Los Sucesos de Gilena fueron una serie de manifestaciones ocurridas el 9 de octubre de 1931, durante la Segunda República Española. Se iniciaron con una huelga de un grupo de trabajadores y que terminaron en peleas severas entre los habitantes de Gilena, que dejaron un saldo de seis fallecidos y sesenta y nueve detenidos. Como en la mayor parte del ámbito rural andaluz y en el resto de España, la miseria convivía con la inmensa mayoría de las familias y el analfabetismo entre los jornaleros se acercaba a la totalidad. El campo andaluz fue un fuerte y constante foco de movilización y de extrema agitación social. Los más desfavorecidos esperaban con desesperación las mejoras que prometió la República. Esta desesperación fue la que lanzó a la calle de forma violenta a numerosos pueblos y ciudades, entre ellos Gilena, tras solo seis meses desde la proclamación del nuevo régimen. Aunque no se trata de un hecho aislado, se destaca de otras manifestaciones sociales producidas durante la Segunda República por su estallido tan prematuro, por su violencia (con la muerte de seis personas) y su repercusión (el caso fue informado a la prensa por el ministro de Gobernación Miguel Maura y fue llevado a las Cortes Generales por el diputado socialista Eladio Fernández Egocheaga).
Conflicto y movilización social La Segunda República es el período de mayor movilización política en España de todo el . La amplia libertad del nuevo sistema republicano permite el desarrollo de inquietudes políticas por parte de la clase trabajadora, lo que hará que el fuerte conflicto social, ya existente, aumente y desemboque en numerosas ocasiones en sucesos con enfrentamientos violentos.
En España, el número de afiliados al PCE rondaba los 800, el PSOE se acercaba a los 25.000 y, en cuanto a los sindicatos, la UGT contaba con 300.000 en 1930, pero ocho meses después de la proclamación republicana, la federación adscrita de la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra) para su implantación en el medio rural contaba con alrededor de 400.000, de los que 150.000 pertenecían a comités andaluces, y 15.000 a la provincia de Sevilla. Por otro lado, la CNT contaba con 800.000. De estos, 47.790 en 13 secciones sevillanas. Es decir, que la movilización, en Andalucía y en Sevilla, principalmente derivó en las posiciones y reivindicaciones más radicales.
En cuanto al número de huelgas, hay datos registrados para la provincia hispalense de 238 huelgas desde abril de 1931 hasta el estallido de la Guerra Civil; 48 de ellas en los ocho meses de 1931 y diez de ellas en el mes de octubre. No es casualidad que sea el mes cuando suceden los Sucesos de Gilena, puesto que dicho mes es época de recogida de aceitunas de verdeo y de molino y concentra el 90% de las huelgas durante toda la época republicana.
La situación en el medio rural, no sólo de Andalucía, sino del conjunto de la nación española, entre caciques y jornaleros era más tensa que nunca, además de que la mayoría de los obreros optó por las posiciones más radicales y por la vía de la Revolución; las protestas en numerosos casos derivaron, en ataques a la propiedad, con la destrucción de maquinaria agrícola, ocupaciones de fincas, incendios de cosechas, y robos. Estos conflictos violentos, que la historiografía ha denominado como “sucesos” fueron una constante durante la nueva República, como en los casos de los sucesos de Arnedo (La Rioja), de Castilblanco (Badajoz), de Aznalcóllar (Sevilla) o los famosos sucesos de Casas Viejas (Cádiz).
Pero estos no van a tener exclusivo carácter laboral. Las acciones de estos grupos fuertemente ideologizados recaerán también sobre el poder y patrimonio católico. De hecho, el primer conflicto importante que la II República tuvo que hacer frente fue de carácter religioso; en mayo de 1931 una docenas de iglesias fueron atacadas, como respuesta a una carta pastoral en la que calificaba la República como una grave amenaza para el país. El conflicto se inició en Madrid el 10 de mayo, cuando se inauguraba el Círculo Monárquico y sonó la Marcha Real y desde fuera se intentó un asalto, evitado por la Guardia Civil; al día siguiente 6 conventos fueron incendiados, declarándose el estado de guerra en Madrid. El conflicto se extendió a otros puntos del país, especialmente en Valencia y de nuevo Andalucía, en particular en Málaga y la provincia de Cádiz.
Los sucesos de Gilena
Panorama socioeconómico En este contexto histórico de crisis social económica y política se encuentra el pueblo de Gilena, a siete kilómetros de Estepa, con una población de 3.840 habitantes de hecho en 1930 y un crecimiento bastante importante en la década de 1920 dentro del período de transición demográfica de la época; con una elevada natalidad frente a un fuerte descenso de la mortalidad, motivado principalmente por las mejoras de las condiciones higiénico-sanitarias. Dos últimos brotes endémicos de viruela sacudieron fuertemente en 1922 y 1927, pero desde ese momento la crisis poblacional no va a tener carácter virulento, sino por la Guerra Civil y la emigración, sobre todo por el éxodo rural. La mayoría de los habitantes eran jornaleros, especialmente de la recolección de aceitunas en la que participaban casi todos los miembros de la familia. Las posibilidades laborales eran muy escasas y sólo se planteaban dos alternativas: la emigración o una reforma agraria que permitiese una redistribución de la propiedad. En cuanto a la propiedad, según la distribución de la riqueza rústica catastral en Gilena (datos de Pascual Carrión basados en el Catastro del 31-12-1931), había 335 titulares. Con 4.954 ha, cuatro fincas reunían el 48,2% del total, siendo la mayor parte propiedad del duque del Infantado, dueño del famoso cortijo “El Marqués”.
Las malas cosechas de los años 1930-1931 agudizan la situación de miseria. El Ayuntamiento solicita al gobernador civil, el 15 de noviembre de 1930, unas obras para el arreglo de los caminos vecinales y carreteras. Además, el 20 de diciembre se decidió repartir los obreros que careciesen de toda clase de bienes entre los escasos labradores del término; sin embargo, esto no se aplicaba estrictamente. En Gilena, existían alrededor de 800 obreros sin recursos.
La transición política Las elecciones del 12 de abril de 1931 no se celebran en algunas localidades por la aplicación del artículo 29 de la Ley de 1927, mediante el cual podían ser elegidos automáticamente todos los aspirantes a concejales si el número de estos igualaba al de vacantes a cubrir; así, en la comarca estepeña, no se celebraron elecciones en Gilena, Pedrera ni Badolatosa, donde estos aspirantes eran mayoritariamente monárquicos.
En Gilena, la formación municipal estaba compuesta por 11 concejales y quedó presidida por el que ya era alcalde, Alfonso Díaz Martin. Sin embargo, los grupos republicanos, especialmente los socialistas, muestran su rechazo al figurado proceso electoral y su afinidad con el nuevo régimen político. Los socialistas, aún no legalizados, muestran con claridad su perfecta organización, con su presidente Pablo Pozo, y llegan incluso a designar a su propio alcalde alternativo, Juan Antonio Páez, celebrando actos públicos desde el ayuntamiento, con destrozo de los retratos del Rey y la colocación de la bandera tricolor.
Así, el mismo gobernador civil de la provincia decide de forma provisional designar como representantes políticos del municipio a un grupo integrado por las diferentes formaciones políticas, pretendiendo corregir unas elecciones que no se podían considerar plenamente democráticas. Sin embargo, el 17 del mismo mes se vuelven a considerar como legítimos los resultados de las elecciones municipales, siendo de nuevo elegido alcalde a Alfonso Díaz Martín. Así, como en muchos pueblos se produce una extraña situación; la coexistencia de un estado republicano sobre una corporación de claro perfil monárquico. Con la intención de asentar las bases del nuevo régimen republicano, se decreta la convocatoria de nuevas elecciones municipales por parte del Ministerio de la Gobernación para aquellas localidades en las que el proceso se llevó con irregularidad o bien no se realizaran elecciones, como fue el caso de Gilena, mediante el artículo 29 de la Lay de 1927.
Así, se celebrarían elecciones el 31 de mayo de 1931. Las candidaturas fueron el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Republicano Radical. El Partido Republicano Radical aglutinaba a los propietarios agrícolas y a algunos obreros, su centro estaba situado en el Casino y siguió vigente tras la Guerra Civil; los socialistas eran mayoritariamente obreros, contando con más de 800 afiliados y su centro se llamaba La Amistad. La fuerte tensión entre los ambos bandos se fue agravando día a día, hasta el punto en que se vio necesario el enviar más fuerzas de la Guardia Civil.
La participación fue de un 87,38%, siendo elegidos 11 concejales, 7 PSOE y 4 PRR. El mismo 30 de mayo se celebra la votación en la que Manuel Luna Conejo obtiene 5 votos, Pablo Pozo Jiménez obtiene 2 y 4 votos en blanco (correspondientes al Partido Republicano Radical) con lo que sin una mayoría absoluta se volvería a celebrar el 17 de junio donde los miembros de IR si se posicionarían, así Manuel Luna Conejo con 8 votos a favor frente a uno sólo para Pablo Pozo Jiménez. El nuevo ayuntamiento quedó constituido de la siguiente manera:
Alcalde - Manuel Luna Conejo (PSOE) 1.º Teniente alcalde – Pablo Pozo Jiménez (PSOE) 2.º Teniente alcalde – Antonio Reina Jurado (PSOE) Concejal – Ramón Reina Carvajal (PSOE) Concejal – Pedro Montero Jurado (PSOE) Concejal – Manuel Rodríguez Páez (PSOE) Concejal – José Ruiz Díaz (PSOE) Concejal – José Ruiz Díaz (PRR) Concejal – Jerónimo Muñoz Moreno (PRR) Concejal – José Moreno Martínez (PRR) Concejal – Felipe Amador Jurado (PRR)
Pero este bipartidismo no era una realidad a nivel nacional; en las elecciones generales de 1931 se manifiesta la tendencia al multipartidismo propio de la II República. Los resultados muestran una escasa diferencia de votos entre PSOE y el Partido Radical Republicano que alcanzan conjuntamente del 70% de los votos; el resto se lo reparten la Derecha Liberal Republicana, Partido Republicano Radical Socialista, Partido Comunista de España, Candidatura Republicana Revolucionaria y el Partido Republicano Democrático Federal.
El principal problema para las nuevas autoridades municipales fue la angustiosa situación de crisis de trabajo, que afectaba la mayoría de la población. Ninguna de las medida adoptadas por el Gobierno civil sirvió para paliar tan grave problema; 2000 pesetas que se envían en junio de 1931 como auxilio para el paro forzoso y destinado para el arreglo de calles, ni la creación de un fondo sobre la propiedad rústica de una peseta por fanegas de tierra en el término de Gilena, propuesta de la patronal del 4 de julio; ni las medidas municipales de solicitar al Delgado de Hacienda el cobro directo de un 10% del recargo sobre las contribuciones con la finalidad de obtener recursos para paliar la crisis.
Una grave irregularidad provocó el enfrentamiento entre el grupo socialista y la minoría republicana: la confección de unos vales de dinero, con el sello oficial del Ayuntamiento, para pagar jornales a cuenta de la Bolsa de Trabajo que se había creado en el mismo. Había dado la autorización el segundo teniente alcalde, Antonio Reina Jurado. Tras la denuncia por parte de la prensa, en el periódico La Unión, el revuelo en la opinión pública provocó la inspección administrativa por parte del gobernador civil y la sustitución de la corporación municipal por una comisión gestora, compuesta por dos socialistas y uno de Partido Republicano Radical; sólo celebrará en el ayuntamiento la convocatoria extraordinaria de su formación, puesto que pocos días después ocurrirían los dramáticos “Sucesos”.
Crónica de los sucesos