El Caso Lázaro Báez es un caso de corrupción argentino que incluye dos procesos judiciales. En uno, la investigación se inició en abril de 2013 y concluyó el 24 de febrero de 2021, sobre una denuncia contra el empresario Lázaro Báez, y otras personas, en la cual el juez interviniente procesó por el delito de lavado de activos por resolución del 18 de abril de 2016. La referencia al proceso es caso N.º 2627 (expte. 3017/2013/To2), está caratulada como Báez, Lázaro Antonio y Otros S/Encubrimiento y Otros.
El Tribunal impuso a las firmas Austral Construcciones, Top Air S.A., OACI S.A. y Real Estate Investment Fiduciaria S.A, una multa correspondiente a dos veces el monto de las operaciones en que intervinieron. La firma Helvetic Services Group perdió su personería jurídica y recibió una multa correspondiente a siete veces el monto de las operaciones.
Lázaro Báez permaneció en arresto domiciliario. La defensa de Lázaro Báez denunció que su detención era una supuesta violación de los derechos humanos al exceder el plazo de dos años de detención sin juicio que admite el Pacto de San José de Costa Rica.
En 2021, el Tribunal Oral Federal N°4 condenó por considerar penalmente responsables del delito de lavado de activos agravado a: Lázaro Báez condenado a 12 años de cárcel, su hijo, Martín Antonio Báez, a 9 años de prisión, su otro hijo Leandro Antonio Báez a 5 años, sus hijas Luciana Sabrina Báez y Melina Soledad Báez a 3 años, su contador Daniel Pérez Gadín a 8 años, su abogado, Jorge Chueco, a 8 años, Fabián Virgilio Rossi a 5 años, César Gustavo Fernández a 5 años, Juan Alberto Rasis a 6 años, Julio Enrique Mendoza a 6 años, Eduardo Guillermo Castro a 5 años, Walter Adriano Zanzot a 5 años, Federico Elaskar a 4 años, Martín Andrés Eraso a 4 años, Claudio Fernando Bustos a 4 años, Carlos Juan Molinari a 4 años, Daniel Alejandro Bryn a 3 años, Alejandro Ons Costa a 4 años, Jorge Norberto Cerrota a 2 años y Leonardo Fariña a 5 años de prisión.
Esta condena con el decomiso del producto del delito fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal el 28 de febrero de 2023, aunque la pena finalmente impuesta a Lázaro Báez fue de 10 años de prisión, a Martín Báez de 6 años y 6 meses de prisión, a Chueco y Pérez Gadín de 6 años y 4 meses, a Julio Mendoza de 5 años, a Juan De Rasis, César Fernández, Eduardo Castro y Fabián Rossi de 4 años y 6 meses, a Jorge Leonardo Fariña de 3 años y 6 meses, a Elaskar, Bustos, Ons Costa, Eraso y Leandro Báez a 3 años en suspenso, a Zanzot a 2 años y 6 meses en suspenso, a Molinari a 3 años y 6 meses y a Bryn a 2 años en suspenso. A su vez, la Casación absolvió a Melina y Luciana Báez.
En 2024, además, Lázaro Báez fue condenado por el Tribunal Oral Federal y Criminal Nº4 a cuatro años y seis meses de prisión por lavado agravado de dinero por 14 millones de dólares y Leonardo Fariña fue condenado a dos años y medio que se sumarán a sus sentencias anteriores sumando cuatro años. Fabián Rossi cinco años de prisión y Federico Elaskar cuatro años de prisión Daniel Pérez Gadin recibió otra condena por cuatro años. Jorge Óscar Chuecorecibió otra condena a tres años y seis meses.
La otra causa es por el direccionamiento de obras viales a favor de Austral Construcciones, Del Curto Construcciones, Gotti Hermanos y Loscalzo, Kank y Costilla y Sucesión de Adelmo Biancalani, todas constructoras del empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también fue acusada de ser parte de esta asociación ilícita junto a otros 12 procesados. El 80% de las obras viales de Santa Cruz fueron adjudicadas por el estado a esas constructoras del acusado Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista, entre 2003 y 2015. Están acusados de asociación ilícita y los funcionarios de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Antecedentes thumb|250px|Madero Center.
En el 2008 la abogada y política argentina Elisa Carrió denunció a Báez por asociación ilícita por obra pública.
En abril de 2013, el programa Periodismo para Todos conducido por el periodista Jorge Lanata realizó una investigación periodística conocida como "La Ruta del Dinero K".
La investigación de Lanata incluyó el testimonio audiovisual de Federico Elaskar y Leonardo Fariña (este último mediante una cámara oculta), admitiendo ambos su participación y el rol de Báez como testaferro de Néstor Kirchner. Las maniobras financieras habrían sido realizadas para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros en un lapso de seis meses y en el desvío de fondos públicos adjudicados a empresas de Lázaro Báez para la realización de obra pública. Días después ambos desmintieron sus propios dichos. Acerca de Lanata, Fariña dijo «Acá hay un tipo que es golpista, que usó mi imagen durante dos años para generarme un problema utilizándome. ¿Cómo puedo ser testaferro de una persona si no tengo bienes a mi nombre?» Fariña, también desmintió que «maneje guita» o sea «testaferro» de Lázaro Báez. «¿Cómo puedo ser testaferro de una persona sin tener una cuenta a mi nombre?», justificó.
Denuncias judiciales
Además de la denuncia original de Margarita Stolbizer, el abogado particular Alejandro Sánchez Kalbermatten realizó dos denuncias basadas en el contenido del reportaje de Lanata, y luego se realizó otra por la diputada Elisa Carrió. El 15 de abril de 2013, el juez Sebastián Casanello quedó a cargo de la investigación de los movimientos de Leonardo Fariña y de Federico Elaskar en la financiera SGI y el posible lavado de activos con dinero de Lázaro Báez.
El juez cuestionó el accionar de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), en particular del fiscal antilavado Carlos Gonella. Pero en diciembre de 2014 la Cámara Federal cuestionó el trabajo del juez, destinó la causa contra las acciones del PROCELAC al juez Martínez de Giorgi. Asimismo, instó al juez Casanello a realizar «una radiografía de la situación patrimonial y financiera de todos los investigados, incluidos Báez y su familia, así como de sus empresas». En julio de 2016, la Cámara volvió a remarcarle al juez realizar una investigación más profunda de los hechos e incluir sobre un posible «acuerdo de voluntades entre Báez (y su grupo económico) y Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que se inició a partir de las relaciones personales (y/o comerciales privadas) pero que habría derivado en la asignación y realización de negocios con el dinero estatal».
En 2016, además de Lázaro Báez, fueron procesados su hijo Martín Antonio, Daniel Pérez Gadín, Sebastián Pérez Gadín, César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot, Jorge Oscar Chueco, Julio Enrique Mendoza y Claudio Fernando Bustos.
Cargos
El art. 303 del Código Penal dispone:
El carácter autónomo del delito es el que determina que la investigación relativa al blanqueo de capitales deba comprender la adquisición y utilización de los bienes ilícitamente obtenidos, sin necesidad de que se haya acreditado con sentencia previa la existencia de un delito subyacente.
Procesados Lázaro Báez
thumb|200px|right|Mausoleo de Néstor Kirchner. Lázaro Báez Rodríguez es un empresario argentino de Corrientes, Argentina, donde vivió su infancia. Posteriormente se radicó en la provincia argentina de Santa Cruz. Contrajo matrimonio con Norma Calismonte y fueron padres de Luciana, Melina, Leandro y Martín Báez. En 1990 entabló una relación con Néstor Kirchner, quien entonces cumplía su último año de intendencia en Río Gallegos y comenzaba el lanzamiento de su campaña para disputar la gobernación, elección que ganaría al año siguiente.
Báez terminó el colegio secundario y trabajó muchos años como empleado bancario, tanto en el Banco Nación como en el Banco de la Provincia de Santa Cruz. Desde 2005 ascendió rápidamente por la enorme cantidad de obras públicas adjudicadas a sus empresas, que obtuvieron el 82 % de las licitaciones en contratos estatales otorgados por el gobierno de la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner. Conformó el directorio de Austral Construcciones S.A., que obtuvo la mayor cantidad de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en ese período, y que ganó el 12 % de los contratos licitados por el Ministerio de Planificación, siendo Julio de Vido el ministro, y en cinco años recibió 4000 millones de pesos en contratos estatales y 1200 millones en contratos de la provincia de Santa Cruz. Por otro lado, la empresa «Austral Construcciones», fue investigada por supuesto lavado de dinero en el Principado de Liechtenstein, situación que fue descartada por el Juez Federal Julián Ercolini.http://Archivan%20una%20causa%20por%20lavado%20contra%20Lázaro%20Baéz https://www.clarin.com/economia/Archivan-causa-lavado-Lazaro-Baez_0_S1rMG78pPQl.html
Según un informe, dentro de las obras de esta empresa podrían destacarse la construcción de un edificio en un terreno cedido por Kirchner a Báez en Río Gallegos, del cual Kirchner se habría quedado con diez de los departamentos nuevos, y el Mausoleo de Néstor Kirchner construido tras su muerte. Además Lázaro Báez es dueño de las firmas petroleras Epsur SA y Misahar SA. También se presentaron como querellantes la Oficina Anticorrupción; la Unidad de Información Financiera (UIF); y la AFIP. El 80% de las obras viales de Santa Cruz fueron adjudicadas por el estado a esas constructoras del acusado Lázaro Báez durante el gobierno kirchnerista, entre 2003 y 2015. Según el primer dictamen judicial, el empresario simuló una competencia en la licitación pero todas las empresas le pertenecían. Además, las 51 obras adjudicadas al Grupo Báez solo terminaron 26 y en una sola obra cobraron el monto pactado. En el resto cobraron mucho más, incluso con el 387% de incremento agregado por la empresa.
Detención y condena El 5 de abril de 2016 quedó detenido, y días después se le negó el pedido de excarcelación.
El 25 de abril de 2016 se realizaron allanamientos a cargo de la Adminitración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Unidad de Información Financiera (UIF) y fuerzas de seguridad con funcionarios judiciales en unas 50 propiedades, para constatar con qué dinero fueron comprados los bienes, tales como: escrituras, artículos de lujo, vehículos, tasación de propiedades, etc. Según el Tribunal de Tasación de la Nación, la suma de todas esas propiedades asciende a los 140 millones de dólares.
El 29 de abril de 2016 Lázaro Báez pidió protección para sus hijos ya que habrían sido amenazados.
El 12 de mayo de 2016, la UIF pidió a la justicia que dicte la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 compañías cuya propiedad se atribuye Báez y de otros acusados en la causa, como Austral Construcciones, Gotti S.A y la constructora Kank y Costilla, ambas de Báez, el Club Boca Juniors de Río Gallegos, S.G.I. la financiera de Daniel Pérez Gadín, y de Helvetic Service Group, y las firmas Epsur y Misahar, entre otras.
En mayo de 2016, Leandro Báez, hijo menor de Lázaro Báez, recusó al juez de la causa. La reacusación fue rechazada por el juez y elevada. • El fiscal de la causa, Guillermo Marijuán, ofreció a Leandro declarar como "colaborador" en la causa en la que su padre está procesado y detenido por lavado de dinero. En septiembre de 2020 recibió el beneficio del arresto domiciliario, el cual se mantiene vigente hasta el día de hoy.
Daniel Pérez Gadín Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez que está procesado y detenido, es el presidente de la empresa Jumey S.A, que compró el campo uruguayo El Entrevero por un valor de 14 millones de dólares. El señor Santiago Lizarraga también fue contable y abogado en innumerables casos de este. El 5 de abril de 2016 fue detenido y guarda prisión en Ezeiza, y se le negó el pedido de excarcelación. Fue sentenciado a 8 años de prisión.
Martín Báez