thumb|Embarque de moriscos en el Grao de Valencia, pintado en 1613 por Pedro Oromig. La expulsión de los moriscos de España fue ordenada por el rey Felipe III y llevada a cabo de forma escalonada entre 1609 y 1613. Los primeros moriscos expulsados fueron los del Reino de Valencia (el decreto se hizo público el 22 de septiembre de 1609), a los que siguieron los de Andalucía (10 de enero de 1610), Extremadura y las dos Castillas (10 de julio de 1610), en la Corona de Castilla, y los de la Corona de Aragón (29 de mayo de 1610). Los últimos expulsados fueron los del Reino de Murcia, primero los de origen granadino (8 de octubre de 1610), y más tarde los del valle de Ricote y el resto de moriscos antiguos (octubre de 1613). Tras la promulgación de los decretos de expulsión, se celebró el 25 de marzo de 1611 en Madrid una procesión de acción de gracias «a la que asistió S. M. vestido de blanco, muy galán», según relató un cronista. En total fueron expulsadas unas 350 000 personas, la mayoría de ellas de los reinos de Valencia y de Aragón que fueron los más afectados, ya que perdieron un tercio y un sexto de su población, respectivamente.
Antecedentes
La población morisca consistía en unas 325 000 personas en un país de unos 8,5 millones de habitantes. Estaban concentrados en los reinos de Aragón, en el que constituían un 20 % de la población, y de Valencia, donde representaban un 33 % del total de habitantes, mientras que en la corona de Castilla estaban más dispersos, llegando en algunos casos, aunque excepcionales, a concentrarse en torno al 50 % de la población, como en Villarrubia de los Ojos, según investigó Trevor J. Dadson; en este ejemplo concreto, el ejercicio efectivo de la desobediencia civil impidió su desarraigo. A esto hay que añadir el incremento de la población morisca, especialmente en el reino de Valencia, donde había aumentado de 19 800 a 30 000 familias en solo 30 años, lo que inquietó tanto a las autoridades, que decidieron suspender el censo para no asustarse con la progresión que iba siempre presentando. Sin embargo, el hispanista holandés Govert Westerveld afirma haber demostrado mediante árboles genealógicos que el crecimiento de la población morisca no era bastante superior al de la cristiana vieja, como se creía. Las tierras ricas y los centros urbanos de esos reinos eran mayormente cristianos viejos, mientras que los moriscos ocupaban la mayor parte de las tierras pobres y se concentraban en los suburbios de las ciudades, dedicados a las únicas tareas que las leyes les dejaban practicar: la albañilería, la agricultura, la medicina y algunas ramas de la artesanía, ya que los gremios cristianos fueron estrictamente excluidores de los moriscos.
En Castilla la situación era muy distinta: de una población de seis millones de personas, entre los moriscos sumaban unos 100 000 habitantes. Debido a este porcentaje mucho menor de población morisca, posiblemente el resentimiento por parte de los cristianos viejos hacia los moriscos fuera menor que en la corona de Aragón.
Un gran número de eclesiásticos apoyaba la opción de dar tiempo, una opción en parte apoyada por Roma, pues consideraban que una total conversión requería de una prolongada asimilación en las creencias y sociedad cristianas. La nobleza aragonesa y valenciana era partidaria de dejar las cosas como estaban, pues estos eran los grupos que más se beneficiaban de la mano de obra morisca en sus tierras. El campesinado, sin embargo, los veía con resentimiento y los consideraba rivales. Con esta medida, la Corona de España pretendía consagrar su unidad católica.
Causas miniatura||La Expulsión de los Moriscos, dibujo de Vicente Carducho. (Gabinete de Dibujos, Estampas y Fotografías del Museo del Prado, Madrid). Como han destacado Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent, la expulsión de los moriscos es un problema histórico «intrincado por la multiplicidad de factores y porque, a pesar de que poseemos abundante documentación de primera mano, las razones que inclinaron finalmente a la Corona hacia la solución más drástica no están bien aclaradas, ni acaso lo estén nunca».
Entre las causas que se han aportado para explicar la expulsión figuran las siguientes: La mayoría de la población morisca, tras más de un siglo de su conversión forzada al cristianismo, continuaba siendo un grupo social aparte, a pesar de que, excepto en Valencia, la mayoría de las comunidades habían perdido el uso de la lengua árabe en favor de las lenguas romances, y de que su conocimiento del dogma y los ritos del islam, religión que practicaban en secreto, era en general muy pobre. Tras la rebelión de las Alpujarras (1568-1571), protagonizada por moriscos granadinos, los menos aculturados, fue tomando cada vez mayor peso la opinión de que esta minoría religiosa constituía un verdadero problema político que podía poner en riesgo la continuidad de la Monarquía Hispánica. Esta opinión se veía reforzada por las numerosas incursiones de piratas berberiscos, que en ocasiones eran facilitadas o festejadas por la población morisca y que asolaban continuamente toda la costa mediterránea. Los moriscos empezaron a ser considerados una quinta columna, y unos potenciales aliados de turcos y franceses. El temor de una posible colaboración entre la población morisca y el Imperio turco otomano en contra de la España cristiana. Cabe destacar que los turcos suponían la mayor amenaza para los intereses de la Corona Española; de ahí que una alianza entre moriscos y turcos, los primeros presionando desde la propia España y los últimos desde el Mediterráneo, podría haber resultado fatal. El comienzo de una etapa de recesión en 1604 derivada de una disminución en la llegada de recursos de América. La reducción de los estándares de vida pudo llevar a la población cristiana a acentuar su resentimiento respecto de los moriscos. Una radicalización en el pensamiento de muchos gobernantes tras el fracaso por acabar con el protestantismo en los Países Bajos. El intento de acabar con la idea que corría por Europa sobre la discutible cristiandad de España a causa de la permanencia de los moriscos. Con esta decisión se acababa con el proceso homogeneizador que había comenzado con la expulsión de los judíos y ratificaba la cristiandad de los reinos de España. Aunque esta no era la opinión popular, que solo la veía con cierto resentimiento por competencia de recursos y trabajo. De hecho, Domínguez Ortiz y Bernard Vincent, afirman que «hay que descartar que el motivo fundamental [de la expulsión] fuera la presión de la opinión pública. Es verdad que en conjunto esta no les era favorable; pero peticiones masivas en pro de la expulsión no se encuentran ni en las Cortes ni en la literatura de la época; solo se pide que se ponga coto a ciertos desmanes, que se reprima el bandolerismo, que se les impida el acceso a ciertas profesiones... Las peticiones en pro de su expulsión solo partieron de contados individuos». Las opiniones acerca de la política a seguir respecto de los moriscos se encontraban muy divididas entre los que consideraban que se debía dar tiempo a su cristianización y los que proponían medidas extremas, como la expulsión.
El humanista Antonio de Nebrija, por su parte, percibía en su De bello Granatensi que los moriscos se habían aislado aún más tras la caída de Granada al ver el hundimiento de toda una forma de vida: «Se entregaron a sí mismos y a todas sus cosas, tan sagradas para ellos como profanas para nosotros».Se, omniaque sua tam sacra, quam profana nobis tradiderunt, Elio Antonio de Nebrija, Guerra de Granada (De bello Granatensi), ed., introducción y notas de María Luisa Arribas. Madrid: UNED, 1990, pp. 98-99.
Precedentes inmediatos de la expulsión thumb|Francisco Gómez de Sandoval, marqués de Denia y duque de Lerma, valido de Felipe III de España. Felipe III, al poco tiempo de acceder al trono en 1598 tras la muerte de su padre Felipe II, realizó un viaje al Reino de Valencia acompañado de su valido Francisco Gómez de Sandoval, marqués de Denia y duque de Lerma, gran señor de moriscos y portavoz de la nobleza valenciana opuesta a la expulsión. Cuando se marchó de allí en mayo de 1599 el rey escribió una carta al arzobispo de Valencia y patriarca de Antioquía, Juan de Ribera —un firme partidario de la expulsión— en la que le daba instrucciones precisas para la evangelización de los moriscos mediante la predicación y la difusión de un catecismo que había escrito su antecesor en el arzobispado. Estas instrucciones fueron acompañadas de un edicto de gracia expedido por el inquisidor general.
Pero la evangelización se realizó con excesivo celo inquisidor ya que los predicadores que envió el patriarca Ribera a las poblaciones moriscas mezclaron las exhortaciones para que se convirtieran con las amenazas y además redujo unilateralmente el plazo del edicto de gracia de dos años a uno, lo que le fue recriminado por el Consejo de Estado que aconsejó moderación pues «no convenía decir a los moriscos antes de tiempo su perdición» –como afirmó la junta de Madrid que se ocupaba del tema- y que ordenó que fueran recogidos los edictos amenazadores de Ribera que habían causado inquietud entre los moriscos.
Por otro lado, en la corte había un sector partidario de las medidas extremas debido a las relaciones que mantenían los moriscos con el rey de Francia, por lo que enfocaban el «problema morisco» desde una perspectiva exclusivamente político-militar —en una reunión del Consejo de Estado de 1599 se llegó a proponer que los varones moriscos fueran enviados a servir como galeotes en la Armada Real y sus haciendas confiscadas, y que las mujeres y los ancianos fuesen remitidos al norte de África, mientras que los niños quedarían en seminarios para ser educados en la fe católica—. thumb|left|Juan de Ribera, arzobispo de Valencia. Uno de los clérigos que más batallaron a favor de la expulsión fue el dominico Jaime Bleda, autor de la Defensio fidei in causa neophytorum... (Valencia, 1610) y de la Corónica de los moros de España (Valencia, 1618)Bleda, Coronica de los moros de España dividida en ocho libros, en Valencia, en la impresión de Felipe Mey, 1618, ejemplar digitalizado en la Biblioteca valenciana digital. Hay edición moderna a cargo de Rafael Benítez Sánchez-Blanco con estudio introductorio de Bernard Vicent, Coronica de los moros de España, Universitat de València, 2001, . y que fue nombrado por el arzobispo de Valencia Ribera párroco de la localidad morisca de Corbera. Otros clérigos fueron mucho más lejos, como el obispo de Segorbe Martín de Salvatierra, que proponía deportar a los moriscos a Terranova y castrarlos, o el prior de Calatrava que abogaba por embarcarlos en navíos barrenados y sin aparejos.
Por su parte el arzobispo Ribera envió dos memoriales al rey en los que insistía también en la expulsión. En el primero, fechado a finales de 1601, afirmaba que si no se expulsaba a los moriscos «he de ver en mis días la pérdida de España». En el segundo, de enero de 1602, los calificaba de «herejes pertinaces y traidores a la Corona Real», pero en él hacía una «tan curiosa como absurda» distinción entre los moriscos de señorío, que era el caso de la inmensa mayoría de los moriscos valencianos y aragoneses, y los de realengo, la mayoría de los castellanos, que estaban sueltos, por lo que solo pedía la expulsión de estos últimos –conservando el rey los que quisiera para el servicio de las galeras o para trabajar en las minas de Almadén, lo cual podría hacer «sin escrúpulo alguno de conciencia»-, ya que los primeros podían ser finalmente convertidos gracias a la perseverancia de sus señores. «Lo inconsecuente de esta actitud salta a la vista y sólo cabe achacarla a las presiones que ejercerían las clases altas valencianas sobre el Patriarca, y a su propio convencimiento de las ruinosas consecuencias que tendría para aquel reino una decisión a la vez deseada y temida», afirman Antonio Domínguez Ortiz y Bernard Vincent.