La guerra peruano-ecuatoriana de 1858-1860 (conocida en el Perú como guerra con el Ecuador o campaña contra Ecuador; y en Ecuador como invasión peruana de 1859, el bloqueo de Guayaquil o la ocupación de Guayaquil) fue un conflicto bélico que enfrentó a las repúblicas del Perú y Ecuador. Comenzó el 26 de octubre de 1858, cuando la Marina de Guerra del Perú bloqueó la costa ecuatoriana y finalizó el 25 de enero de 1860, con la suscripción del Tratado de Mapasingue.
Antecedentes
Virreinato del Perú Hasta antes de 1717, el territorio americano del Imperio español estaba dividido en dos grandes dependencias: el Virreinato del Perú y el Virreinato de Nueva España. En ese año, como parte de las reformas borbónicas del Rey Felipe V de España en la ciudad de Segovia (España), se escinde del Virreinato del Perú, uno nuevo, el Virreinato de Nueva Granada; medida decretada el 27 de mayo de 1717 por una Real Cédula.
En 1802, el rey Carlos IV, el 15 de julio, dictó una Real Cédula, a inspiración de Francisco Requena, según la cual, el Gobierno de Maynas y el Gobierno de Quijos, así como las misiones establecidas en los ríos que desembocan en el Marañón, que pertenecían hasta entonces al territorio de la Real Audiencia de Quito, pasaban a la jurisdicción política y eclesiástica del Virreinato del Perú. Asimismo, en 1803, el mismo monarca dictó otra Real Cédula que indicaba que Guayaquil también pasaba a formar parte del Virreinato del Perú.
En 1815 la Gobernación de Guayaquil solicitó al Rey de España que la separase del Virreinato de Perú y la adhiriera al de Nueva Granada. El 23 de junio de 1819, según Real Cédula, el rey de España otorgó dicha petición y así Guayaquil volvió a la jurisdicción de la Real Audiencia de Quito, pero ello ocurrió en medio del fragor de la lucha revolucionaria, por lo que pasó desapercibido.
Disputas entre Perú y la Gran Colombia
right|200px|thumb|Organización territorial de la Gran Colombia en 1825. Consumada la independencia de la Gran Colombia (correspondiente a los países actuales de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá) y del Perú, Simón Bolívar se mantuvo como Dictador en el Perú y decretó algunas medidas que contrariaron indistintamente a diversos sectores de la sociedad peruana.
Debido a ello, los elementos nacionalistas y liberales de Lima se alzaron, hasta acabar con el régimen vitalicio a inicios de 1827, lo que a la postre enrarecería las relaciones entre las dos nacientes repúblicas, la Gran Colombia y el Perú. Existían también desacuerdos concretos en cuanto a cuestiones fronterizas entre los dos países, exactamente por Tumbes, Jaén y Maynas (todos ellos pertenecientes al Perú, de acuerdo al principio de la libre determinación de los pueblos y al uti possidetis) y Guayaquil (anexada a la Gran Colombia).
El 3 de julio de 1828, la Gran Colombia, por intermedio del mismo Libertador Simón Bolívar, declaró la guerra al Perú exigiendo, entre otras cosas, la entrega de los territorios peruanos de Tumbes, Jaén y Maynas a la Gran Colombia.
El último encuentro librado en este conflicto fue la batalla del Portete de Tarqui (27 de febrero de 1829). La batalla dio inicio cuando una avanzada peruana de reconocimiento compuesta por alrededor de 1000 hombres, se vio cercada por el ejército de la Gran Colombia. A pesar de la derrota, el grueso de las fuerzas peruanas se mantuvo intacto, esperando la batalla final, que nunca sucedió pues se firmó entre ambas naciones el Tratado Larrea-Gual, el 22 de septiembre del mismo año, en Guayaquil. Este tratado no fue un tratado de límites, sino de “paz y amistad”; sin embargo reconoció que el límite entre la Gran Colombia y el Perú debía ser el mismo que existió entre los virreinatos de Nueva Granada y el del Perú, quedando así como la base de referencia para un futuro trazado de límites, estableciéndose asimismo el procedimiento para realizar la demarcación definitiva (que estaría a manos de una comisión demarcatoria de límites integrada por miembros de ambos países). En definitiva, no hubo cambios territoriales, al mantenerse la situación previa al conflicto (statu quo).
Con la disolución de la Gran Colombia, y no habiéndose cumplido varios de los puntos de Tratado de 1829, este instrumento caducó.
Relaciones entre el Perú y Ecuador 200px|thumb|Reproducción del artículo “Perú y Ecuador” publicado en el diario El Comercio de Lima, el 3 de marzo de 1842, edición que también publicó el texto de la Real Cédula de 1802. El 13 de mayo de 1830 surgió como estado independiente la República del Ecuador, tras la disolución de la Gran Colombia. La flamante república se erigió sobre la base de los territorios de la antigua Audiencia de Quito, más Guayaquil. En ese instante, no hizo reclamos sobre Tumbes, Jaén y Maynas, que pertenecían al Perú en base al principio de libre determinación de los pueblos y al Uti Possidetis de 1810 (en el caso de Maynas).
Una vez constituido el Estado Ecuatoriano, sus políticos consideraron que debía negociarse con el Perú la firma de acuerdos y tratados, particularmente para trazar la frontera entre ambos países, sobre todo en la parte amazónica. El primer tratado celebrado entre el Perú y Ecuador fue el Tratado Pando-Novoa, suscrito el 12 de julio de 1832 por el ministro de gobierno y relaciones exteriores del Perú, José María Pando, y el ministro plenipotenciario de Ecuador, Diego Noboa (futuro presidente de Ecuador). En él se reconocían y respetaban los límites vigentes entre ambas naciones, a la espera de la celebración de un convenio de arreglo de límites. Ello implicaba que ambas partes consideraban ya sin validez al Tratado Larrea-Gual de 1829.
Fue recién entre 1841 y 1842 cuando Ecuador inició públicamente su reclamo al Perú de los territorios de Jaén y Maynas, incitado por el derrocado gobernante peruano-boliviano Andrés de Santa Cruz y algunos de sus partidarios refugiados en Guayaquil, tras el fin de la Confederación Perú-Boliviana. Para sustentar su reclamo, el Ecuador hizo una interpretación diferente de diversos artículos del Tratado de 1829, que ahora reclamaba como vigente. Este reclamo lo hizo aprovechando la coyuntura de la guerra entre Perú y Bolivia; una vez finalizada esta guerra, cesó temporalmente en su reclamo.
El conflicto Origen En 1856 subió al poder en Ecuador el general Francisco Robles, aunque siguió teniendo influencia en el gobierno el anterior presidente, José María Urbina, por lo que se puede afirmar, sin exagerar, que ambos gobernaban de la mano el país.
El presidente Robles se propuso solucionar, contando con la aprobación del Legislativo, un problema heredado de la época de la independencia: el asunto de la “deuda inglesa”. Esta era la deuda externa contraída por la Gran Colombia, que ascendía a de libras esterlinas; y que, cuando se dividió dicha entidad geopolítica en tres estados (Nueva Granada, Venezuela y Ecuador), se decidió que cada uno de los ellos lo heredara en partes proporcionales. A Ecuador le tocó el 21.5 % de la deuda total, o sea la suma de de libras esterlinas y 5 chelines. Robles ideó cancelar parte de dicha deuda mediante la concesión de tierras baldías en el Oriente y en la Costa. Para tal efecto, el 21 de septiembre de 1857 se celebró el Contrato Icaza-Pritchett, firmado por el Encargado de Negocios de Inglaterra, señor George S. Pritchett, y por el ministro de Hacienda ecuatoriano Francisco de Paula Icaza.
Mediante dicho contrato, el Estado ecuatoriano entregaba a los acreedores ingleses, representados por la Compañía Inglesa de Terrenos Ecuatorianos (Ecuador Land Company) los siguientes territorios:
Cabe señalar que los territorios de Zamora y Canelos se hallaban en el Oriente, y el resto pertenecía a la Costa. En total, el precio fijado no sobrepasaba los pesos, que solo cubrían en parte la deuda inglesa (la cual, al cambio de 5 pesos por libra esterlina, equivalía a pesos).
Si bien el gobierno ecuatoriano sostenía que se trataba de territorios no explotados y baldíos, no dejó de tener opositores dentro del mismo Ecuador, reacios a cualquier transacción con una potencia extranjera. Pero, de otro lado, ocasionó la protesta del Perú, ya que se disponían de territorios peruanos, como si fuesen ecuatorianos, como lo hizo notar el ministro plenipotenciario del Perú en Quito, señor Juan Celestino Cavero. En efecto, la concesión a los británicos en lo concerniente al cantón de Canelos abarcaba la zona de los ríos Pastaza y Bobonaza, que el Perú consideraba suyos sosteniéndose en la Real Cédula de 1802, el principio del uti possidetis de 1810 y, en la práctica, por haber ejercido en ellos su posesión, de manera continua desde los albores de la República.
Crisis diplomática 200px|thumb|Ramón Castilla, presidente del Perú
El ministro peruano Cavero pidió al gobierno de Ecuador la suspensión del convenio con los ingleses y la celebración de un tratado de límites peruano-ecuatoriano a plazo fijo, para zanjar de una vez el asunto limítrofe, cuya solución se había venido postergando. Ecuador aceptó en lo concerniente al tratado y anunció que enviaría una delegación a Lima, pero se negó tajantemente a suspender el arreglo con los ingleses.
Cavero trató de agotar todas las medidas conciliatorias posibles, aunque en algunas ocasiones se extralimitó en sus declaraciones. El ministro de relaciones exteriores de Ecuador, doctor Mata, hizo también unas declaraciones, que complicaron más la situación. Hay que señalar también que la acción diplomática peruana contra la concesión de tierras a extranjeros fue apoyada por Colombia, Chile y Estados Unidos.
Agravó más el conflicto la llegada a Quito de un ejemplar de la Gaceta Oficial de Bogotá, en el cual se publicaba un comunicado del cónsul granadino en Quito, donde este revelaba que Cavero le había anunciado que el Perú ocuparía Guayaquil para obligar a Ecuador a llegar a un arreglo. El gobierno ecuatoriano pidió explicaciones a Cavero por dicho comunicado. Cavero no dio explicaciones y el gobierno ecuatoriano le entregó su pasaporte el mes de julio de 1858. Cavero volvió a Lima el 5 de agosto de 1858. En el mismo mes, el Perú exigió la restitución de Cavero para proseguir cualquier negociación. Rechazada esta exigencia en septiembre de 1858, el gobierno peruano envió un ultimátum el 1 de octubre de 1858 para que se reconociese a Cavero, pero Francisco Robles lo rechazó.
Por ley del 26 de octubre de 1858 el Congreso peruano autorizó al gobierno de Castilla a emplear toda medida, inclusive la guerra, para obtener satisfacciones de parte del Ecuador. En virtud de dicha autorización, Castilla ordenó el bloqueo pacífico de toda la costa ecuatoriana. El bloqueo fue llevado a cabo por una escuadra al mando del contralmirante Ignacio Mariátegui, a bordo de la fragata Amazonas, y se inició el 4 de noviembre.
Castilla, poco después de ordenar el bloqueo, reforzó paulatinamente los destacamentos en el norte del Perú e hizo concentrar en Piura algunos cuerpos de tropa, en número de 2000, con la misión de cuidar la frontera y mantenerse a la expectativa.
Causas del conflicto En una circular a los diversos cuerpos diplomáticos y consulares, la Cancillería peruana señaló como causas del conflicto las siguientes:
Bloqueo peruano de la costa ecuatoriana miniatura|right|250px|La flota peruana que bloqueó Guayaquil, atracó en el Callao. En la foto el BAP Apurímac (luego Callao), comandado por el Contralmirante Ignacio Mariátegui Una escuadra de la Marina de Guerra del Perú, bajo el mando del vicealmirante Ignacio Mariátegui y Tellería, bloqueó la costa ecuatoriana, afectando, principalmente, a Guayaquil, que estaba al mando del general ecuatoriano Guillermo Franco. Un incidente ocurrido en este puerto, llevó a Mariátegui a declarar rotas las hostilidades el 12 de agosto de 1859, pero el presidente Castilla dejó sin efecto esa declaratoria, el día 26.