El Proceso de Burgos, también conocido como Juicio de Burgos o Consejo de Guerra de Burgos, fue un juicio sumarísimo iniciado el 3 de diciembre de 1970, durante la dictadura del general Franco, en la ciudad española de Burgos contra dieciséis miembros de ETA acusados de asesinar a tres personas. Las movilizaciones populares y la presión internacional lograron que las condenas a muerte impuestas a seis de los encausados no llegaran a ser ejecutadas, siendo conmutadas por penas de reclusión. thumb|300px|Documental británico de 1971 sobre la España de Franco. Incluye la disolución de una manifestación de estudiantes en Madrid por la Policía Armada a caballo con motivo del Proceso de Burgos y el nombramiento del príncipe Juan Carlos como sucesor de Franco en la sesión de las Cortes franquistas celebrada en julio de 1969.
Contexto político
En diciembre de 1970, el general Francisco Franco contaba ya con 78 años, sufría párkinson desde hacía diez y su vitalidad iba en disminución. En 1967 había situado al almirante Luis Carrero Blanco en la vicepresidencia, y primer ministro de hecho, como forma de asegurarse que la dictadura llevara adelante una política de continuismo; y en julio de 1969 Juan Carlos de Borbón fue designado su sucesor en la Jefatura del Estado a título de Rey, prestando juramento de lealtad a Franco, a los principios del Movimiento y a las leyes fundamentales del Estado. Sin embargo, eso no hizo disminuir la preocupación de la élite franquista por garantizar su continuidad cuando Franco muriese. Esto quedaría meridianamente claro con ocasión de la remodelación del gobierno tras el caso Matesa en 1969, por un lado, y con ocasión de las repercusiones que tuvo el Proceso de Burgos de 1970, por otro, que afectaron a los diferentes sectores de las fuerzas del régimen de manera distinta. Mientras que los falangistas de la línea dura, atrincherados en la burocracia estatal y sindical y la feroz represión policial, intentaban parar cualquier tipo de reforma, los sectores más pragmáticos apostaban por adaptar las formas políticas del régimen a las demandas de un capitalismo a gran escala, tanto nacional como multinacional. Sin diferencias sustanciales en lo ideológico, su esquema de un franquismo sin Franco se basaba en la esperanza de que continuara la prosperidad económica como sustituto de la liberalización política.
El escándalo financiero conocido como caso Matesa fue aprovechado por el ministro de información Manuel Fraga para hacer daño a los llamados tecnócratas, varios de los cuales estaban implicados, favoreciendo la publicidad del caso. El final de la crisis gubernamental se produjo el 29 de octubre de 1969 con un profundo reajuste ministerial, siendo sustituidos 13 de los 18 ministros. Franco destituyó tanto a los ministros corruptos como a los que dieron publicidad al tema. Sin embargo, los tecnócratas, ligados al Opus Dei, pudieron conservar su influencia en el nuevo gobierno, en el que las figuras dominantes eran Carrero Blanco y Laureano López Rodó (impulsor de los Planes de Desarrollo Económico y Social). El llamado «gobierno monocolor» iba a ser el que implementara una serie de reformas tecnocráticas en España que posibilitaran, con la firma de diversos acuerdos internacionales, su apertura al exterior. Como paso previo a su posible integración en la OTAN y la CEE,«Franco y la libertad que condena», Daily Mail, 30 de diciembre de 1970. se firmaron los Acuerdos de Amistad y Cooperación con Estados Unidos y el Acuerdo Comercial Preferencial con la CEE, y en septiembre de 1970 Franco recibió la visita de Richard Nixon y Henry Kissinger.
Mientras tanto, la tensión social, los conflictos laborales y la oposición política iban en aumento en escala e intensidad de forma continuada. El año 1969 comenzó con desórdenes estudiantiles en las Universidades de Barcelona y Madrid, y la muerte del estudiante Enrique Ruano cuando se hallaba detenido por la policía. Al finalizar el año, el Tribunal de Orden Público había condenado con 223 años de cárcel a 93 militantes de partidos políticos, todavía ilegales. La represión también alcanzó al Colegio de Abogados, sufriendo una deportación interna Gregorio Peces-Barba, Juan María Bandrés, Miguel Castells y Elías Ruiz-Ceberio, quienes luego ejercerían como abogados en el Proceso de Burgos. En 1970, se llevaron a cabo más de 1.500 huelgas, con más de 400.000 huelguistas en el País Vasco, Barcelona, Asturias, Madrid, Sevilla y Granada. En esta última ciudad tres trabajadores de la construcción perderían la vida al disolver la policía una manifestación. En septiembre de 1970, en la apertura del Campeonato del Mundo de Pelota Vasca en San Sebastián, un nacionalista vasco, Joseba Elósegui, prendió fuego a su ropa y se arrojó en llamas desde las gradas para protestar ante Franco, allí presente, gritando: «Gora Euskadi askatuta» ('Viva Euskadi libre').
Todo ello fue un caldo de cultivo de protestas que estalló con ocasión del consejo de guerra contra los dieciséis militantes de ETA. Sin embargo, aunque la oposición política transformó el Proceso de Burgos en un juicio popular al propio régimen y la presión popular evitó que las condenas a muerte fueran ejecutadas, el franquismo estaba lejos de desmoronarse y supo reconducir la crisis de diciembre de 1970 hacia posiciones inmovilistas; lo que significaría una mayor contundencia represiva y una reafirmación de los principios fascistas del régimen, siendo los últimos años de la dictadura los más duros desde la posguerra. Todavía hicieron falta siete largos años para tener las elecciones generales de 1977, las primeras desde la Segunda República, ocho para tener la Constitución de 1978 que reformó el régimen franquista (paradójicamente desde su propia legalidad) hasta convertirlo en un sistema democrático, y nueve para los primeros estatutos de autonomía durante la llamada Transición.
Atentados y detenciones
thumb|150px|left|Anagrama de ETA. El 2 de agosto de 1968 fue asesinado el policía Melitón Manzanas, jefe de la Brigada de Investigación Social (policía política o secreta) de la comisaría de San Sebastián y primera víctima premeditada de la historia de ETA. El 7 de junio había sido asesinado José Pardines Arcay, agente de la Guardia Civil, al interceptar a dos miembros de ETA en un control de carretera.
A raíz de estos hechos el Gobierno declaró el estado de excepción en Guipúzcoa, primero, y después en toda España. Las detenciones masivas desencadenadas durante esos años consiguieron que para el otoño de 1969 dieciséis miembros de ETA ya estuvieran presos. A los imputados se les acusaba también del asesinato del taxista Fermín Monasterio Pérez, muerto el 9 de abril de 1969, además de otros delitos, como atentados y robos, que les habían reportado un botín de más de 30 millones de pesetas, así como la colaboración en ellos y su encubrimiento. Los hechos eran considerados un ataque al régimen franquista, por lo que fueron acusados genéricamente del delito de «rebelión general continuada» y se decidió juzgarlos en consejo de guerra por un tribunal militar.En aplicación del Decreto-Ley sobre rebelión militar, bandidaje y terrorismo de 21 de septiembre de 1960 que desarrollaba la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1960, era la jurisdicción militar la encargada de juzgar tales hechos. Este Decreto-Ley fue parcialmente derogado en 1963 y restablecido el 16 de agosto de 1968 a raíz del asesinato de Melitón Manzanas.
La competencia de la Jurisdicción Militar fue refrendada por Auto de la Audiencia de San Sebastián; y, recurrida ante el Tribunal Supremo de España, fue confirmada por su Sala Segunda. Para Armando Marchante Gil, quien tuvo a su cargo una de las tres áreas básicas, la religiosa, del Servicio Central de Documentación (SECED), creado por el almirante Carrero Blanco, aquí comienza una cadena de torpezas que habría de convertir el proceso de Burgos en una formidable operación de propaganda contra la dictadura franquista que le produjo un considerable desgaste.Armando Marchante Gil, «La iglesia dividida y beligerante», en 40 años en la vida de España, Pamplona, 1986, ISBN 84-86349-14-1. thumb|Manifestación antifranquista en Ámsterdam (en febrero de 1969) pidiendo el fin del estado de excepción en el País Vasco decretado por Franco tras el asesinato por ETA del comisario de la Brigada Político-Social Melitón Manzanas. Dada la condición de procedimiento sumarísimo, el expediente permaneció secreto para los acusados hasta poco antes de comenzar el juicio, el cual había sido preparado meticulosamente durante meses. El capitán Antonio Troncoso, vocal ponente y asesor jurista de la fiscalía en el Proceso de Burgos, manifestó públicamente que el Ejército había elaborado un completo informe sobre la historia de ETA y su posible evolución, por lo que cabía entenderse que con este proceso se pretendía escenificar la liquidación de ETA y la victoria del Estado sobre la incipiente insurgencia armada vasca. Con la dirección de ETA detenida, se consideraba que la organización estaba cercenada de raíz, con lo que solo restaría, mediante un proceso ejemplarizante, juzgar, condenar y ejecutar a los dirigentes del grupo para disuadir a posibles continuadores.
El presidente del tribunal militar, el teniente coronel Manuel Ordovás González, ya había dado pruebas de su eficacia al condenar a muerte a Andoni Arrizabalaga, miembro de ETA juzgado en 1969 por otro consejo de guerra presidido por Ordovás. Al igual que en el caso de Iñaki Sarasketa, esta pena luego le sería conmutada; siendo ambos precedentes inmediatos al Proceso de Burgos en la conmutación de penas de muerte a miembros de ETA gracias a la presión popular.
Llamaba la atención el elevado número de encausados (dieciséis, entre los que se encontraban tres mujeres y dos sacerdotes), así como las penas solicitadas: seis penas de muerte y 752 años de cárcel.
Trascendencia del juicio La vista del «Sumarísimo 31/69» se celebró del 3 al 9 de diciembre de 1970 en la sala de justicia del Gobierno Militar de Burgos y el tribunal militar deliberó 18 días en sesión ininterrumpida. La jurisdicción castrense en lugar de desglosar los hechos delictivos se empeñó en acumularlos en un único sumario, tanto por razones de comodidad como por resaltar a los oficiales encargados del mismo, ya que estimaba que una condena masiva tendría una mayor ejemplaridad. Desde el primer momento el Gobierno de Franco decidió dar una amplia publicidad al juicio, lo que fue aprovechado por las principales fuerzas de la oposición para organizar una campaña en contra del mismo moviendo todos sus apoyos internacionales. La repercusión del juicio fue tan grande que la sala donde se celebró la vista no daba cabida a los cientos de personas que intentaron presenciarlo, repleta como estaba tanto de familiares y simpatizantes de los presos como de policías de paisano, así como de una amplia representación de periodistas nacionales y extranjeros y observadores de distintas asociaciones internacionales.Gisèle Halimi, abogada defensora de numerosos presos políticos del tercer mundo, asistió como observadora representando a la Federación Internacional de Derechos del Hombre y más tarde escribió un libro donde analizaba tanto el procedimiento judicial seguido en la causa como su contexto sociológico y político. También acudieron los decanos de varios colegios de abogados, así como un representante de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas y el presidente de la Liga de los Derechos del Hombre de Bélgica.
El hecho de que la mayoría de la prensa extranjera no fuera partidaria del régimen dictatorial del general Francisco Franco motivó la falta de rechazo mayoritario por el asesinato del comisario Melitón Manzanas, el cual además era considerado un experto torturador, por lo que su muerte fue incluso bien recibida por los grupos antifranquistas.Por ejemplo, en el boletín del PCE Mundo Obrero se calificó el crimen como «acto justiciero».