thumb|Portada de la revista Cauce, burlándose de la censura durante la dictadura militar (1973-1990) de Augusto Pinochet. Los niveles de censura en Chile han variado considerablemente a través del tiempo. La libertad de prensa en Chile se inició con su Acta de Independencia en 1818, junto con las libertades de educación, de comercio y culto.
Desde la segunda mitad del , el mayor período de censura en el país se vivió durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Sin embargo, desde el inicio de la transición a la democracia, la censura en los medios se ha mantenido en varias ocasiones hasta la actualidad.
Historia Colonia En las colonias americanas se establecieron sedes de la Inquisición, las cuales tuvieron a su cargo la fiscalización de la internación de libros por los puestos fronterizos y servicios aduaneros. Los comisarios allí apostados, funcionarios del tribunal, registraban las cargas y equipajes de los navíos que desembarcaban en busca de impresos. En su Historia del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Lima (1596-1820), José Toribio Medina da cuenta de varios procesos por lectura y tenencia de libros prohibidos ejecutados durante el , los cuales, sin embargo, no terminaron con condenas importantes.
La censura recayó incluso sobre algunos libros de temática religiosa. Uno de ellos fue la obra del jesuita Pedro de Torres Excelencias de San José, varón divino, patriarca grande, publicada en 1716. La prohibición que afectó a los escritos de la orden jesuita se endureció luego de su expulsión de los territorios de la Monarquía. Un caso emblemático es el de Manuel Lacunza y su obra Venida del Mesías en gloria y majestad, la cual fue vetada por su afiliación a la doctrina milenarista, según juzgó la Inquisición. Junto con impedir la circulación de impresos de los hermanos de la Orden, también se fomentó la divulgación de otros que impugnaban su obra y los principios de su espiritualidad.
Algunas de las ideas que más circularon en Chile de forma clandestina —sobre todo desde mediados del — fueron aquellas contenidas en el programa ilustrado. En sus viajes a Europa, un grupo de criollos tomaron contacto con este movimiento y regresaron a Chile trayendo consigo ejemplares de algunas de sus obras emblemáticas, como la Enciclopedia de Diderot, los escritos de Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Linguet, Marmontel, Helvétius, Holbach y D'Alembert, además de una serie de tratados científicos, exponentes del saber experimental que florecía en el Viejo Mundo. El estallido de la Revolución Francesa provocó que las autoridades redoblaran la vigilancia aplicada a los libros, con el fin de evitar que el germen insurgente se desarrollara en la conciencia de los criollos. Con todo, el flujo de libros ingresados por contrabando nunca cesó y se volvió cada vez más recurrente en círculos intelectuales ávidos de nuevas ideas. Los mismos que, a la postre, se convertirían en protagonistas del movimiento independentista nacional.
Uno de los primeros condenados en Chile por la Inquisición fue el español Alonso de Escobar, denunciado por «palabra escandalosa y mal sonante contra nuestra religión cristiana y una de las opiniones de Martín Lutero y sus secuaces, y porque conviene saber la verdad y remediallo con justicia y castigar semejante herejía».
La Constitución de 1833 aseguró la libertad de publicación sin censura previa y el derecho de juicio ante cualquier condena de abuso de esta libertad, conforme a la ley. En 1846 se promulgó una ley sobre la libertad de imprenta, reaccionaria a los principios liberales establecidos en la Constitución de 1828; su función fue reglamentar el uso de la imprenta, sancionando las publicaciones que contuvieran información inmoral, sediciosa o injuriosa. Las medidas contra estos abusos a la libertad, fueron penas de presidio, destierro o multas monetarias. Tales condenas recaían directamente en el impresor, quien por ley solicitaba la autorización del Gobierno para establecer una imprenta, y debía responsabilizarse por todo escrito publicado. En la práctica, estas medidas cohibieron la proliferación de prensa opositora, la cual en esta época fue casi nula. Su existencia se redujo a la actividad de pequeños periódicos clandestinos de muy corta duración, que surgían generalmente en el contexto de alguna elección presidencial o parlamentaria.
A comienzos de la década de 1830, el debate público se encendió respecto al tipo de libros censurados. Al asumir como vicario de Santiago en 1830, Manuel Vicuña Larraín nombró a personas de su confianza como revisores de los libros que se importaban. Las críticas a las medidas por ellos adoptadas —como la prohibición del ingreso de la novela Delfina de Madame de Staël y del Tratado de gentes de Emerich de Vattel—, no tardaron en hacerse escuchar. Así lo demuestran las notas publicadas en El Correo Mercantil, e incluso en El Araucano —periódico oficialista de la época—, cuyo editor era Andrés Bello. Bajo la firma de «Unos amantes de la Ilustración», se denunciaron allí los continuos ataques a las ideas ilustradas por parte de la institucionalidad eclesiástica. El propio Andrés Bello, en el mismo número, reforzó estas críticas en su editorial, señalando que los libros censurados no merecían semejante sanción. Continuando con la discusión, en el siguiente número Bello reflexionó sobre la importancia de instruir al pueblo para que pudiera discernir por sí mismo la conveniencia de una lectura.El Araucano, nº 84, 21 de abril de 1832.
El debate continuó el 23 de noviembre en el mismo periódico, donde prevaleció la opinión de que solo debían prohibirse los libros que hubieran «aniquilado todos los principios de la moral»,El Araucano, Nº 115, 23 de noviembre de 1832. la religión y la decencia, no así los escritos científicos. Además se solicitó que los censores no fueran designados exclusivamente por la Iglesia, sino «hombres de verdadera ilustración» nombrados por el Gobierno. Esta demanda finalmente se acogió a fines de 1832, conformándose juntas de censura laicas.
República presidencial En el convulsionado ambiente del año 1925, con ocasión del golpe de Estado que provocó la renuncia del mandatario Arturo Alessandri Palma, se puso en vigencia un decreto ley que otorgaba facultades al Presidente para fiscalizar o censurar "en caso de guerra o conmoción interna", todos los medios de publicidad, servicios de transmisión de noticias y correspondencia privada. A partir de ese momento, las décadas del veinte y el treinta estuvieron marcadas por las continuas prohibiciones impuestas a diversos medios de comunicación opositores a los gobiernos de turno.
Una vez que el coronel Carlos Ibáñez del Campo (1877-1960) subió al poder en el año 1927, comenzó a llevarse a cabo una política de represión sostenida a los partidos y organizaciones políticas y sindicales que mostraran una postura crítica al gobierno. Según Gonzalo Vial en su Historia de Chile, el régimen ibañista se sostuvo en el sometimiento de la prensa, el congreso y los partidos y en la aplicación de censura sobre correspondencia, cine, radioemisoras, teléfonos y reuniones gremiales. Una de las pocas declaraciones públicas al respecto señalaba que la prensa debía fiscalizar «con elevación y altura de miras los actos del Gobierno» y «no aprovechar esta libertad para hacer propaganda revolucionaria desquiciadora».Flores, Jorge. La dictadura de Ibáñez y los sindicatos. p. 28 Con ese argumento y bajo un estilo claramente autoritario, se procedió al cierre de toda la prensa considerada por el Gobierno como revolucionaria. Asimismo, se procedió al cierre de órganos de difusión de sindicatos y federaciones de trabajadores, que componían una de las fuerzas periodísticas más populares de la época: los periódicos obreros. Uno de los casos más polémicos fue la clausura del diario Justicia, periódico oficial de la Federación Obrera de Chile (FOCH).
Aquellos periódicos que no fueron cerrados, quedaron sometidos a una vigilancia permanente. Para ello se estableció que toda casa editorial debía contar con una autorización oficial para la publicación de sus revistas y periódicos. Más aún, se designó un censor que revisara y aprobara la información emanada de los nuevos periódicos más importantes del periodismo moderno (1900-1920). El diario El Mercurio, de reconocida inclinación hacia el ibañismo, no experimentó mayor sobresalto en este período; distinta suerte corrieron La Nación, diario que fue expropiado en 1929 y su dueño, Eliodoro Yáñez, obligado a salir del país, y El Diario Ilustrado, que fue intervenido.
Durante el gobierno de Salvador Allende fueron suspendidas las transmisiones de 155 radioemisoras privadas tras la declaración del estado de excepción en el marco del paro de octubre de 1972.
Dictadura militar thumb|Quema de libros en Chile durante los primeros días de la dictadura militar. A partir del golpe de Estado de 1973, que dio comienzo a la dictadura militar de Augusto Pinochet, la nueva Junta Militar de Gobierno comenzó un proceso sistemático de censura de cualquier obra y pensamiento de corte izquierdista. Se inició una persecución política de los opositores del nuevo régimen y una represión militar. Durante este período se produjeron numerosas violaciones de los derechos humanos, las cuales se extendieron hasta 1990.
Apenas comenzada la dictadura, se inició un proceso de destrucción sistemático de distintas obras artísticas y sociales creadas durante el gobierno de la Unidad Popular. Los militares iniciaron una quema masiva de libros de bibliotecas públicas y privadas, cuyos contenidos en varias ocasiones no estaban relacionados con política. Se inició una fuerte censura en la literatura que desató un decaimiento en el mercado editorial. Varios creadores debieron optar por el tráfico clandestino de sus obras. Los medios de comunicación, universidades, periódicos, radios, televisión, fueron intervenidos; en el caso de Televisión Nacional de Chile, los militares ingresaron y destruyeron parte de su archivo fílmico. Los medios de comunicación, controlados por el gobierno, también ejercieron «autocensura» de contenidos; por ejemplo, la serie Holocausto fue adquirida por Televisión Nacional de Chile (TVN), sin embargo no fue emitida hasta el fin de la dictadura.
Transición a la democracia thumb|Manifestación con lienzo en contra del periódico El Mercurio, aludiendo a la frase «El Mercurio miente» Durante la transición a la democracia ha existido censura establecida por el Poder Judicial. Como ejemplo está Impunidad diplomática, libro del periodista Francisco Martorell que aborda las escandalosas circunstancias que llevaron a la exoneración de Oscar Spinosa Melo, exembajador de la Argentina en Chile durante el gobierno de Carlos Menem. En Chile fue prohibido tras el acogimiento de un recurso de protección interpuesto por el empresario Andrónico Luksic Craig, aludido en el libro.
En 1993, los ejemplares del libro Ética y servicios de inteligencia de Humberto Palamara, al igual que los originales del texto, fueron incautados por orden del Juzgado Naval de Magallanes, con tal de mantener la confidencialidad del mismo. Palamara era un oficial retirado de la Armada de Chile, y su libro buscaba establecer estándares para el adecuado funcionamiento de los organismos de inteligencia. La publicación del libro fue prohibida por la Armada al considerar que atentaba contra la seguridad y defensa nacional, iniciando además un procedimiento penal en contra del autor que finalizó con su condena por el delito de desacato, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema. Palamara presentó una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile, lo que derivó en una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, a través de una sentencia dictada en 2005, concluyó que el país había violado una serie de derechos fundamentales del denunciante, entre ellos la libertad de expresión.