El Banco Latino (fundado originalmente como Banco Francés e Italiano para la América del Sur, C.A.) fue una de las instituciones financieras más importantes y preclaras de Venezuela durante la segunda mitad del , llegando a consolidarse a principios de la década de 1990 como la segunda entidad bancaria del país en volumen de depósitos y captaciones.
Caracterizado históricamente por una agresiva estrategia comercial, una constante vanguardia tecnológica y una sólida cartera de fideicomisos públicos, institucionales y de la industria petrolera nacional, el banco se convirtió en el epicentro de la crisis bancaria de 1994 tras ser excluido de la Cámara de Compensación del Banco Central de Venezuela (BCV) en enero de ese año. Su caída e intervención a puertas cerradas desencadenaron un efecto dominó que afectó a más de la mitad del sistema financiero venezolano y precipitaron la reestructuración profunda de la legislación bancaria del país.
Historia
Orígenes y fundación (1939-1950) Los antecedentes de la institución se remontan a 1939, en las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. El empresario ítalo-venezolano Pompeo D’Ambrosio mantenía desde Venezuela una intensa actividad de intercambio comercial con firmas italianas como Fiat y la Perugina. Durante un viaje a Italia, D'Ambrosio consolidó una profunda amistad con Giovanni Serventi, representante de la Banca Commerciale Italiana. Juntos sostuvieron reuniones con altos directivos de dicha corporación, a quienes sugirieron la viabilidad de fundar un banco comercial en Venezuela, fundamentados en las extraordinarias proyecciones de crecimiento económico derivadas de la naciente explotación minera y petrolera de la nación.
La Banca Commerciale Italiana era la principal accionista de la Banque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud con sede en París, consorcio financiero que ya controlaba las instituciones bancarias más influyentes en Argentina, Colombia, Brasil y Perú. Serventi, quien residía en Bogotá como presidente de la filial colombiana del grupo, asumió la coordinación del proyecto y realizó frecuentes viajes a Caracas. Aunque el estallido del conflicto bélico mundial paralizó los planes, estos se reactivaron inmediatamente al culminar la guerra debido al masivo flujo migratorio europeo —particularmente italiano— hacia territorio venezolano.
La casa matriz de París encomendó a Serventi y a D’Ambrosio la tarea de agrupar a un destacado núcleo de empresarios locales para dar forma legal a la institución. Reflejando la composición multinacional de sus promotores, la primera Junta Directiva combinó elementos franceses, italianos e ítalo-venezolanos, quedando integrada por Rafael Pizani, Armando Palenzona, Alfredo D’Ambrosio, Nicolás Dominici, Enrique Benedetti, Frederick D’Orgeval, Giovanni Serventi, José P. Paparoni, Elbano Adriani, Raymond Vis, Enrique Tejera París, René Bouillette y Antonio De Stéfano. El renombrado jurista y académico Dr. Rafael Pizani fue seleccionado para asumir la presidencia de la Junta tras redactar los estatutos y guiar la constitución legal de la empresa.
El objeto social inscrito formalmente en el Registro de Comercio el viernes 17 de febrero de 1950 definió a la entidad para «todas las operaciones y negocios bancarios tales como préstamos, depósitos, cambio, transferencias de fondos, descuento, compra y venta de oro y otros metales preciosos», bajo la denominación de Banco Francés e Italiano para la América del Sur, C.A. El capital social inicial se fijó en Bs. 3.750.000 (equivalentes a 1.119.403 dólares estadounidenses de la época, a la tasa de cambio de 3,35 Bs./$3), enterándose en caja el 20% obligatorio (Bs. 750.000). La Banque Française et Italienne pour l'Amérique du Sud suscribió el 61,4% del paquete accionario (4.605 acciones), asegurando el control absoluto del banco por parte del grupo financiero extranjero, mientras que Armando Palenzona adquirió el 6,7% y el resto de los socios minoritarios se repartieron el remanente.
Primeros años y expansión comercial (1950-1959) El banco inició formalmente sus operaciones comerciales el 31 de agosto de 1950 en el Edificio Sucre, situado entre las esquinas de Traposos y Chorro, en el casco central e histórico de Caracas. La zona constituía el corazón financiero de la capital, donde coexistían firmas tradicionales como la Casa Boulton, el Banco de Venezuela, el Banco Mercantil y Agrícola, el Banco de Maracaibo y el Royal Bank.
Bajo la administración inicial del funcionario europeo Walter Donati, el banco se erigió como una respuesta directa a las necesidades financieras de la pujante colonia de inmigrantes italianos. Este grupo social, caracterizado por una alta disciplina de ahorro, requería una institución bancaria que comprendiera su idioma y facilitara el envío de remesas a sus familiares en Europa, así como el financiamiento para establecer sus propios negocios. El crecimiento de la entidad estuvo íntimamente ligado al auge de la industria de la construcción y al desarrollo de grandes obras públicas durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Para atender la demanda, el banco inició la apertura de sus primeras agencias en el interior y la capital: Maracaibo, Sabana Grande y Quinta Crespo fueron fundadas en ese orden conceptual hacia 1953.
El crecimiento sostenido obligó a la institución a expandir sus espacios físicos, llegando a mudar su Oficina Principal el 3 de mayo de 1956 a una imponente y moderna sede propia: el Edificio Sudameris, ubicado en la Avenida Urdaneta.
Al finalizar la década de 1950, el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez el 23 de enero de 1958 impuso un severo reto financiero al banco. La Junta de Gobierno presidida por Wolfgang Larrazábal demoró el reconocimiento de las deudas contraídas por el régimen depuesto con contratistas y constructores privados, la mayoría de ellos clientes de origen italiano fuertemente expuestos con el banco. El clima de incertidumbre provocó quiebras masivas y retrasos generalizados en los pagos. Solamente la Sucursal del Este de la institución acumuló obligaciones demoradas por Bs. 14 millones, una cifra crítica considerando que el capital del banco ascendía a Bs. 31 millones. El Banco Francés e Italiano logró superar este bache gracias al auxilio financiero directo inyectado por su casa matriz de París. Para el 31 de diciembre de 1959, la entidad mostraba una sólida recuperación, reflejando Bs. 172 millones en depósitos, Bs. 157 millones en créditos y ganancias netas por Bs. 1.229.738, operando una red de 17 agencias interconectadas mediante sistemas de teletipo y radiotelefonía.
Pionero en innovación y tecnología bancaria A partir de la década de 1960 y durante las etapas subsiguientes de los años 70 y 80, la institución (que posteriormente adoptaría el nombre comercial de Banco Latino) centró su estrategia corporativa en la diferenciación mediante la vanguardia tecnológica y la flexibilización de los servicios tradicionales de la banca comercial venezolana. La entidad se posicionó de manera consistente como pionera en la introducción de productos de consumo masivo y corporativo, entre los cuales destacaron:
Horario corrido y servicios extendidos: Fue la primera institución en romper el esquema rígido de taquilla de la época, introduciendo el horario corrido de atención al público y extendiendo sus servicios comerciales a los días sábados y domingos.
Automatización y cajeros electrónicos: Lideró la instalación de redes de cajeros automáticos a nivel nacional, facilitando el acceso a efectivo fuera del horario bancario habitual.
Oficinas interconectadas en tiempo real: Desarrolló plataformas informáticas avanzadas que permitieron la actualización instantánea de cuentas y transacciones desde cualquier agencia del país.
Banca virtual corporativa: Introdujo sistemas de conexión vía módem directamente con los departamentos de tesorería de las empresas, optimizando el manejo de nóminas, transferencias y saldos comerciales.
Captación de fideicomisos institucionales y petroleros Durante las administraciones de los presidentes Luis Herrera Campins y Jaime Lusinchi, el Banco Latino desarrolló una de las divisiones de fideicomisos más robustas y lucrativas del mercado financiero nacional. La reputación técnica de la entidad le permitió adjudicarse la custodia y administración de los fondos de prestaciones sociales, cajas de ahorro y fondos de jubilación de los sectores más estratégicos del país.
Contrario a los señalamientos posteriores de sus detractores, ninguna de las contrataciones fiduciarias de la industria petrolera nacional se firmó durante la posterior gestión pública de Pedro R. Tinoco hijo en el Banco Central de Venezuela. Todos los contratos se formalizaron durante su ejercicio en la actividad privada dentro del Banco Latino, bajo rigurosos parámetros de licitación y competencia comercial. Las fechas ciertas de protocolización de los principales fideicomisos petroleros e institucionales del grupo incluyeron:
Corpoven: 30 de julio de 1982.
Maraven: 11 de agosto de 1984.
Lagoven: 5 de noviembre de 1985.
Intevep: 30 de enero de 1986.
Petróleos de Venezuela (PDVSA): 6 de enero de 1986.
Cepet: 31 de agosto de 1987.
Pequiven: 3 de mayo de 1988.
Palmaven: 6 de julio de 1988.
Asimismo, los fondos de previsión social de los cuerpos de seguridad y defensa del Estado fueron captados con amplia anterioridad al año 1989, destacando los fideicomisos de la Policía Técnica Judicial (PTJ), firmado el 14 de abril de 1983, y de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), formalizado el 5 de julio de 1986. Para el cierre de 1993, la División de Fideicomisos del Banco Latino administraba una masa de recursos que ascendía a Bs. 130.870 millones, superando el volumen total de depósitos en cuentas corrientes y de ahorro de la propia institución, y consolidando al banco como el principal acreedor fiduciario del Estado y del sector laboral transable.
El auge como Mega-Banco y los conflictos de control (1989-1993)
La era de Pedro R. Tinoco y Gustavo Gómez López En 1989, con el inicio del segundo mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez, el sistema financiero venezolano entró en una fase de liberalización y desregulación de las tasas de interés y los mercados de capitales. Pedro R. Tinoco, quien venía desempeñándose como el principal estratega y jefe del Grupo Latino, fue designado presidente del Banco Central de Venezuela (BCV). Debido a la obvia inhabilitación institucional de Tinoco para ejercer funciones gremiales, la conducción del holding financiero privado y la presidencia del Banco Latino fueron asumidas por Gustavo Gómez López, quien simultáneamente pasó a ocupar la primera vicepresidencia del Consejo Bancario Nacional y la representación del sector bancario ante el directorio del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE). Bajo la dirección de Gómez López, y con Siro Febres-Cordero integrando el Comité de Crédito y la Junta Directiva, el Banco Latino experimentó un crecimiento acelerado e inusitado, ascendiendo vertiginosamente en el escalafón financiero hasta consolidarse de manera indiscutible en la segunda posición del ranking bancario nacional en volumen de activos, captaciones y depósitos del sector público.
La batalla por el control del Banco de Venezuela