El Caso Ciccone (en ocasiones llamado Boudougate) es el nombre con el que se conoce en Argentina a un escándalo de corrupción política en dicho país que involucra al exvicepresidente Amado Boudou y la imprenta Ciccone Calcográfica (luego Compañía de Valores Sudamericana). Dicha empresa, que contaba con la capacidad de imprimir papel moneda, habría sido adquirida por Alejandro Vandenbroele quien habría actuado como testaferro de Boudou de acuerdo con la denuncia realizada por Laura Muñoz, esposa de Vandenbroele. Boudou y Vandenbroele negaron conocerse.
El fiscal federal Carlos Rívolo decidió iniciar la investigación judicial a partir de la denuncia de Muñoz, que había sido realizada en el programa radial que conduce Jorge Lanata en Radio Mitre. El juez elegido por sorteo para llevar adelante la causa fue Ariel Lijo. En junio de 2014, Lijo procesó a Amado Boudou por cohecho y negociaciones incompatibles con su condición de funcionario público.Procesamiento de Boudou Como derivación de esa causa fue también imputado por presunto enriquecimiento ilícito.Sobre la imputación por presunto enriquecimiento ilícito
«Se reactiva la causa contra Boudou por “enriquecimiento ilícito”», artículo del 11 de febrero de 2014 en el diario La Gaceta. «Enriquecimiento ilícito: la otra causa que jaquea a Boudou», artículo del 28 de junio de 2014 en el Diario de Necochea. «Lijo también investiga a Boudou por supuesto enriquecimiento ilícito», artículo del 29 de junio de 2014 en el diario Perfil (Buenos Aires).
En agosto de 2018, el Tribunal Oral Federal N°4 condenó a Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Alejandro Vandenbroele, Rafael Resnnick Brenner y Guido Forcieri a penas de entre 2 y 5 años años de prisión. Los condenados apelaron la condena pero la misma fue ratificada en 2019 por la Cámara Federal de Casación Penal y por la Corte Suprema en 2020. En julio de 2021 se le concedió la libertad condicional a Boudou y Núñez Carmona.
Desarrollo Quiebra de Ciccone Calcográfica En julio de 2010, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se presentó en el expediente judicial a pedir la quiebra de Ciccone Calcográfica por una deuda con el fisco de 60 millones de dólares, que se ordenaría el 15 de ese mes. Le reclamaba una deuda fiscal de más de 200 millones de pesos.
La empresa London Supply, contratista del Estado Nacional (aeropuertos Almirante Marcos A. Zar de Trelew, provincia de Chubut, y Comandante Armando Tola en El Calafate, provincia de Santa Cruz), se presentó ante la Justicia y pagó 1,8 millones de pesos, lo necesario para permitir el trámite de levantamiento de la quiebra de Ciccone. London Supply pagó el dinero "en nombre de" la empresa fantasma llamada "The Old Fund", representada por Alejandro Vandenbroele; como resultado, Vandenbroele pasó a ser el presidente de la empresa.
El 24 de septiembre de 2010, la Justicia levantó la quiebra de la ex Ciccone, lo que se tornó efectivo a partir de mediados de octubre de ese año.
En octubre de 2010, Ciccone Calcográfica pide a la AFIP una moratoria que incluya quita de intereses, multas y honorarios. El jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, si bien considera aceptable el pedido, sugiere consultar al en ese entonces Ministro de Economía Amado Boudou. La AFIP le envía una nota al señor ministro en la que se le plantea que resultaba determinante su intervención. El Ministro Boudou firma una nota para que se proceda a la petición formulada por Ciccone, dando instrucciones a la AFIP para darle a la empresa una moratoria excepcional para poder refinanciar su deuda, diciendo que "…se le hace saber que este Ministerio considera que el ejercicio de las competencias propias de ese Organismo en el sentido de permitir la continuación de la empresa concursada…responde a los lineamientos políticos generales de este Gobierno, dadas las fuentes de trabajo generadas por la empresa y su importancia estratégica".
El 18 de noviembre de 2010, Resnick Brenner dictaminó a favor de la concesión del plan de pagos, pero Ricardo Echegaray rechazó de puño y letra afirmando que "el plan debía ajustarse a derecho".
A mediados de 2011, The Old Fund tomó el control de la planta y en julio es renombrada como Compañía de Valores Sudamericana S.A.
Cabe señalar, que una vez declarada la quiebra de Ciccone, se presentó como oferente la principal competidora del mercado, Boldt S.A., grupo empresario argentino, propietario entre otros de los Casinos de Mar del Plata y Trillenium de Tigre, adjudicados al grupo en forma directa durante la etapa menemista, teniendo en total más del 70 % del negocio del juego además de contratos para control de diversas apuestas. El grupo, perteneciente a Antonio Talavella, ya era conocido por haber formado parte del escándalo Siemens, para la contratación de los DNI al final de la etapa menemista, y por ser adjudicataria del sistema de fotomultas de la Ciudad de Buenos Aires. El juez de la quiebra de Ciccone, otorgó en tiempo récord a Boldt. S.A., el alquiler de todas las instalaciones de Ciccone, como paso previo a su absorción por el monopolio, a pesar de la evidente incompatibilidad entre el juego de azar y la emisión de billetes, lo que llevó a los dueños de Ciccone a buscar desesperadamente otro inversor.
Denuncia periodística A pesar de investigaciones periodísticas anteriores, el caso comenzó a salir a la luz partir de una investigación del periodista Nicolás Wiñazki para el programa radial de Jorge Lanata, Lanata sin Filtro, de Radio Mitre, donde se entrevistó el 6 de febrero de 2012 a Laura Muñoz, exesposa de Vandenbroele, donde lo acusaba de ser un testaferro de la empresa Ciccone y denunciaba que el dueño real era Amado Boudou. Su testimonio no tendría valor judicial dada la relación matrimonial con Vandenbroele y el conocimiento limitado de sus actividades en curso. Vandenbroele y Muñoz atravesaban un tumultuoso proceso de divorcio al momento de la acusación y esta aclaró que denunciaba a su marido por estar viviendo «una situación matrimonial extrema, temiendo por su seguridad y la de sus hijos».
miniatura|El vicepresidente Amado Boudou. Alejandro Vandenbroele dijo que «no conoce ni siquiera de vista al vicepresidente Amado Boudou» y que "Es absolutamente falso que sea testaferro del señor vicepresidente de la Nación. No fui, ni soy amigo, ni conocido y mucho menos cierto que tenga con él relación comercial alguna" refiriéndose a si es testaferro de Amado Boudou en una solicitada. En un escrito presentado en 2012 ante el juzgado de Ariel Lijo dijo que empresas cuyo dueño es el empresario Raúl Moneta fueron las que aportaron el dinero para levantar la quiebra de la ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana.
miniatura|Raúl Moneta.
Boudou también negó terminantemente tener alguna relación con Vandenbroele e incluso conocerlo. Expresó que creía que toda la controversia eran "operaciones mediáticas" orquestadas por el Grupo Clarín para perjudicar al gobierno. Se acusó al Ministro del Interior Florencio Randazzo y a una imprenta competidora, Bold, de filtrar información acerca de su relación con Ciccone. Randazzo negó cualquier relación con Bold.
Juicio El fiscal federal Carlos Rívolo decidió realizar una investigación judicial a partir de la denuncia de Muñoz. Inicialmente, la causa recayó en el juez Daniel Rafecas, al que Boudou acusó de integrar una "mafia" junto al Grupo Clarín. El magistrado negó la acusación pero luego fue apartado de la causa por dudarse de su imparcialidad tras comprobarse intercambio de mensajes con un abogado vinculado a José María Núñez Carmona, socio y amigo de Amado Boudou y acusado de haber sido el nexo con el supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele. Por sorteo, la Cámara Federal designó al Juez Federal Ariel Lijo, quien además debió resolver sobre los pedidos de recusación que pesaban sobre el fiscal Rívolo, quien fue apartado del caso el 16 de mayo de 2012. Además, Lijo decidió unir la causa con otra investigación por enriquecimiento ilícito iniciada contra el vicepresidente, dejando al fiscal Jorge Di Lello, quien estaba a cargo de esta segunda causa, al frente de la causa unificada.
En marzo de 2012 José G. Capdevila, responsable de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, declaró al fiscal Rívolo sobre la consulta de la AFIP a Amado Boudou sobre el pedido de moratoria de la ex Ciccone y dijo que “Se analizó si correspondía o no que el Ministerio opinara sobre el tema, se analizó si jurídicamente correspondía la resolución del tema en el Ministerio de Economía o en el organismo consultante, a lo que se respondió en los términos del dictamos que correspondía a la AFIP” y que "“El Ministro no le está dando la instrucción o la orden de que se otorgue lo solicitado (la moratoria) sino que dice que lo sustancie, es decir, que le dé el trámite que corresponda según las facultades que tiene el organismo tributario", por lo que la respuesta de Boudou no necesariamente se traduce como una respuesta positiva. Pese a esto, en declaraciones posteriores declaró que en su momento alertó de que el Ministerio no podía ni debía opinar sobre el pedido de la empresa.
En abril de 2012 la justicia comprobó que Vandenbroele pagaba las expensas, el alquiler y el servicio de televisión por cable de un departamento perteneciente a Bodou. Sergio Gustavo Martínez, un socio minoritario de Alejandro Vandenbroele en The Old Fund S.A., compró dos camionetas para apoyar la precandidatura de Amado Boudou para jefe de gobierno porteño en 2010, mientras compartía un domicilio legal con el entonces ministro de Economía.
En agosto de 2013 el tribunal avaló la decisión del juez Lijo de rechazar el pedido de sobreseimiento a favor del vicepresidente. El 11 de septiembre del mismo año, ante la falta de evidencia presentada por los fiscales, un Tribunal Federal concedió la moción presentada por los abogados de Boudou que les permitió presentar un sobreseimiento. En noviembre de 2013 el fiscal ante la Cámara de Casación, Javier De Luca, emitió un dictamen favorable a la defensa de Boudou ya que a su entender no había ninguna definición sobre cuál sería el delito que cometió., pero finalmente el tribunal de Casación declaró "inadmisible" el planteo.
En mayo de 2014, el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, José Guillermo Capdevila, dijo haber sido amenazado días antes de la fecha en que fue citado a declarar en la causa. Como resultado, abandonó el país temiendo por su vida. Esta denuncia cuenta con escasas posibilidades de ser investigada, el único dato aportado es que la misma vino de dos personas "una más alta que la otra". El testigo no informó el horario de la amenaza ni el lugar ni la vestimenta de los sujetos. Desde el juzgado de Lijo se señaló que "no es imprescindible su declaración porque ya declaró, porque tenemos su dictamen y porque tenemos el dictamen de Boudou. Y, además, no hay diferencias significativas entre su opinión y lo que firmó Boudou".El testigo que no era clave Página/12 (25 de mayo de 2014). Consultado el 5 de julio de 2014.
En junio de 2014 Guillermo Reinwick, yerno de Nicolás Ciccone, declaró haber sido amenazada la vida de sus hijos por Núñez Carmona luego de rechazar que lo sobornaran.