El reinado de Juan Carlos I de España comenzó el 22 de noviembre de 1975, cuando el entonces príncipe de España Juan Carlos de Borbón juró las Leyes Fundamentales del Reino, ante las Cortes franquistas tras el fallecimiento del dictador Franco, que lo había designado como sucesor en 1969 y ratificado en 1971 como jefe de Estado en caso de ausencia o enfermedad. Su reinado terminó el 19 de junio de 2014, cuando abdicó a favor de su hijo Felipe de Borbón y Grecia, quien juró la Constitución de 1978 y fue proclamado rey por las Cortes Generales con el nombre de Felipe VI.
En los primeros años de su reinado tuvo lugar la transición a la democracia, por lo que España dejó de ser la única dictadura no comunista que quedaba en Europa. El nuevo rey asumió el proyecto del sector reformista de la élite política franquista que, frente a los inmovilistas, defendía la necesidad de introducir cambios graduales en las leyes fundamentales para que la nueva Monarquía fuera aceptada por la oposición antifranquista y en el conjunto de Europa.
Este proyecto fue el que intentó poner en marcha su primer gobierno, presidido por Carlos Arias Navarro, que ya había encabezado el último gobierno del general Franco. Sin embargo, ante las intensas movilizaciones que se produjeron en favor de la democracia y la incapacidad demostrada por Arias Navarro, Juan Carlos nombró en julio de 1976 al franquista reformista Adolfo Suárez nuevo jefe del Gobierno, para que llevara adelante el proceso de transición a la democracia sin que se produjera ninguna «ruptura» con el «régimen anterior».
Fue así como surgió la Ley para la Reforma Política que fue aprobada por las Cortes franquistas y revalidada en el referéndum de diciembre de 1976. Según esta nueva ley fundamental, se convocaban elecciones libres a unas Cortes elegidas democráticamente. El problema de Suárez fue conseguir que el proceso de transición «controlada» establecido en la Ley para la Reforma Política fuera aceptado por la oposición democrática ya que ésta, a cambio de abandonar la «ruptura democrática» y de participar en las elecciones, exigió que las instituciones franquistas fueran desmanteladas y que todos los partidos, sin excepción, fueran legalizados —incluyendo al Partido Comunista de España—. Superando graves dificultades, el presidente Suárez logró esos dos objetivos, y el 15 de junio de 1977 pudieron celebrarse las primeras elecciones libres desde 1936 .
Unión de Centro Democrático (UCD), el partido organizado desde el poder por el presidente Suárez, ganó las elecciones, aunque no por mayoría absoluta, y buscó un consenso con el resto de las fuerzas políticas — especialmente con el otro gran triunfador, el PSOE— para elaborar el nuevo marco jurídico que debía sustituir al de las leyes fundamentales del franquismo, además de hacer frente a la crisis económica, a la reaparición de la cuestión regional y al creciente terrorismo de ETA.
Así fue como se fraguó el modelo de transición política a la democracia, basado en la Ley de Amnistía de 1977, −en la que se incluyó todo lo que había sucedido durante la dictadura franquista, lo que constituyó un supuesto «pacto del olvido»−Santos Juliá, «Saturados de memoria», El País, 21 de julio de 1996 y en la aprobación de una Constitución de consenso, a cambio de que los partidos de izquierda abandonaran su pretensión de instaurar un modelo republicano. El 6 de diciembre de 1978 se celebró el referéndum que aprobó la nueva Constitución democrática.
Una vez refrendada la Constitución, el presidente Suárez convocó elecciones para marzo de 1979, que fueron ganadas por UCD pero nuevamente sin una mayoría absoluta. Durante los dos años siguientes, el partido del gobierno sufrió un agudo proceso de descomposición interna, que culminó con la dimisión de Adolfo Suárez en enero de 1981.
Al mes siguiente tuvo lugar un intento de golpe de Estado por parte de un sector del ejército, que pretendía paralizar el proceso democrático y que solo la decidida intervención del rey Juan Carlos I logró detener. Tras este conato de golpe conocido como 23-F, el nuevo gobierno de UCD, presidido por Leopoldo Calvo Sotelo, logró gobernar en gran medida gracias al apoyo que le dio el PSOE y su líder Felipe González, porque la autodestrucción de UCD continuó hasta que en octubre de 1982 se celebraron nuevas elecciones, ganadas de manera aplastante por el PSOE. Así accedió al poder un partido que había sido uno de los vencidos en la guerra civil de 1936-1939.
Después de 1982, el sistema democrático se consolidó y España vivió un largo período de estabilidad política en el que se produjo de forma pacífica la alternancia entre gobiernos de izquierda y de derecha, siguiendo el dictado de las urnas (el PSOE gobernó de 1982 a 1996 y de 2004 a 2011; mientras que el Partido Popular, surgido en 1989 de la refundación de Alianza Popular, gobernó de 1996 a 2004 y de 2011 a 2014).
Resultó decisivo para la consecución de la estabilidad política, que no fueran antagónicas las posiciones de los dos grandes partidos respecto a los problemas más importantes y que no hubiera grandes «fracturas sociales», esto último se consiguió gracias al desarrollo del estado del bienestar y de las políticas de protección social. Asimismo, durante esos años España participó activamente en la transformación de la Comunidad Europea (a la que ingresó en 1986), en la Unión Europea y en el establecimiento de la moneda común, el euro.
Sin embargo, en los últimos seis años del reinado España padeció una durísima crisis económica que condujo a una crisis política, que también afectó a la Corona y que no se había resuelto cuando Juan Carlos I anunció el 2 de junio de 2014 su decisión de abdicar.
Transición (1975-1982)
En los siete primeros años del reinado de Juan Carlos I se completó la transición a la democracia, cuyo final se suele situar en la victoria del PSOE en las elecciones de octubre de 1982, formando parte de la llamada tercera «ola democratizadora» del , que se inició en Portugal en 1974 con la «revolución de los claveles» y terminó con la caída del muro de Berlín en 1989.
La proclamación de Juan Carlos I
En 1969, el dictador Francisco Franco había designado a Juan Carlos de Borbón como su sucesor «a título de rey», en virtud de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. Juan Carlos ostentaba desde entonces el título de príncipe de España. Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, el Consejo de Regencia asumió interinamente el poder; ese mismo día, el Consejo restableció formalmente el Registro Civil de la Familia Real.
Dos días después, el 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey ante las Cortes franquistas. Tras la intervención «desde la emoción en el recuerdo de Franco» del presidente de las Cortes Alejandro Rodríguez de Valcárcel, Juan Carlos I juró las Leyes Fundamentales del Reino y pronunció a continuación un discurso en el que evitó hacer referencia al triunfo franquista en la guerra civil española y en el que, después de manifestar su «respeto y gratitud» a Franco, afirmó que se proponía alcanzar «un efectivo consenso de concordia nacional».
De esta forma dejó claro que no apostaba únicamente por el «continuismo inmovilista» preconizado por el llamado búnker −que defendía la perpetuación del franquismo bajo la Monarquía instaurada por Franco, siguiendo el modelo establecido en la Ley Orgánica del Estado de 1967−.Con su mensaje al Ejército de que afrontara el futuro con «serena tranquilidad» dejaba entrever que la reforma se haría desde las propias instituciones del régimen. Los aplausos más entusiastas, sin embargo, no se los llevó el nuevo rey sino la familia del general Franco, presente en la ceremonia. La oposición antifranquista recibió con frialdad el discurso del rey.
La ratificación en el cargo de presidente del Gobierno de Carlos Arias Navarro causó una enorme decepción apenas paliada por el nombramiento de Torcuato Fernández Miranda, antiguo preceptor del príncipe, como nuevo presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, instituciones clave en el entramado legado por la dictadura franquista. La decepción se atenuó cuando se conoció la composición del Gobierno, en el que aparecían las más destacadas figuras del «reformismo» franquista, como Manuel Fraga Iribarne, José María de Areilza y Antonio Garrigues y Díaz Cañabate. También participaban en este Gobierno otros reformistas franquistas procedentes de las familias católicas (Alfonso Osorio) y falangistas (los «reformistas azules», Adolfo Suárez y Rodolfo Martin Villa).
En realidad, los miembros del gobierno le fueron impuestos a Arias Navarro por el rey, y en el caso de Suárez había sido una sugerencia de Fernández Miranda. En la prensa a menudo se denominaba al nuevo Gobierno como «Gobierno Arias-Fraga-Areilza-Garrigues».
El gobierno de Arias-Navarro (noviembre de 1975-julio de 1976): la «reforma Arias-Fraga» miniatura|derecha|Manuel Fraga Iribarne, el ministro más relevante del gobierno de Arias Navarro
Arias Navarro carecía de un plan de reforma del régimen franquista por lo que su gobierno adoptó el que le presentó Fraga Iribarne, que consistía en alcanzar una democracia «liberal» que fuera homologable con la del resto de países europeos occidentales, a partir de un proceso gradual y controlado desde el poder para implementar cambios paulatinos en las «leyes fundamentales» franquistas.
Por eso también se le conoció como «reforma en la continuidad» y su base de apoyo la constituyó el llamado «franquismo sociológico».
Respecto a la oposición democrática, se descartó negociar o pactar cualquier elemento esencial del proceso y se decidió que los «totalitarios» quedarían excluidos de las elecciones, refiriéndose a los comunistas.
Por su parte el PCE, que entonces era el principal partido de la oposición antifranquista, y la Junta Democrática, plataforma política que había creado en 1974, impulsaron una gran movilización en contra de la Monarquía «franquista». Hubo agitación en las universidades. Se congregaron manifestaciones al grito de «Libertad y Amnistía», que fueron disueltas violentamente por la policía, y se desató una oleada de huelgas mucho mayor a las de 1974 y 1975.
Los motivos de las huelgas convocadas por Comisiones Obreras, declaradas ilegales, eran fundamentalmente económicos, atizados por la crisis del petróleo de 1973. Pero también existían motivaciones políticas, puesto que las peticiones de aumentos salariales o de mejoras en las condiciones de trabajo iban acompañadas de otras como la libertad sindical, el reconocimiento del derecho de huelga, la libertad de reunión y de asociación, o incluso amnistía para los presos y exiliados políticos.
La respuesta del gobierno fue la represión. El 3 de marzo de 1976 tenían lugar en Vitoria los incidentes más graves, que se saldaron con la muerte de cinco personas por disparos de la policía. Inmediatamente se declaró una huelga general que tuvo un enorme seguimiento en el País Vasco, Navarra y otras zonas. Para buena parte de la oposición, los «sucesos de Vitoria» mostraron el auténtico rostro de la «reforma Arias-Fraga» y se recrudecieron las manifestaciones y las huelgas, con los consiguientes enfrentamientos con las fuerzas de orden público —en Basauri, cerca de Bilbao, moría poco después otro trabajador—.