exesposa de Rosenberg, y quienes habían sido acusados por colaborar sin saberlo con Rosenberg en la planificación de su propio asesinato. Paz, muy debilitado por el supuesto SIDA que padecía, indicó en 2013 que no conocía a los hermanos Valdés Páiz y que había intentado dar su declaración desde que la Corte de Constitucionalidad había ordenado que se escuchara su testimonio en julio del 2011, pero alegó que no lo había hecho porque «una serie de acciones legales interrumpieron el proceso».
Educación Rodrigo Rosenberg se graduó con honores por su alto rendimiento académico en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Obtuvo su primer título de Maestría en Derecho Internacional y Derecho Comparado de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y una segunda maestría en Derecho Comercial y el Derecho Internacional de la Universidad de Harvard.
Tenía más de veintiún años de experiencia como abogado. Su negocio se centró en las prácticas comerciales, Corporativo, Internacional, Marcas, Constitucional, Tributario y Derecho Procesal. Fue una parte del personal jurídico de la Firma de Abogados Rodríguez, Archila, Castellanos, Solares & Aguilar. Luego, fue nombrado Vicedecano de la Facultad de Derecho en la Universidad Rafael Landívar. Además, fue Presidente de la Junta de Directores de la Fundación CENAC (Centro de Arbitraje y Mediación) y miembro del Colegio de Abogados de Guatemala.
Muerte
Rosenberg fue asesinado a tiros el domingo 10 de mayo de 2009, mientras se ejercitaba en bicicleta cerca de su casa en la zona 14 Ciudad de Guatemala. En un vídeo póstumo grabado por el abogado, afirmó que Álvaro Colom en ese momento Presidente de Guatemala, sería el responsable en caso de él ser asesinado. «Si usted está viendo este mensaje», dice Rosenberg en el vídeo, «es porque fui asesinado por el presidente Álvaro Colom, con la ayuda de Gustavo Alejos», el secretario privado del presidente. Estas declaraciones desencadenaron una crisis institucional conocida en Guatemala como el Caso Rosenberg que inicialmente colocó al gobierno guatemalteco en una situación comprometida.
Se inicia el caso Rosenberg: Reacciones al video La polémica escaló en la mañana del martes 12 de mayo de 2009, cuando se vio el fiscal general y jefe del Ministerio Público Amílcar Velásquez, a cargo de la investigación, saliendo de la residencia privada del presidente Álvaro Colom. Tras su encuentro, las dos partes presentaron información contradictoria con respecto a sus motivaciones para una pronta reunión, que a su vez planteó mayor escepticismo entre los guatemaltecos al respecto de la imparcialidad de la Oficina del Fiscal. El mismo día, el presidente Álvaro Colom apareció en la televisión nacional para rechazar todas las acusaciones y pidió que una comisión de las Naciones Unidas y del Federal Bureau of Investigations -FBI- de los Estados Unidos investigaran el caso.
La siguiente entrevista del presidente fue con la cadena estadounidense CNN en Español, en la que Álvaro Colom afirmó que todo lo que decía en el vídeo el fallecido Rodrigo Rosenberg era completamente falso. El mismo día, los informes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) validaron la autenticidad del vídeo, no así de las declaraciones vertidas en él. Al día siguiente, el 13 de mayo, el entonces embajador de los Estados Unidos en Guatemala, Stephen G. McFarland, afirmó que personal del FBI había llegado al país centroamericano para ayudar en la investigación.
Investigación El martes 12 de enero de 2010, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), liderada por Carlos Castresana, concluyó, basado en evidencia circunstancial, que Rodrigo Rosenberg se había mandado a matar. A los nueve meses, el 22 de septiembre de 2010, varios miembros de la banda y familiares de la gente arrestada por haber asesinado a Rosenberg fueron también arrestados por participar en el asesinato de Khalil y Marjorie Musa, los clientes de Rodrigo Rosenberg, quienes habían sido asesinados tres semanas antes que la muerte de Rosenberg.
La pesquisa, que contó con la participación de trescientos funcionarios de once países y que requirió, entre otros esfuerzos, el análisis de cien mil llamadas telefónicas y la intercepción de catorce teléfonos, fue detallada por Castresana, quien presentó tomas de video, fotos, diagramas y documentos para sustentar sus conclusiones.
Aseguró que además de una decena de autores materiales y la participación de dos intermediarios, se logró confirmar la participación de dos autores intelectuales, los empresarios Francisco José y José Estuardo Valdés Paiz, primos de la primera esposa de malogrado jurista, con quienes tenía una relación muy cercana. Supuestamente, Rosenberg no sólo planeó el crimen -supuestamente sin decir a nadie que él mismo sería la víctima, sino indicando que deseaba eliminar a alguien que lo estaba extorsionando- sino fue quien supuestamente mandó comprar los teléfonos celulares con los cuales mantuvo comunicación con los asesinos materiales, y obtuvo de una transferencia bancaria desde Panamá los cuarenta mil dólares que se usarían para pagar por el hecho.
Castresana calificó a Rosenberg como “una persona honorable” y dijo que él sabía lo que hacía, y que estaba convencido de lo que explicó en su video divulgado horas después del crimen. Asimismo, la Comisión concluyó en que no hubo una conspiración política contra el presidente Álvaro Colom, y determinó que el video había sido producido por el periodista Mario David García Velásquez y Luis Mendizábal.
No todos estuvieron de acuerdo con la apreciación de la CICIG de que Rodrigo Rosenberg se mandó a ultimar y presentaron evidencia que supuestamente contradecía o vulneraba muchos de los puntos principales de la hipótesis presentada por la CICIG, o hacía surgir nuevas preguntas.
Luis López Florián: hombre de confianza de Rosenberg Luis López Florián había sido piloto y guardaespaldas de Rosenberg, e incluso fue su representante en negocios como Landosa Digital, S.A. Después de no poder negar que compró el primer teléfono celular -porque lo filmaron y le encontraron un recibo de la tienda con su nombre- López Florián dijo que había comprado un segundo teléfono en un lugar diferente, que no tenía su nombre registrado, que entonces pensó que había entregado a los hermanos Valdés. Este fue el teléfono que operó en la inmediación de Rosenberg cuando primero se compró y más tarde en los alrededores del intermediario, Cardona Medina, y que supuestamente se le entregó por medio del jefe de seguridad de los Valdés, un hombre que jamás ha aparecido. La CICIG no mencionó si el teléfono fue encontrado entre las pertenencias de Cardona Medina, únicamente que operó en su cercanía.
Se hicieron anotaciones en las cuentas de Rosenberg por la compra de los teléfonos, y se insinuó que posiblemente fue la secretaria de Rosenberg quien las escribió; por otra parte, los recibos del consumidor no fueron presentados como prueba, únicamente los de la tienda, y solo uno tenía el nombre de López Florián. Durante esta parte de la investigación había más de 300 policías involucrados en el caso, casi una docena de personas del Ministerio Público, y varios investigadores de la CICIG, quienes en algún momento tuvieron acceso a los documentos, especialmente antes que la teoría del suicidio se solidificara, nueve meses después del asesinato y cuatro meses después de capturados los autores materiales.
Rodrigo Rosenberg habló por celular con López Florián dos minutos antes de salir de su apartamento en la mañana en que ocurrió su asesinato, y le dijo que iba a salir a dar una vuelta en bicicleta. Es en ese momento que los sicarios reciben información sobre su objetivo, «el venado», quien fue inmolado diez minutos más tarde. La CICIG argumentó que esa información fue dada por el mismo Rosenberg, pero no presentó prueba más allá del testimonio de los expertos en telecomunicaciones sobre su supuesta ubicación esa mañana. El teléfono en sí jamás fue presentado como evidencia.
Mario Paz Mejía: colaborador eficaz Mario Paz Mejía, era un policía activo que al momento del asesinato tenía nexos con altas esferas de la PNC, y fue una de las personas originalmente capturadas y acusadas del asesinato en octubre de 2009; su versión habría sido corroborada por el resto de los miembros de la banda que participó en el asesinato. Paz Mejía fue dejado en libertad por haber colaborado con las autoridades y declarar que los hermanos José y Francisco Valdés Paiz, parientes de la exesposa de Rodrigo Rosenberg, fueron los autores intelectuales en el asesinato de Rosenberg.
De acuerdo con Lucas Josué Santiago López, otro de los arrestados y quien carecía de antecedentes penales en ese momento, Paz Mejía amenazó y ofreció dinero a su familia, para obligarlo a decir que él, Santiago López, había disparado contra Rosenberg. De acuerdo a Santiago López, en realidad quien disparó habría sido Paz Mejía, pero su testimonio en la corte fue ignorado y su sentencia aumentada a treinta y ocho años de prisión por no colaborar con las autoridades.
Lo que sorprendió a la opinión pública en ese momento fue la liberación de Paz Mejía, a pesar de la garantía dada por el fiscal Castresana de que nadie quedaría libre y que sólo reducirían la condena a los colaboradores eficaces; es más, la evidencia de su participación en el asesinato de los clientes de Rodrigo Rosenberg, Khalil y Marjorie Musa, lo comprometió y fue capturado nuevamente. En las declaraciones de este caso, se determinó que Santiago López fue, una vez más, el que hizo los disparos contra los Musa. En un artículo publicado sobre Rosenberg en el periódico sensacionalista estadounidense The New Yorker el escritor David Grann indicó que Rosenberg estuvo estudiando un video donde se muestra el asesinato de los Musa.
Intento de compra de testigo por parte del ministro de Gobernación El 12 de enero de 2010, Carlos Castresana explicó que el entonces ministro de gobernación, Salvador Gándara, presentó a Ovidio Batz Tax como testigo en las investigaciones, pero después de las averiguaciones se estableció que todo lo dicho por esa persona era falso. Castresana dijo que en la CICIG sabían que el exministro le había pagado cinco mil quetzales y que a los periodistas que cubrieron la entrevista les entregó una cantidad en sobres para que no lo fotografiaran a él ni al helicóptero que usó.